República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia 17 Corte Suprema de Justicia Tutela No. 17833 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS Tutela No. 17833 Acta No. 24 Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007) Decide la Corte la impugnación interpuesta por FLOR DE MARÍA CUÉLLAR HERNÁNDEZ contra el fallo proferido el 19 de febrero de 2007 por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que negó la acción de tutela instaurada por la impugnante contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA.

I -.

ANTECEDENTES 1. La citada ciudadana, obrando en calidad de guardadora de su menor nieto, DIEGO FERNANDO CÚELLAR HERNÁNDEZ, instauró acción de tutela contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, por cuanto considera vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de su representado, con ocasión de la vía de hecho en la que asegura haber incurrido el Tribunal accionado al proferir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario que instauró contra la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. En sustento de la petición de amparo constitucional señaló que su hija, la Señora VICTORIA DEL PILAR HERNÁNDEZ CÚELLAR, quien falleció el pasado 22 de octubre de 2001, suscribió con la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. la póliza de seguro “CONVIVA CRECIENDO No. 715731” y designó como beneficiario de la misma, a su hijo, DIEGO FERNANDO CUÉLLAR HERNÁNDEZ.

Continúa diciendo que a raíz del deceso de su hija y en su calidad de guardadora del menor hijo de la causante, reclamó el seguro adquirido por ésta última a la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A., quien la objetó. Por lo anterior, inició proceso ordinario contra la mencionada compañía de seguros, del cual conoció en primera instancia el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA, que mediante fallo del 16 de diciembre de 2005, accedió a sus pretensiones.

Inconforme la parte demandada con dicha decisión, la impugnó ante la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA; la Doctora CONSTANZA FORERO DE RAAD, conoció como Magistrada Ponente de ese negocio y “profirió decisión de fondo a sabiendas que en asuntos judiciales tramitados anteriormente ante su Despacho por el apoderado de la parte demandante, abogado JOSE ORESTE GIRALDO GUTIÉRREZ (radicados 424/01 y 267/99), por iniciativa propia la señora Magistrada se había declarado impedida aduciendo “enemistad grave” de su parte contra el referido profesional del derecho” (folio 157); así las cosas, en proveído del 13 de diciembre de 2006, revocó el fallo que de manera favorable a sus intereses había proferido el a quo, y en su lugar denegó las pretensiones formuladas en su demanda.

Amén de lo anterior, aseguró que la sentencia cuestionada “es contraria al ordenamiento jurídico al ignorar la aplicación de normas sustanciales de derecho público económico a las que inexcusablemente está atado el fallador” por ser las “exactamente aplicables al caso concreto” (folio 158) y que la misma obedeció “a la simple voluntad subjetiva de la Magistrada Ponente quien sin justificación ni argumentación borró todo lo debatido y probado en el proceso” (folio 159).

Por lo anterior solicitó decretar “la nulidad absoluta de la sentencia proferida el 11 de Diciembre de 2006 por la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la cual se revocó la sentencia de primer grado” dictada dentro del aludido proceso ordinario. 2. La SALA DE CASACIÓN CIVL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA avocó el conocimiento de la presente acción de tutela.

Mediante fallo del 19 de febrero de 2007, negó la acción intentada, habida consideración de que “No luce irrazonable u opuesto al orden jurídico, que es como se estructura la vía de hecho, el criterio esbozado por el tribunal accionado en la sentencia de 11 de diciembre de 2006 que aquí se cuestiona, toda vez que el mismo tuvo sustento objetivo en razonamientos que no pueden tildarse de arbitrarios, al decir en síntesis que la asegurada ocultó que con anterioridad la toma del seguro padeció de cáncer, hecho que de sobra conocía y que era trascendental (…) eventualidad que sin lugar a dudas hubieran hecho variar o abstenerse de celebrar el contrato por parte de la aseguradora.

Así las cosas, deberá considerarse bien aplicada por la Compañía de Seguros la sanción consagrada en el artículo 1058 del C. de Co. y consecuentemente fundada la objeción efectuada para abstenerse de pagar la indemnización reclamada” (folio 220). 3. Inconforme el accionante con la anterior decisión, la impugnó mediante escrito visible a folios 240 a 242 del cuaderno de tutela.

En sustento de su recurso manifestó, en síntesis, que no entiende cómo “la Sala de Casación Civil de esta Honorable Corporación justifica la no aplicación y la no observancia de los artículos 1081 del Co. de Cío, y 1743 y 1750 del C.C.C. por parte del Tribunal, pero si encuentra ajustado a derecho la aplicación del artículo 1058 del Co. de Co. cuando no existe la más mínima prueba que le de sustento jurídico a su invocación y aplicación como es la declaración de asegurabilidad en virtud de la cual se expidió la póliza No. 71531” y tampoco comparte el porqué “no se analizó por parte de la Sala de Casación Civil el Defecto Orgánico en que incurriera la sentencia atacada, cuando una “enemistad grave” previamente invocada por la Magistrada Sustanciadora no desaparece de la noche a la mañana y menos porque afirme o sostenga que las causales desaparecieron o que se han saludado con el abogado, lo que sólo ha sucedido por mera cortesía y elegancia profesional”.

II-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Esta Sala de la Corte ha sido del criterio que no procede la tutela contra providencias o sentencias judiciales, atendiendo los principios de la cosa juzgada, y de la independencia y autonomía de los jueces, y entre otras razones fundamentales, por ausencia de base normativa.

Sobre la premisa de ausencia de norma positiva la Sala sostuvo la tesis de la improcedencia de la tutela contra sentencia judicial. Pero, esta carencia ha sido suplida por la jurisprudencia de modo que hoy no es posible desconocer su arraigo y afianzamiento en todas las jurisdicciones, en especial en las otras Salas de nuestra Corporación; esta realidad impone morigerar aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.

La prosecución de la eficacia de los derechos fundamentales, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en especial, en lo que concierne a la Administración de Justicia, con el de la Seguridad Jurídica, en especial la que realiza el instituto de la Cosa Juzgada, y el principio constitucional de la Independencia y Autonomía de los Jueces.

Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios, enseñan que la actuación de uno de ellos no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial. No obstante lo anterior sigue siendo valor esencial para la Sala que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.

En el sub exámine resulta claro que la tutela no está llamada a proceder, no sólo por cuanto se observa que la decisión por esta vía cuestionada fue decidida por la autoridad judicial competente con fundamento en consideraciones que de ninguna manera se apartan de consultar con reglas mínimas de razonabilidad jurídica, sino porque de haberse considerado por la actora que la Magistrada Ponente debía declarase impedida por estar incursa en alguna de las causales previstas por la ley para el efecto, ha debido recusarla, lo que no ocurrió dentro del mencionado proceso, y con respecto a lo cual tiene la posibilidad de instaurar las acciones legales pertinentes ante la autoridad judicial competente, quien será la que determine la existencia o no de una falta disciplinaria.

En consecuencia, y sin que sean necesarias otras consideraciones, se confirmará el fallo impugnado, reiterándose que la tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios de un proceso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1-. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el 19 de febrero de 2007, dentro de la acción instaurada por FLOR DE MARÍA CÚELLAR HERNÁNDEZ, en calidad de guardadora de su menor nieto, DIEGO FERNANDO CUÉLLAR HERNÁNDEZ, contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA. 2-.

Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3-. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Eduardo López Villegas GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER Luis Javier Osorio López FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ marÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas.

Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo. “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”. Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL ACLARACIÓN DE VOTO Del Magistrado: CARLOS ISAAC NADER RADICACIÓN No. 17833 Ponentes: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS Aun cuando estoy de acuerdo con la decisión de negar el amparo solicitado, debo dejar aclarado mi voto, por cuanto, como lo venía sosteniendo unánimemente esta Sala de Casación, no procede la acción de tutela contra decisiones judiciales.

A la copiosa, ponderada y muy juiciosa jurisprudencia, decantada durante todos estos años, me remito para no redundar. Con la tranquilidad que me respalda esa coherente postura de la Corte hoy abandonada por la mayoría, insisto en que ningún juez de la república, por encumbrado que sea, está autorizado para revisar los fallos judiciales por fuera de los recursos consagrados en la ley, so pretexto de una defensa de un derecho constitucional.

Primero, porque igualmente tienen esa naturaleza, y tal vez en grado superlativo en una democracia constitucional en construcción como la colombiana, el valor de la seguridad jurídica y el derecho a obtener una sentencia definitiva en los procesos judiciales. En segundo lugar, porque no hay hombres infalibles, de manera que el error de los jueces es una posibilidad que las partes en un proceso asumen cuando optan por someter al arbitraje del Estado a través de la jurisdicción y renuncian a la composición directa del conflicto.

Por último, el hecho de que ese funcionario se vista con una toga distinta y un emblema con ribetes diferentes, no muta per se su naturaleza humana, mucho menos por virtud de esa nueva vestimenta puede aspirar al soplo divino de la clarividencia y el acierto, y creer ingenuamente que en un angustioso término como el dispuesto para definir un amparo constitucional, puede aprehender la certeza que los hechos muestran y que tuvieron la oportunidad de pasar por el cedazo prudente de uno de sus pares, quien, bajo las reglas de juego dispuestas por los códigos procesales, tuvo mejores oportunidades para aproximarse a la verdad objetiva.

CARLOS ISAAC NADER ACLARACIÓN DE VOTO Radicación tutela: 17833 Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito expresar que si bien comparto la decisión en el presente asunto, discrepo de las consideraciones adoptadas para ello, pues, en mi sentir, como lo venía sosteniendo unánimemente esta Sala de Casación, no procede la tutela contra decisiones judiciales, por no ser dable mediante esta acción injerirse en la órbita de competencia de otras autoridades judiciales, ni invalidar los efectos de sus providencias; además, porque esa posibilidad no cuenta con un respaldo normativo expreso e iría en contra de los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial.

Lo precedente se halla fundamentado, esencialmente: a) en que la Constitución Política no previó expresamente la acción de tutela contra decisiones judiciales y sólo mencionó y reguló tal posibilidad en los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, disposiciones que, a la postre, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional bajo el argumento de constituir un exabrupto jurídico el aceptar tal clase de amparo (Sentencia C 543/92), soportes supralegal, legal y jurisprudencial que conservan toda su vigencia; b) la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada indudablemente hacen parte del debido proceso regulado en el artículo 29 de la Constitución, por ello los ciudadanos que acuden al órgano jurisdiccional y se someten a las reglas de los procesos, competencias preestablecidas y decisiones proferidas por el juez natural, no pueden ser sorprendidos en su buena fe al reabrirse el debate indefinidamente, ante un juez, en la mayoría de los casos, no especializado y con el mismo margen de falibilidad como seres humanos; y c) porque sabido es que ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho – non bis in idem --, máxime que constituye principio rector en el Estado Social de Derecho que el juez de conocimiento debe velar por la guarda de los derechos fundamentales.

En estos breves términos dejo expresada mi aclaración de voto. Fecha ut supra ISAURA VARGAS DIAZ República de Colombia � Corte Suprema de Justicia