CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 26054 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN Tutela No. 26054 Acta No. 20 Bogotá D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011).

Resuelve la Corte la acción de tutela interpuesta por Juan Bautista Contreras Brito, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad.

ANTECEDENTES Para obtener la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, el accionante instauró acción de tutela contra los mencionados. Como antecedentes de su petición relató que presentó demanda especial de fuero sindical contra el Departamento del Magdalena y la Empresa Social del Estado Hospital Central Julio Méndez Barreneche en Liquidación, la cual correspondió, por reparto, al Juzgado accionado; que pretendió su reintegro al cargo de Médico General, así como el pago, sin solución de continuidad, de todos los salarios y prestaciones sociales a que tuviera derecho, entre el momento del despido y la reincorporación a la planta de personal, o en su defecto, hasta la fecha de la providencia que pusiera fin al proceso.

Aseguró ser parte de la Junta Directiva de la Asociación Médica Sindical Colombiana “Asmedas”, seccional Magdalena, hecho que se le comunicó al ente hospitalario el 9 de marzo de 2007; que su desvinculación se produjo el 21 de noviembre de 2008, sin que mediara permiso previo para despedir, pues el proceso de levantamiento de fuero sindical, que se inició en su contra, fue abandonado por el empleador, y se archivó sin sentencia de mérito por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito.

Manifestó que el 1º de octubre de 2009, el Juzgado accionado profirió sentencia donde se absolvió a los demandados de sus pretensiones, decisión que apeló, pero la confirmó el Tribunal, el 5 de marzo de 2010, donde se citó una sentencia de la Sala de Casación Laboral del 13 de noviembre de 2001, “dejando sentado que ni siquiera había que esperar el resultado del proceso de levantamiento de fuero”; aseguró que el anterior criterio se varió por parte de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 26 de octubre de 2010, Rad. 24078; que la Corporación accionada incurrió en una “vía de hecho, por defecto sustantivo y por defecto material por interpretación”, lo que hace procedente el amparo deprecado.

Por lo anterior solicitó dejar sin efecto las sentencias proferidas dentro del proceso objeto de la acción; condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los salarios y demás acreencias laborales dejadas de percibir desde el momento del despido, hasta el fallo de la presente acción constitucional, debidamente indexadas. El 20 de junio de 2011 esta Sala avocó el conocimiento de la tutela, ordenó notificar a los accionados y a los intervinientes en el proceso de fuero sindical, con el fin que se pronunciaran sobre los hechos materia de la petición de amparo y ejercieran su derecho de defensa.

Vencido el término no hubo ninguna manifestación. SE CONSIDERA La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la C. P., permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos en la Constitución Política.

Esta Corporación ha reiterado que el principio de la inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, en orden a garantizar la protección de los derechos que se consideran vulnerados. Si bien es cierto no existe una previsión en cuanto a término alguno, ello no significa que el juez de tutela no pueda desestimarla por haber transcurrido un holgado término, sin haberla utilizado; así es indispensable estudiar cada caso en particular, siendo necesario que exista una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido, que se efectúe dentro de un término razonable y prudencial, en razón de la misma finalidad de la tutela, en procura de que esta no se convierta en factor de inseguridad.

En este caso no existe justificación alguna que explique la inactividad del accionante para solicitar el amparo constitucional, si se tiene en cuenta que la providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta se profirió el 5 de octubre de 2010, mientras que esta acción se recibió en esta Sala el 14 de junio de 2011, es decir, 1 año, 3 meses y 9 días después (folio 1).

Las breves consideraciones anteriores permiten concluir la improcedencia de la presente acción, razón por la cual se denegará el amparo solicitado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia. SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN JORGE MAURICIO BURGOS RUÍZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA PAGE 8