CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. 24466 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 24466 Acta No. 42 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010) Decide la Corte la acción de tutela promovida, en nombre propio, por el señor IGNACIO SEGUNDO BONILLA ORTEGA en contra de la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA y JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO de esa misma ciudad, por el presunto desconocimiento de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, debido proceso y acceso a la administración de justicia, al interior del proceso ordinario laboral por el promovido en contra del Instituto de Seguros Sociales.

ANTECEDENTES Refirió el accionante que, tras agotar la vía gubernativa ante el instituto de seguros sociales, le fue reconocida pensión de vejez, sin que se incluyera el incremento del 14% por cónyuge a cargo, por lo que –señala- presentó la correspondiente demanda laboral, conocida y decidida en primera instancia, por el juzgado accionado, despacho que no accedió a tal pedimento, alegando la prescripción de la acción. Sostuvo, que tal decisión al ser apelada, fue confirmada por el Tribunal aquí demandado, compartiendo los mismos argumentos de su inferior.

Decisiones que a juicio de libelista no solo menoscaban sus derechos fundamentales, sino que comportan vías de hecho, pues desconocen el querer del legislador y las normas adjetivas que señalan que “…las mesadas prescriben, más no su reconocimiento” Reclama, entonces, el amparo de sus derechos y que se ordene a su favor el incremento pensional en mención, indexación y demás conceptos adeudados.

TRÁMITE IMPARTIDO Tras la admisión del presente libelo y surtido el traslado a las partes, sin que se allegaran a los autos los informes solicitados, corresponde a la Sala proveer lo pertinente, como en efecto se procede, previas las siguientes, CONSIDERACIONES DE LA CORTE Si bien es cierto que esta Sala de la Corte ha venido considerando que el amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional es procedente frente a decisiones judiciales, también lo es que ha estimado que ello solo es viable cuando, en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en última instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía del juez.

Bajo esta óptica, resulta improcedente fundamentar la solicitud de amparo constitucional en una simple discrepancia de criterio sobre la interpretación y aplicación de las normas legales o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales para tomar su decisión, como si se tratara de una instancia más, donde el juez constitucional puede sustituir con su propia apreciación el análisis e interpretación que, ajustado a las normas legales, hagan los jueces designados por el legislador para tomar la decisión correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideración. Sólo ante eventuales yerros protuberantes, se insiste, puede encaminarse el procedimiento bajo la vía constitucional, para preservar el debido proceso.

Conforme los anteriores parámetros, no puede afirmarse válidamente que en el sub judice se presente una vía de hecho que amerite la concesión del amparo constitucional solicitado, pues, como se desprende del análisis de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, se hallan soportadas en un razonado proceso de valoración e interpretación de la situación fáctica frente a la normativa que se estimó aplicable al caso y pruebas acopiadas, que le permitió concluir al colegiado accionado, la improcedencia de las pretensiones de la parte demandante, siendo puntuales al señalar que “…el derecho se causa desde que el afiliado adquiere su condición y cuando tiene personas a cargo que dependen económicamente de él y si bien estos incrementos no forman parte integrante de la pensión de vejez, una vez reconocido el derecho como tal, subsisten mientras se encuentran vigentes las causas que los motivaron, lo que denota que si no fueron reclamados oportunamente pueden extinguirse por el fenómeno jurídico de la prescripción. Como en el plenario se encuentra acreditado que el ISS reconoció al señor Bonilla Ortega la pensión de vejez, una vez reconocido el derecho como tal, subsisten mientras se encuentren vigentes las causas que los motivaron, lo que denota que si no fueron reclamados oportunamente pueden extinguirse por el fenómeno jurídico de la prescripción. Como en el plenario se encuentra acreditado que el I. S. S., reconoció al señor Ignacio Bonilla Ortega la pensión de vejez a partir del 01 de febrero de 2001, mediante resolución No. 000325 del 30 de enero de 2001, corre a partir de esta fecha el término de prescripción, ya que el derecho a los incrementos aludidos se hacen exigibles a partir de cuando adquirió o consolidó su condición de pensionado.

En el sublime, no obstante que se elevó reclamo escrito a la entidad demandada el 27 de marzo de 2006 y posteriormente se presentó la demanda laboral ante la oficina judicial el 15 de abril de 2008, era imposible que tanto el reclamo escrito como la citada demanda interrumpieran el término de prescripción cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la prescripción más de cinco años atrás, por lo que se infiere que la acción frente a estos incrementos se encuentra prescrita, de conformidad con lo estatuido en el artículo 151 del C. P. L.”.

Consecuente con lo señalado, se tiene que las razones y argumentos expuestos para la adopción de las decisiones censuradas no aparecen caprichosos, ni carentes de base jurídica o fáctica, por lo que resultan razonables, sin que sea dable al juez constitucional entrar a controvertir lo decidido, so pretexto de tener una opinión diferente sobre los hechos, salvo que se presenten desviaciones protuberantes, que en este caso no se advierten.

Por tales motivos, al no existir razón plausible que motive la concesión del amparo invocado, se proveerá su denegación. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA PAGE 10