CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 2 República Tutela rad. 21868 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS Tutela Expediente No. 21868 Acta No. 47 Bogotá D.C., primero (1) de diciembre de dos mil nueve (2009). Se pronuncia la Corte sobre la acción de tutela propuesta por el apoderado de HERNÁN MANUEL LIÑAN MONTES contra EL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO, EL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad e ISS.

I-.

ANTECEDENTES 1-. El accionante inició acción de tutela –como mecanismo transitorio- con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad, igualdad, paz, trabajo, debido proceso, defensa, seguridad social, favorabilidad y mínimo vital, al considerar que le han sido vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso ordinario laboral que inició en contra del ISS, a fin de obtener el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, invocando para su reconocimiento la Ley 33 de 1985.

Para efectos de la presente acción de tutela basta indicar que, el petente obtuvo sentencias desfavorables a sus pretensiones en las dos instancias; que el ad quem confirmó la sentencia recurrida al dar por probado que el trabajador no ostentó la calidad de trabajador oficial y que por tanto no era aplicable a su caso la normatividad que invocó el demandante, esto es la Ley 33 de 1985.

Alega el accionante que los jueces de conocimiento admitieron que él es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pero que no le concedieron la pensión, al no contrar con 60 años de edad, se conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aceptando que tiene un régimen más beneficioso, pero acuden a una interpretación de la Ley 100 de 1993, la cual desconoce el principio de favorabilidad.

Por lo anterior, solicita al Juez de Tutela, amparar los derechos fundamentales invocados; revocar los fallos proferidos, por los jueces de conocimiento; ordenar que profieran nueva sentencia, accediendo a las pretensiones de la demanda; como mecanismo solicita ordenar al ISS revocar las resoluciones proferidas, para en su lugar profiera nuevo acto administrativo mediante el cual reconozca la pensión de jubilación, en aplicación al principio de favorabilidad. 2.- Por medio de auto del 20 de noviembre de 2009, se asumió el conocimiento de la presente acción, sin que las partes hicieran pronunciamiento alguno al respecto.

II-. CONSIDERACIONES La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Esta Sala de la Corte ha sido del criterio que no procede la tutela contra providencias o sentencias judiciales, atendiendo los principios de la cosa juzgada, la independencia y autonomía de los jueces, y entre otras razones fundamentales, por ausencia de base normativa.

Sobre la premisa de ausencia de norma positiva la Sala sostuvo la tesis de la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales. Pero esta carencia ha sido suplida por la jurisprudencia de modo que hoy no es posible desconocer su arraigo y afianzamiento en todas las jurisdicciones; esta realidad impone morigerar aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.

La prosecución de la eficacia de los derechos fundamentales, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en especial, en lo que concierne a la Administración de Justicia, con el de la Seguridad Jurídica, en especial la que realiza el instituto de la Cosa Juzgada, y el principio constitucional de la Independencia y Autonomía de los Jueces.

Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios, enseñan que la actuación de uno de ellos no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial. No obstante lo anterior sigue siendo valor esencial para la Sala que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.

Descendiendo al asunto objeto de estudio y revisada la documental que obra en el expediente, se observa que el amparo deprecado no está llamado a ser concedido Se ha de indicar que el actor contaba con otro mecanismo de defensa judicial, lo que, conforme al numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, es causal de improcedencia de este amparo ante la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial.

Sobre el particular, aparece innegable que el accionante no agotó el recurso extraordinario de casación, dejando vencer esta oportunidad para controvertir la decisión que fue adversa a sus pretensiones, toda vez que fue declarado desierto por esta Sala; al tener en cuenta la naturaleza residual y subsidiaria de este instrumento especial, no es posible su aplicación como herramienta jurídica para revivir etapas procesales vencidas, obteniendo consecuencias adversas a sus intereses dentro de la acción ordinaria en la que fungió como demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE up1-. NEGAR la tutela suplicada por el apoderado de HERNÁN MANUEL LIÑAN MONTES contra EL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO, EL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad e ISS. 2-.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA SECRETARIA