CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. 23714 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No 23714 Acta No. 47 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010) Decide la Corte la acción de tutela promovida, en su propio nombre, por el señor CARLOS EDUARDO MENDOZA HERNÁNDEZ en contra de la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, extensiva al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO de esa misma urbe, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y mínimo vital, al interior del proceso ordinario laboral promovido a instancia del antes señalado en contra de la Nación – Ministerio de Defensa y Banco Popular S. A.

ANTECEDENTES El ciudadano Mendoza Hernández activó el recurso a la Carta al estimar vulnerados los prementados derechos fundamentales, con ocasión del proferimiento de la decisión de segundo grado, emanada del Tribunal accionado, al interior del proceso laboral que viene referenciado, por medio de la cual se revocó parcialmente la dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y en su lugar se condenó a la entidad demanda a reconocer a favor del libelista pensión de jubilación “… en cuantía equivalente al 75% del IBL obtenido conforme las disposiciones que para tal efecto trazó el artículo 21 de la ley 100 de 1993 (…)” A juicio del actor, la anotada decisión resulta constitutiva de vía de hecho judicial, en la medida en que si bien le reconoció la prestación reclamada se determinó erradamente su cuantía, pues se calculó bajo la preceptiva de la Ley 100 de 1993, cuando en su entender correspondía hacerlo bajo los postulados del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, que la fijaba sobre el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicios y no sobre el promedio los últimos diez (10) años anteriores a su reconocimiento.

Precisa, que tal decisión fue recurrida, mediante la interposición del extraordinario recurso de casación, pero que el mismo fue denegado por el ad quem, mediante auto del 27 de enero de 2010, aduciéndose ausencia de interés para recurrir. Que contra tal determinación interpuso recurso de queja, que fue desestimado por este tribunal de casación, a través de proveído del 27 de julio hogaño, por lo que al carecer de otro medio ordinario de defensa, ve en la tutela la única opción para obtener el resguardo de sus garantías constitucionales.

Corolario de lo expuesto, refiriéndose a su condición de padre cabeza de familia y a lo insuficiente que resulta la mesada pensional así calculada para atender sus obligaciones, reclama el actor el resguardo de sus garantías fundamentales y que para la efectividad de tal imperativa se disponga la revocatoria de la decisión proferida por el tribunal accionado para que sea remplazada por una que se ajuste a la legalidad.

TRÁMITE IMPARTIDO Tras la admisión del presente libelo y surtido el traslado a las partes e intervinientes, sin que se recibiera informe de los accionados, es preciso resolver lo que en derecho corresponda, conforme las siguientes, CONSIDERACIONES DE LA CORTE Si bien es cierto que esta Sala de la Corte ha venido considerando que el amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional es procedente frente a decisiones judiciales, también lo es que ha estimado que ello solo es viable cuando, en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en última instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía del juez.

Bajo esta óptica, resulta improcedente fundamentar la solicitud de amparo constitucional en una simple discrepancia de criterio sobre la interpretación y aplicación de las normas legales o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales para tomar su decisión, como si se tratara de una instancia más, donde el juez constitucional puede sustituir con su propia apreciación el análisis e interpretación que, ajustado a las normas legales, hagan los jueces designados por el legislador para tomar la decisión correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideración. Sólo ante eventuales yerros protuberantes, se insiste, puede encaminarse el procedimiento bajo la vía constitucional, para preservar el debido proceso.

Bajo los anteriores parámetros no puede afirmarse válidamente que en el sub judice se presente una vía de hecho que amerite la concesión del amparo constitucional solicitado, pues, como lo enseñan las razones consignadas en la providencia de cuyo contendido se duele la parte accionante, se halla soportada en un razonado proceso de valoración e interpretación efectuado por un organismo judicial dotado de jurisdicción y competencia, que le permitió concluir la necesidad de condenar a la entidad allí demandada a reconocer a favor del hoy actor de tutela la pensión de jubilación, por lo que fue menester revocar el fallo apelado, contrario a tal posición. Consideró esa Corporación que el demandante en ese asunto le era aplicable el régimen pensional de los trabajadores oficiales, esto es la Ley 33 de 1984, por vía del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, precisando que para efectos de la liquidación de la correspondiente prestación, debe tenerse en cuenta “… el promedio de los salarios devengados durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en el IPC.

En las condiciones anteriores, y como quiera que la demandante (sic) no se había desvinculado al momento en que se presentó la demanda, se dispone el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 en un 75% del ingreso base de liquidación obtenido de conformidad con lo destacado en el acápite que antecede, esto es, con base en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, cuya mesada se tazará (sic) por la entidad demandada una vez se produzca el retiro del actor.” Consecuente con lo señalado, se tiene que la argumentación de la providencia confutada, respaldada además en consolidada jurisprudencia de esta misma Sala y Corporación, no aparece caprichosa, ni carente de base jurídica o fáctica, por lo que resulta razonable, sin que sea dable al juez constitucional entrar a controvertir lo allí decidido, so pretexto de tener una opinión diferente sobre los hechos, pues quien ha sido dotado de jurisdicción y competencia por el legislador para dirimir ese especial tipo de conflictos es el juez natural y, en ese sentido, su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten las desviaciones protuberantes a que se ha hecho mención, las cuales en este caso no se advierten.

Por tales motivos, al no existir razón plausible que de pábulo a la concesión del amparo invocado, se proveerá su denegación. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la tutela de los derechos invocados, conforme las razones indicadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA PAGE 11