CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 18094 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN Tutela No. 18094 Acta No. 29 Bogotá D. C., cuatro (4) de junio de dos mil ocho (2008). Resuelve la Corte la acción de tutela interpuesta por OLGA STELLA RINCÓN DE TOVAR contra LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.

ANTECEDENTES 1-. Para obtener la protección constitucional del derecho de petición la accionante instauró tutela contra la Corporación judicial mencionada, en relación con el trámite dado a una solicitud presentada para que señalaran fecha para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento dentro de un proceso ordinario. Expone que el 22 de septiembre de 2004, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, profirió sentencia condenatoria dentro del proceso ordinario que adelanta contra Cajanal y otro; el 11 de noviembre de 2004, el proceso entró al Despacho para proferir la correspondiente decisión que resolviera el recurso de apelación; por medio de escritos del 1 de agosto, 15 de septiembre de 2005, 17 de noviembre de 2006, 17 de febrero y 29 de mayo de 2007, solicitó pronunciamiento pero no obtuvo ninguna respuesta; ante la falta de pronunciamiento a las peticiones anteriores, el 27 de noviembre de 2007 radicó un derecho de petición “ sin que hasta la fecha haya pronunciamiento alguno ”.

Por lo anterior solicita se ordene al accionado contestar el derecho de petición radicado el 29 de noviembre de 2007 y se continúe con el trámite del proceso. 2. Mediante auto del 21 de mayo de 2008 esta Sala avocó el conocimiento de la tutela y ordenó notificar a los accionados. Vencido el término no se allegó respuesta. SE CONSIDERA La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la C. P., permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos en la Constitución Política.

En virtud del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona puede dirigir peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular para obtener una pronta y oportuna decisión de fondo. Para dar una oportuna respuesta, es decir, el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, que fija un término de 15 días y en su defecto la respuesta se ordenará por el Juez en un término de 48 horas.

Pero las disposiciones legales establecidas para las actuaciones administrativas no son, necesariamente las mismas, que debe observar el juez en el trámite de las peticiones relacionadas con los asuntos sometidos a estudio, para lo cual debe estar sujeto, como las partes que intervengan, a las reglas propias del proceso fijadas por la ley.

Así las cosas el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, es decir, no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política les ha reservado, so pena de violar los principios de autonomía e independencia judicial contemplados en os artículos 228 y 230 de la Carta.

Es el Magistrado a cuyo cargo esté el proceso en comento, el director del mismo, y por su carácter de juez ordinario, el autorizado por la ley para señalar la audiencia de juzgamiento, siendo extraño al trámite del proceso ordinario que un juez de tutela ordenara decidir un derecho de petición para fijar una fecha, desconociendo que el juzgador no puede alterar el orden cronológico en que han pasado los expediente al despacho para el correspondiente pronunciamiento por prohibición expresa del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, y que lo contempla también como falta disciplinaria.

De lo expuesto la Sala encuentra que la petición de fijar una fecha para celebrar una audiencia, es un acto judicial que no puede ser tramitado en la forma y términos propios de los actos de la administración, sino observando los principios del debido proceso. Así las cosas, resulta improcedente el amparo constitucional. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia. SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 7