CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 12 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 21418 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS Tutela Expediente No. 21418 Acta No. 56 Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil nueve (2009).

Se pronuncia la Corte sobre la acción de tutela interpuesta por MELIDA SCARPETA TOVAR contra la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA. I-.

ANTECEDENTES 1-. La accionante presentó acción de tutela en contra del Tribunal accionado, al considerar que éste le vulneró sus derechos al debido proceso, igualad, mínimo vital y dignidad humana, dentro del proceso ejecutivo laboral que inició en contra de la sucesión de JAIME BOTERO y sus herederos. Manifiesta la actora que el Juez de primera instancia libró mandamiento de pago, y dispuso la práctica de medidas cautelares; que contra el mandamiento los herederos de la sucesión del señor JAIME BOTERO, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación solicitando el levantamiento de las medidas cautelares, argumentado que la medida cautelar recayó sobre bienes que fueron adquiridos con recursos propios de los herederos, y que no han pertenecido a la masa sucesoral, y agregaron los herederos que ellos aceptaron la herencia con beneficio de inventario.

Alega la petente que su apoderada se opuso al recurso interpuesto, al considerar que el beneficio de inventario debió haberse probado en el trámite del proceso ordinario, lo cual nunca se hizo por parte de los herederos. Se duele la accionante de la decisión del ad quem, al haber considerado éste que, la simple manifestación, que hiciera el apoderado de los herederos- en la apelación del mandamiento de pago y en la contestación de la demanda-, sobre la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, y la afirmación de que dichos bienes no pertenecían a la herencia, era plena prueba para demostrar el beneficio de inventarios.

Por lo anterior, solicita la accionante, amparar los derechos fundamentales invocados; revocar la providencia proferida el 21 de agosto de 2008, en la que se ordenó “revocar” las medidas cautelares de los bienes propios de los causantes, y en consecuencia que el Tribunal accionado dicte providenciaa teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el proceso, prescindiendo de las “simples manifestaciones del abogado de la parte demandada.” 2.- Mediante auto del 28 de septiembre de 2009, esta Sala de la Corte avocó su conocimiento; vencido el término de traslado correspondiente, no se allegó respuesta de las autoridades judiciales accionadas.

II-. CONSIDERACIONES La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Esta Sala de la Corte ha sido del criterio que no procede la tutela contra providencias o sentencias judiciales, atendiendo los principios de la cosa juzgada, la independencia y autonomía de los jueces, y entre otras razones fundamentales, por ausencia de base normativa.

Sobre la premisa de ausencia de norma positiva la Sala sostuvo la tesis de la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales. Pero esta carencia ha sido suplida por la jurisprudencia de modo que hoy no es posible desconocer su arraigo y afianzamiento en todas las jurisdicciones, en especial en las otras Salas de nuestra Corporación; esta realidad impone morigerar aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.

La prosecución de la eficacia de los derechos fundamentales, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en especial, en lo que concierne a la Administración de Justicia, con el de la Seguridad Jurídica, en especial la que realiza el instituto de la Cosa Juzgada, y el principio constitucional de la Independencia y Autonomía de los Jueces.

Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios, enseñan que la actuación de uno de ellos no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial. No obstante lo anterior sigue siendo valor esencial para la Sala que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.

Ahora bien, descendiendo al caso objeto de análisis, no se observa que el despacho judicial cuestionado, haya desconocido el ordenamiento normativo aplicable al asunto sometido a su criterio jurídico, dentro del proceso ejecutivo laboral que dio origen a la presente acción constitucional, toda vez que, se evidencia en su decisión un análisis razonable de la realidad legal y fáctica del mismo, con premisas que desde ningún punto de vista lucen antojadizas según el criterio de esta Corporación. Una vez revisada la providencia judicial de las cuales se duele el petente, se puede constatar que la misma fue edificada en reflexiones que sin duda consultaron la realidad fáctica del proceso, que le permitió arribar a las conclusiones cuestionadas de las cuales se puede predicar que consultan en todo caso reglas mínimas de razonabilidad jurídica, por tanto, mal podría el juez de tutela, desconocer su contenido.

Lo anterior, toda vez que, el Tribunal al desatar el recurso de apelación consideró que “ Revisada la actuación allegada a esta instancia, que incluyen la formulación de excepciones durante el trámite del proceso ordinario, que desencadenó sentencia de condena que ahora se ejecuta, clara se nota la manifestación procesal de que los apelantes se acogieron al llamado beneficio de inventario, esto es, formalmente presentaron documento que contiene la manifestación que los haría responsables sino solamente hasta el límite de los bienes que pudieran recibir y la cual permitía separar el patrimonio herencial de sus propios activos (folios 1 y 2, Cuaderno de copias allegado al Tribunal) ….Por tanto,al disponerse el embargo de os inmuebles de los herederos de Jaime Botero Pineda, esta decisión no esta amparada por la ley, pues existe antecedente de autorización judicial a los herederos para que se beneficien de la figura que invocan, y nos los hace responsables del pasivo de la herencia con su propio peculio.” Así las cosas, encontró probado el ad quem, que los bienes sobre los cuales recaía la medida cautelar, no hacían parte de la masa sucesoral, pues los herederos habían aceptado la herencia del señor JAIME BOTERO, con beneficio de inventario, y por tanto era procedente ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre estos.

En conclusión y sobre el particular, esta Sala ha reiterado su posición de que no es dable recurrir al uso de este mecanismo constitucional, como si se tratara de una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fueron sometidas a los ritos propios de una actuación judicial en particular, con el único fin de obtener resolución favorable a sus intereses, desconociendo con ello las decisiones en firme que en su oportunidad legal fueron adoptadas por los jueces competentes que asumieron el conocimiento de los procesos en los que son parte.

Por lo anteriormente dicho se ha de negar el amparo deprecado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1-. NEGAR la tutela suplicada por MELIDA SCARPETA TOVAR contra la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA. 2-.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA