CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 18750 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 18750 Acta No. 56 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil ocho (2008). Decide la Corte la acción de tutela incoada por Carmen Lucía Agámez Saltarín, en su condición de Personera Delegada para los Derechos Humanos y Acciones de Tutela de la Personería Distrital de Cartagena, y en representación de la señora ANA ÁLVAREZ ALVARADO, contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, por su decisión del 25 de junio de 2008, tomada dentro del proceso ordinario laboral que inici ó Ana Álvarez Alvarado en contra de la sociedad Inversiones Turísticas del Caribe Ltda. & Cia S.C.A.

ANTECEDENTES La accionante promovió acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada, por su decisión proferida dentro del proceso ordinario referenciado, mediante la cual se resolvió revocar el numeral primero de la sentencia de primera instancia pronunciada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena dentro del proceso referenciado, que condenó a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto, para en su lugar absolverla de tal pretensión. Lo anterior por considerar que, con tal decisión, se vulneraron derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y al trabajo, de Ana Álvarez Alvarado.

Como consecuencia de lo anterior solicita que se adopten, “las medidas que estime pertinentes para el reestablecimiento de dichos derechos” (folio 19). Para fundar su solicitud, señala que Ana Cristina Álvarez Alvarado, inició a la sociedad Inversiones Turísticas del Caribe Ltda. & Cia S.C.A., proceso ordinario laboral, ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, con el propósito de que se declarara que existió un contrato de trabajo a término indefinido con la demandada desde el 18 de abril de 1988 hasta el 21 de diciembre de 2002, fecha en la que fue despedida por haber olvidado reportar un champú sedal de 200 gramos que encontró en una habitación desocupada del hotel Capilla del Mar.

Solicitó, en consecuencia, el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales, las indemnizaciones por despido injusto y moratoria. Mediante sentencia, el juzgado condenó a la sociedad demandada al pago de una indemnización por despido injusto, a la indexación, por horas extras y de las costas procesales, a favor del demandante. Sin embargo, no accedió a sus pretensiones respecto de la indemnización moratoria y unas acreencias laborales.

Agrega que, las partes, inconformes con la decisión anterior presentaron recurso de apelación y el Tribunal mencionado revocó en el numeral primero de la sentencia impugnada, para en su lugar absolver a la parte demandada del pago por concepto de indemnización por despido injusto y confirmó en lo demás. El motivo de la inconformidad de la actora, radica en el hecho de que la providencia cuestionada, incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, por cuanto, dice, no apreció la totalidad de las pruebas allegadas al plenario.

Además, señaló que también incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, al desatender la normatividad que regula la indemnización moratoria. TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto calendado el 2 de septiembre de los corrientes, esta Corporación asumió el conocimiento de la tutela y dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor, correr traslado al accionado y comunicar la iniciación de la acción a las partes dentro del proceso ordinario laboral que Ana Álvarez Alvarado le inició a la sociedad Inversiones Turísticas del Caribe Ltda. & Cia S.C.A. y al Juzgado Cuarto laboral del Circuito de Cartagena.

No hubo pronunciamiento alguno. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Al descender al caso en concreto, y una vez examinada la providencia atacada, encuentra la Sala que la tutela no está llamada a prosperar, porque independientemente que se compartan o no la juridicidad de las consideraciones esgrimidas por la autoridad judicial accionada que profirió la providencia cuestionada, cuyo desconocimiento se pretende por esta vía, está se apoya en reflexiones que consultaron con reglas mínimas de razonabilidad jurídica.

Esta situación, impide al juez de tutela interferirla, so pretexto de tener una nueva o mejor interpretación del asunto, especialmente si se observa que se apoyó en una interpretación legal de las disposiciones que rigen la materia. En efecto, el tribunal accionado, para revocar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena, consideró, en lo pertinente, que, “Frente al panorama probatorio expuesto en precedencia, considera la Sala que tiene razón la parte demandada al enrostrarle a la falladora de primera instancia que en el proceso había quedado suficientemente demostrado que la demandante incurrió en una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo” lo anterior, por cuanto, “… esta demostrado que la demandante incumplió su obligación de reportar un objeto olvidado en el hotel, siendo que de antemano conocía dicha obligación. Se enmarca esta conducta de la demandante en la causal sexta de terminación unilateral justificada del contrato de trabajo por parte del empleador, toda vez que el hecho de no haber reportado el objeto olvidado en el hotel y guardarlo en su bolso personal con el que salía de las instalaciones del sitio de trabajo, constituye una violación grave a su obligación especial de atacar y cumplir las ordenes e instrucciones impartidas por el empleador” (folio 26).

De esta decisión, no puede inferirse que menoscabe el derecho al debido proceso, y tampoco que se califique de infundada, sino, por el contrario, de razonada y admisible, así se discrepe de ella, especialmente, si se tiene en cuenta que, conforme al reseñado artículo 228 de la Constitución Política, el juez goza de independencia y autonomía para la emisión de sus fallos.

Valga agregar, que la función del juez de tutela, no es la de invadir la órbita del juez ordinario, encargado por la ley de dirimir una controversia en que se disputa un derecho legal, cuando quiera que éste, en virtud de los principios de la independencia y autonomía, a que se refieren los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, y la libertad de interpretación de que goza, emite una decisión acorde con sus facultades, tal cual, se puede apreciar, aconteció en este asunto.

Además, al analizar las actuaciones procesales del accionado no se evidencia vulneración de derecho fundamental alguno. Por el contrario, en las mismas se advierte un análisis de las circunstancias fácticas propias del conflicto planteado, acompañado de una revisión de las probanzas aportadas en el desarrollo del proceso. Lo anterior, en cumplimiento de los deberes asignados como operador jurídico y en ejercicio de los principios de autonomía e independencia de que están revestidos los jueces.

Al no existir vulneración o afectación de derechos fundamentales, se torna improcedente la protección constitucional solicitada. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela solicitada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DIAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA ACLARACIÓN DE VOTO Tutela 18750 Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito expresar que si bien comparto la decisión en el presente asunto, discrepo de las consideraciones adoptadas para ello, pues, en mi sentir, como lo venía sosteniendo unánimemente esta Sala de Casación, no procede la tutela contra decisiones judiciales, por no ser dable mediante esta acción injerirse en la órbita de competencia de otras autoridades judiciales, ni invalidar los efectos de sus providencias; además, porque esa posibilidad no cuenta con un respaldo normativo expreso e iría en contra de los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial.

Lo precedente se halla fundamentado, esencialmente: a) en que la Constitución Política no previó expresamente la acción de tutela contra decisiones judiciales y sólo mencionó y reguló tal posibilidad en los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, disposiciones que, a la postre, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional bajo el argumento de constituir un exabrupto jurídico el aceptar tal clase de amparo (Sentencia C 543/92), soportes supralegal, legal y jurisprudencial que conservan toda su vigencia; b) la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada indudablemente hacen parte del debido proceso regulado en el artículo 29 de la Constitución, por ello los ciudadanos que acuden al órgano jurisdiccional y se someten a las reglas de los procesos, competencias preestablecidas y decisiones proferidas por el juez natural, no pueden ser sorprendidos en su buena fe al reabrirse el debate indefinidamente, ante un juez, en la mayoría de los casos, no especializado y con el mismo margen de falibilidad como seres humanos; y c) porque sabido es que ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho – non bis in idem --, máxime que constituye principio rector en el Estado Social de Derecho que el juez de conocimiento debe velar por la guarda de los derechos fundamentales.

En estos breves términos dejo expresada mi aclaración de voto. Fecha ut supra ISAURA VARGAS DIAZ PAGE 12