CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE Rad. 24346 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Radicación N° 24346 Acta N° 41 Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010). Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por JIMMY SALCEDO MUÑOZ como agente oficioso de MARÍA OBDULIA TUMBLE contra la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA y el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, por las decisiones proferidas en el proceso ejecutivo laboral que le promovió HUMBERTO MÁRQUEZ GÓEZ en su contra y de otros.

ANTECEDENTES 1.- Pidió la accionante la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, los que considera vulnerados por los entes judiciales accionados. Como sustento de su reclamo, indicó que María Virgelina Guzmán de Tumble, María Herminia Guzmán y la aquí accionante, en su calidad de herederas de Antonio Maso, suscribieron acta de conciliación con Humberto Márquez Góez, por una supuesta deuda del causante de salarios y prestaciones sociales, e la que se comprometieron a pagar en proporción a lo que recibieran en cuotas de la herencia. Que con fundamento en el acta Humberto Márquez, promovió proceso ejecutivo laboral contra las nombradas, el cual cursa en el Juzgado Tercero laboral del Circuito de Barranquilla; que con posterioridad de haberse suscrito la citada conciliación, aparecieron pruebas que demostraban que Márquez no fue trabajador de Antonio Maso, por lo que, con fundamento en ello dentro del proceso ejecutivo se atacó la validez de la conciliación por vicios de nulidad por estar basada en hechos inexistentes, circunstancia que, según su dicho, se probó fehacientemente.

Afirma que el Juzgado de conocimiento al proferir la providencia que decidió las excepciones, no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por las ejecutadas, sino que su decisión se basó únicamente en la existencia del acta de conciliación y las declaró no probadas; que contra esa decisión interpuso recurso de apelación; y que el Tribunal la confirmó. Censura la ausencia de valoración probatoria, que de haberse realizado, correctamente, se hubiese declarado probadas las excepciones propuestas; que con la equivocación se violentó sus derechos fundamentales.

Agrega que el Tribunal Superior de Montería incurrió en error al no valorar las pruebas, que de haberlo hecho se hubiese absuelto, lo que vulnera los derechos sobre los cuales invoca protección. 2. Por lo anterior solicitó “ (…) se ordene cambiar las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia… que por el contrario visto que está demostrada la ausencia de responsabilidad (…) se ordene terminar el proceso y se ordene cambiar la decisión de acuerdo a lo justo (…)”. 3.- Por auto de 9 de noviembre de 2010, esta Corporación avocó el conocimiento, ordenó notificar al accionado y demás intervinientes para que dentro del término de traslado, se manifestaran sobre los hechos materia de la queja constitucional; así mismo, ordenó remitir copia de las notificaciones surtidas dentro del proceso ordinario, así como de las providencias cuestionadas, dado que no se aportaron con el escrito introductorio.

Comunicada la admisión de la petición, no se recibió ningún escrito de contestación, como da cuenta el informe secretaria visto a folio 10 del cuaderno principal. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política para la protección de los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública y, en algunos eventos, de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, para cuyo ejercicio se exigen mínimos requisitos.

La acción allí contemplada encuentra limitación cuando se ejerce contra decisiones y actuaciones de las autoridades judiciales, para garantizar la seguridad jurídica de las mismas y evitar la invasión de la órbita en que se mueve el juez ordinario, por parte del constitucional. En efecto, por el carácter de control excepcional de la acción de tutela, y cuando lo que se pretende es dejar sin efecto una providencia judicial, como acontece en el presente asunto, corresponde al actor una carga adicional, que no solo se limita a la enunciación de determinados hechos en los que fundamenta su petición, sino que debe demostrar que los argumentos expuestos que puedan ser verificables objetivamente.

Lo anterior es un presupuesto lógico para poder realizar el análisis correspondiente del tema debatido, que supere el margen de las probabilidades, pues se encuentran en juego los principios de autonomía judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica, entre otros, en los que se sustenta nuestro Estado Social de Derecho. Bajo el precedente contexto, observa esta Corte que con lo único que cuenta para decidir es con el escrito introductorio de la acción, porque no obra prueba alguna que demuestre los hechos que sustentan la petición y, desde luego la alegada violación, pese a que se solicitó, con resultados negativos, copias de las providencias cuestionadas.

Conforme con lo anterior es claro que no existen suficientes elementos de juicio para decidir cómo lo pretende la parte accionante. Sin embargo, de lo narrado, se infiere que el Tribunal, realizó un estudio probatorio, tal como lo faculta el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, a partir del cual concluyó que el acta de conciliación aportada como título base de recaudo ejecutivo era válida, sin que ello implique la existencia de arbitrariedad o capricho que se le endilga.

En el anterior orden de ideas, y ante la inexistencia del quebrantamiento alegado se negará el amparo. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE CAMILO TARQUINO GALLEGO ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA PAGE 9