SALA DE CASACIÓN LABORAL República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 24990 SALA DE CASACIÓN LABORAL CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE Magistrado Ponente Tutela 24990 Acta No. 5 Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011). Procede la Corte a resolver la primera instancia en la acción de tutela instaurada por JESUALDO PACHECO LOZANO, contra la SALA CIVIL – FAMILIA -LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR y el JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ. Para el efecto, se anotan los siguientes, I. FUNDAMENTO FÁCTICOS 1.

Que el 1º de enero de 2007 celebró un contrato de trabajo con la Sociedad Operadores Mineros del Cesar S.A. OMC S.A., cuya duración era por obra o labor contratada, para prestar sus servicios en la mina “ Yerbabuena ” ubicada en la jurisdicción del Municipio de la Jagua de Ibirico –Cesar-, en calidad de trabajador en misión en las empresas Carbones de la Jagua y Consorcio Minero Unido. 2.

Que, estando vigente el contrato de trabajo que lo ataba a ala empresa, ingresó a la organización sindical denominada Sindicato Nacional de la Industria Minera y Energética “ SINATRAMINERGÉTICA ” Seccional Becerril. En la asamblea celebrada el 3 y 4 de marzo de 2007, fue designado miembro de la comisión de reclamos, situación que fue puesta en conocimiento de la empleadora mediante escrito del 23 de abril de 2007. 3.

Que la Sociedad Operadores Mineros de Cesar S.A., en represalia por su afiliación al sindicato, desconociendo su fuero sindical y sin permiso de la autoridad competente, procedió a despedirlo junto con 104 trabajadores sindicalizados. 4. Que dado lo anterior, presentó demanda especial de fuero sindical – acción de reintegro- contra la citada empresa, la que, con posterioridad, fue acumulada a otras demandas de las mismas características.

Rituado el proceso, el Juzgado Laboral de Circuito de Chiriguaná negó las pretensiones de la demanda; decisión que recurrida en apelación fue confirmada por la Sala Civil – Familia –Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, por proveído de 28 de julio de 2010. 5. Que el juez de instancia al negar el reintegro, “ desconoció e ignoró de manera dolosa las pruebas decretadas y practicadas dentro de desarrollo del proceso ”, las cuales demostraban que en la mina Yerbabuena aún se sigue explotando carbón. Con base en los hechos anotados, se hacen las siguientes, II.

PETICIONES a. Que previo el rito procesal propio de la acción de tutela, mediante sentencia se protejan sus derechos fundamentales de asociación, debido proceso, trabajo, dignidad humana y mínimo vital. b. Que, como consecuencia, se revoque el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, se deje en firme la sentencia de primer grado dictado por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de la misma ciudad.

III TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto proferido el 14 de enero del corriente año, esta Sala de la Corte avocó el conocimiento de la tutela, ordenó notificar a las autoridades accionadas, a la organización sindical “ SINTRAMIENERGÉTICA ” y a los demás intervinientes en el proceso especial de fuero sindical –acción de reintegro-, terceros interesados, con el fin de que, en el término de 1 día, ejercieran el derecho de defensa y contradicción. Vencido el término no se allegó ninguna respuesta.

IV. CONSIDERACIONES La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos como fundamentales. La prosecución de la eficacia de los citados derechos, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en particular, en lo que concierne a la administración de justicia, la seguridad jurídica, específicamente la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces.

En este sentido se ha decantado jurisprudencialmente que la acción de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, sólo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales; además que está limitada, primero, a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se convierte en mecanismo principal y, en segundo lugar, cuando aún existiendo aquél, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

De otra parte, la Corporación ha reiterado que el principio de la inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, en orden a garantizar la protección de los derechos que se consideran vulnerados; por ello, es indispensable estudiar cada caso en particular, toda vez que es necesario que exista una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido, que se promueva dentro de un término razonable y prudencial, en razón de la misma finalidad de la tutela, en procura de que ésta no se convierta en factor de inseguridad jurídica.

El requisito de inmediatez exige que la acción constitucional sea presentada en un lapso de tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos que se considera vulneran los derechos fundamentales, con el objeto de evitar que el paso del tiempo desvirtúe la amenaza o violación. En el sub examen no existe justificación válida que explique el tiempo transcurrido para solicitar el amparo constitucional, si se tiene en cuenta que las providencias con las cuales, el peticionario considera vulnerados sus derechos fundamentales, fueron dictadas el 4 de junio 2008 y el 28 de julio de 2010 por el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguaná y la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, respectivamente, en tanto que la acción de amparo se presentó el 31 de enero de 2011, superando el término de seis meses que la jurisprudencia adoctrinada ha considerado como razonable para no incurrir en violación al principio de inmediatez.

Estas breves consideraciones son suficientes para denegra la protección implorada. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- SE NIEGA la protección solicitada en la presente acción de tutela por JESUALDO PACHECO LOZANO contra SALA CIVIL – FAMILIA -LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR.

SEGUNDO. -

NOTIFÍQUESE a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Artículo 31 y 33 ejusdem.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA