CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA No 17778 JOSÉ ANTONIO SUÁREZ SERRANO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado Acta No. 076 Bogotá D.C., septiembre ocho (8) de dos mil cuatro (2004). VISTOS: Resuelve la Corte lo pertinente, acerca de la acción de tutela instaurada por el ciudadano JOSÉ ANTONIO SUÁREZ SERRANO, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES

1. SUÁREZ SERRANO laboró al servicio de la Caja de Crédito Agrario por veinte años, devengando un salario de $368.689.73, y a partir del 8 de junio de 1996, cuando el demandante cumplió los requisitos para la pensión de jubilación, esa entidad le reconoció el derecho tomando en consideración el 75% de su salario. 2. Entonces ese ciudadano demandó a la entidad ante el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, que el 18 de Agosto de 2000 profirió sentencia desfavorable a él pues absolvió a la entidad de todas las pretensiones incoadas, específicamente la de condenarla a reliquidar el valor inicial de su pensión de jubilación desde la fecha de terminación de su respectivo contrato de trabajo hasta cuando se le empezó a pagar su pensión y reajuste de los incrementos anuales de esta prestación y de las primas de junio y diciembre (Indexación). 3.

Esa providencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante la suya del 11 de Octubre de 2000 contra la cual se interpuso el recurso de casación, resuelto por la Sala Laboral de la Corte a través del fallo del 6 de junio de 2001, en el cual resolvió no casar la sentencia impugnada. Y, 4. Por considerar que esa decisión de la Sala de Casación Laboral vulneraba la jurisprudencia constitucional y carecía de otro mecanismo judicial para obtener la actualización de su pensión de jubilación, acudió a la acción de tutela.

CONSIDERACIONES: 1. La solicitud de amparo promovida por el accionante se dirige contra una sentencia de casación proferida por la Sala Laboral de esta Corporación, máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria en esa especialidad. Por esa misma razón es autoridad límite y como tal no existe la posibilidad de revisión de sus sentencias cuando adquieren la firmeza de cosa juzgada que les da el carácter de "intangibles e inmutables", como lo señala la propia Constitución, pues en tal condición han superado la presunción de acierto y legalidad, para obtener la concreción de tales calidades. 2.

Así las cosas, resulta improcedente su admisión, por cuanto se desconocerían las garantías del debido proceso, cosa juzgada y la seguridad jurídica, al pretenderse que el juez constitucional por vía de tutela pueda reexaminar en una extraña revaloración probatoria los criterios expuestos por los funcionarios judiciales, hasta dejar sin efecto las decisiones proferidas por los jueces ordinarios de la más alta categoría, que reconoce el artículo 234 de la Norma Superior y a quienes se les confió la guarda de la Constitución Política al interior del proceso. 3.

Sobre el particular, en casos similares, esta Sala de la Corte, ha señalado: “3. Fundamentalmente del artículo 29 de la Constitución Política, como especie del debido proceso, surge el principio de cosa juzgada, que con su historia y actualidad se caracteriza por la inmutabilidad, definitividad, ejecutoriedad y obligatoriedad del fallo judicial.

Este axioma, que ciertamente admite eventuales excepciones (por ejemplo, la acción de revisión y el principio de favorabilidad), no puede ceder ante hipótesis no previstas en la Constitución ni en la ley. En efecto, si los ejemplos citados en paréntesis son excepciones, se debe a que la propia normatividad los prevé como tales, lo que no sucede con la acción de tutela, pues que en parte alguna del ordenamiento aquella hace referencia al preciado mecanismo como otra de las excepciones legales a la cosa juzgada, quizás exclusión hecha de la posibilidad de que por caso presentada una demanda en búsqueda de amparo contra la Corte Suprema de Justicia, ella misma, y sólo ella, y jamás otro organismo, sería la encargada del trámite correspondiente, dentro de su propio seno. Y por extensión, analogías o parecidos - si de ello se tratara -, no podrían ser creadas excepciones al principio constitucional.

La cosa juzgada, entonces, por las características enunciadas, es el soporte de otro principio universal del derecho: la seguridad jurídica. La conclusión de este punto resulta fácilmente entendible: debido a que la ley no prevé el amparo como salvedad a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, es impensable la tutela por medios extraños respecto de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. Hacerlo sería tanto como creer que ésta, máxima jerarquía de la jurisdicción ordinaria con funciones constitucionales como las explicadas atrás- por medio de la tutela desconociera la alteza de una decisión del Consejo de Estado, máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa, o de la Corte Constitucional, máximo poder de la jurisdicción constitucional, excepto, en ambos casos, frente a las actuaciones judiciales - constitucionales que la propia Carta ha entregado a la Corte Suprema de Justicia. Hacer lo contrario no es más que un desbordamiento de funciones, imposición de criterios, es decir, autoritarismo puro y, por supuesto, negación del Estado de Derecho, requisito que sigue siendo esencia del Estado Social y Democrático de Derecho.

Y no sería argumento en contra de lo anterior el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política pues la Corte Constitucional sólo puede revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, en la forma que determine la ley. Y mientras tanto, como se acaba de afirmar, ninguna ley le permite ni le autoriza a la Corte Constitucional someter a cuestión, para desconocerlas, las decisiones que como tribunal de casación toma la Corte Suprema de Justicia. ” 4.

Como lo ha venido sosteniendo la Sala, el criterio transcrito precedentemente, resulta aplicable al presente caso, en el que la accionante pretende se realice un juicio de legalidad a la sentencia de casación proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual no casó el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que determinó cual sería el monto de la pensión. A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

RESUELVE

1. RECHAZAR la demanda de tutela promovida por JOSE ANTONIO SUÁREZ SERRANO, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y, 2. Notifíquese de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE HERMAN GALÁN CASTELLANOS SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Auto 18 de junio de 2002, M.P., Dr. HERMAN GALÁN CASTELLANOS. � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, auto marzo 19 de 2002, M.P. Dr. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. PAGE 7