CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA N° 18777 Luis Enrique Ordóñez Trochez República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 9 TUTELA N° 18777 Luis Enrique Ordóñez Trochez República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¡Error!Marcador no definido. SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta N° 109 Bogotá, D. C., primero (1) de diciembre de dos mil cuatro (2004).

VISTOS Decide la Sala la impugnación interpuesta LUIS ENRIQUE ORDÓÑEZ TROCHEZ contra el fallo de tutela proferido el pasado 29 de octubre por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, por cuyo medio negó la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, defensa y libertad, presuntamente conculcados por las Fiscalía 15 y 32 Locales, el Juzgado 1º Penal Municipal de Ipiales y el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Afirma el accionante que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en vías de hecho que culminaron con el proferimiento por el Juzgado 1º Penal Municipal de Ipiales de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2002 por medio de la cual lo condenó a la pena principal de 36 meses de prisión, al hallarlo penalmente responsable del delito de hurto calificado y agravado, la que se encuentra debidamente ejecutoriada y de cuya vigilancia se ocupa el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán. Indica que en dicha actuación, los funcionarios judiciales que intervinieron en la misma y que terminó con la sentencia de condena mencionada, violaron los derechos fundamentales del accionante, ya que las fiscalías accionadas no percataron la omisión en el cumplimiento de los deberes de su defensor designado en forma oficiosa, el cual, tanto en la etapa instructiva como de juzgamiento no efectuó una diligente labor, careciendo por ende de una debida defensa, manifestada en la contradicción de las pruebas allegadas al proceso, limitándose su representante oficioso a actuar en la audiencia pública.

Para el restablecimiento de los derechos referidos, el demandante pide por esta vía que se decrete la nulidad de la actuación adelantada en su contra y se decrete su inmediata libertad. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Mediante providencia de fecha 29 de octubre del presente año el Tribunal Superior de Popayán resolvió negar la tutela interpuesta por el demandante, al considerar que no se evidenciaban en la actuación penal surtida por las autoridades demandadas vías de hecho, que ameritaran la intervención del juez de tutela.

Así mismo, deduce de la actuación que se surtieron las diligencias pertinentes para lograr su defensa, designándose en consecuencia oficiosamente un defensor a quien se le notificaron las providencias emitidas en el proceso y quién, además, participó en la audiencia pública. Con el defensor de oficio designado por la autoridad accionada se surtió, además, la notificación de la medida de aseguramiento y la resolución de acusación emitida en su contra, así como del auto por medio del cual en la etapa de juzgamiento se decretaron pruebas, participando igualmente en la audiencia pública.

Sobre los cuestionamientos del apoderado del actor, el a quo precisó en el fallo impugnado, que la labor de éste estuvo limitada por la prueba incriminatoria que militaba en contra de su defendido, en la media que fueron capturados en flagrancia y que una vez obtenida su libertad provisional desaparecieron. LA IMPUGNACIÓN Inconforme con la determinación adoptada por el Tribunal a quo, el accionante la apela, insistiendo en que el no uso de los recursos ordinarios que pudieron proponerse dentro de las diferentes etapas del proceso penal por parte del abogado de oficio designado, quien no estuvo presente en ninguno de los actos judiciales, conllevan a la transgresión de sus derechos fundamentales, por lo que solicita se revoque el fallo impugnado.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE De acuerdo a lo estatuido en el numeral 2 del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591/91, compete a la Sala conocer de la presente impugnación, en tanto ha sido interpuesta en relación con la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, de la cual es su superior funcional.

La acción de tutela invocada, en principio, está encaminada a desconocer la firmeza de la sentencia por virtud de la cual se le impuso una pena privativa de la libertad de 36 meses de prisión por su responsabilidad penal en el delito de hurto calificado y agravado y la legalidad del proceso penal que en su contra se adelantó. Previo a adoptar la decisión que en derecho corresponda, pertinente resulta recordar que como por virtud de la sentencia de la Corte Constitucional C-543 del 1° de octubre de 1992 se declaró inexequible, entre otros, el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela resulta improcedente cuando ella se propone contra sentencias ejecutoriadas o providencias que pongan término a un proceso judicial, en tanto que esta excepcional acción por sus especiales características de subsidiariedad y residualidad no puede utilizarse como mecanismo para lograr la intervención del juez constitucional con el fin de minar la res iudicata que las mismas adquieren, porque ello a más de desnaturalizar su esencia socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de la rama judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.

No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Constitución Política o la ley, producto de esa conducta arbitraria o caprichosa de los funcionales judiciales, constituyan verdaderas “ vías de hecho” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del accionante respecto al cual no se disponga de otro medio judicial idóneo y eficaz, porque en estos particulares casos la protección se ofrece necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, por lo que en consecuencia la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.

En consecuencia, no es posible convertir la acción de amparo en un mecanismo ni paralelo ni invasivo de la estructura judicial, concebida con independencia y autonomía en los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional. Por tanto, con ella no se pueden reemplazar los procedimientos ordinarios ni interferir en las funciones propias de los jueces naturales.

De esa manera, todos los asuntos expresamente regulados por las leyes procedimentales, en principio, deben ser resueltos al interior del respectivo proceso, porque ellas consagran la gama de vías, recursos e instancias propias para obtener la efectividad y restablecimiento de los derechos fundamentales. En el asunto propuesto, el ente fiscal demandado procedió, conforme lo afirma el Tribunal de instancia dentro de los causes legales, se procedió a designarle defensor de oficio para continuar el procedimiento respectivo como evidentemente aconteció, ejerciéndose conforme a su criterio la defensa del procesado, pues se enteró de las resoluciones y autos fundamentales emitidos en el transcurrir de la actuación, como del que dispuso el cierre de la investigación y la resolución de acusación, asistiendo a la diligencia de audiencia pública, infiriéndose la atención al desarrollo de la actuación, no suscitándose amenaza o vulneración de los derechos que por esta excepcional acción reclama sean garantizados, la que tampoco se constituye en el medio idóneo para criticar o analizar la posición estratégica de la defensa en un caso particular, sobre la cual en el momento pertinente no sufrió reproche alguno y sobre la cual se pretende edificar la vulneración de derechos fundamentales.

Así mismo, el Juzgado accionado, observando los trámites establecidos por la ley y en el ámbito de su competencia, resolvió, condenarlo al hallarlo autor responsable del delito de hurto calificado y agravado exponiendo en forma sustentada las razones para asumir esa determinación, pronunciamiento que al igual que los emitidos en la etapa de juzgamiento dentro de la actuación penal, fueron debidamente notificados a los sujetos procesales, procurándose la garantía al debido proceso y por ende el derecho a la defensa.

En consecuencia, razonable es concluir, que conforme a las normas de procedimiento vigentes se surtió en forma cabal la designación de un defensor de oficio, quien le asistió desde la etapa instructiva ante las fiscalías accionadas y luego en la causa hasta la culminación del proceso a cargo del despacho judicial demandado no evidenciándose de las citadas autoridades vulneración de las garantías por el actor reclamadas a través de esta especial acción. Conforme a ello, no le asiste razón al recurrente, ya que como se reitera, se garantizaron plenamente las garantías que le asistían a los sujetos procesales en el decurso de la actuación procesal objeto de análisis observándose por los funcionarios judiciales que conocieron de la misma, el cumplimiento legal de la ritualidad procesal, además que la presunta posición omisiva que afirma el actor sufrió en su defensa, no fue percatadas oportunamente, que de haber sido así, habría determinado las decisiones pertinentes.

Lo anterior constituye razón suficiente para confirmar el fallo impugnado cuya legalidad y acierto no logran minarse con los argumentos de la impugnación. En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1.- CONFIRMAR la sentencia recurrida por las razones consignadas en la anterior motivación. 2.- REMITIR, en firme esta providencia, las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3.- NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

Cúmplase. HERMAN GALÁN CASTELLANOS SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUIZ NUÑEZ Secretaria 8