CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 17657 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación Nº. 17657 Acta Nº. 15 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DÍAZ Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil siete (2007).

Resuelve la Corte la impugnación presentada por LUZ AMANDA CELEMÍN SÁNCHEZ contra el fallo del 24 de enero de 2007, proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante el cual negó la acción de tutela promovida por la impugnante contra el JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de la misma ciudad, dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA – hoy COLMENA BCSC - contra ALBERTO BERNAL PARRA y la accionante.

ANTECEDENTES LUZ AMANDA CELEMÍN SÁNCHEZ inició acción de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas, por sus decisiones proferidas dentro del proceso ejecutivo hipotecario que contra ella y ALBERTO BERNAL PARRA promovió la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA – hoy COLMENA BCSC-, mediante las cuales se resolvió negativamente el incidente de nulidad, propuesto con base en el parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, por considerar que tales providencias vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a una vivienda digna y al acceso a la administración de justicia. Como fundamento del amparo constitucional deprecado manifestó que el referido proceso está viciado de nulidad, por cuanto el juez de conocimiento negó la suspensión, terminación y archivo definitivo de los autos al no tener en cuenta “que el crédito otorgado al señor ALBERTO BERNAL y la suscrita se encuentra contenido en los pagarés allegados al proceso otorgado en UPAC y estos dineros fueron girados directamente por COLMENA a DAVIVIENDA, a través de dos cheques de gerencia, tal como se prueba con las certificaciones expedidas por dicha entidad bancaria y con destino a COLMENA.

Por lo tanto, el crédito para la adquisición de vivienda prosiguió, siendo acreedora COLMENA; persistiendo la misma situación jurídica, no obstante el cambio de una de las partes contractuales, existió una simple sustitución del acreedor inicial.” Decisión confirmada por el ad quem. La Sala de Casación Civil de esta Corporación, mediante sentencia del 24 de enero de 2007, negó el amparo constitucional solicitado, porque consideró que (i) el crédito objeto del recaudo no fue otorgado para la adquisición de vivienda y (ii) porque, pese a lo anterior, se reliquidó el crédito con arreglo a lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y en la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional, acto puesto en conocimiento de la ejecutada ante el cual guardó silencio.

Con base en lo precedentemente expuesto y reiterando su jurisprudencia determinó, que al no haber prueba suficiente que permitiera concluir que la obligación se encontraba al día ni acuerdo de las partes para su refinanciación, era inviable legalmente terminar el proceso ejecutivo hipotecario con la sola presentación de la reliquidación, pues de no ser así, añadió, la ley no habría establecido la posibilidad de la suspensión, sino de la terminación de este tipo de procesos, para obtener la satisfacción de los créditos que a pesar de la reliquidación quedaran insolutos, mediante otro trámite.

Finalmente, anotó que, si la señora Celemín consideraba que debía ser objeto de una indemnización, tenía las acciones judiciales pertinentes para la revisión de los contratos, la reliquidación de su crédito y la devolución de las sumas en exceso canceladas. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, para cuyo ejercicio se exigen mínimos requisitos.

Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución o que por conexidad se encuentren consagrados en otros acápites de dicha normatividad.

De otro lado, al amparo constitucional, según lo prevén expresamente tanto el 86 de la C.P., como el 11 del Decreto 2591 de 1991, en su inciso tercero, no puede acudirse cuando se cuente con otros medios ordinarios de defensa judicial, a no ser que con la actuación o la omisión del funcionario público o del particular se le cause al administrado un perjuicio irremediable, lo cual torna la acción de tutela en un mecanismo de protección excepcional.

No es entonces una figura de la cual se puede abusar y suplantar con ella las vías naturales diseñadas por el legislador. Esta Sala de la Corte ha sido del criterio que no procede la tutela contra providencias o sentencias judiciales, atendiendo entre otras razones fundamentales, los principios de la cosa juzgada, de independencia y autonomía de los jueces y la ausencia de base normativa.

Esta posición ha sido morigerada mayoritariamente, para casos excepcionales y concretos en los que por actuación u omisión del juzgador resulten vulnerados derechos constitucionales fundamentales. En el sub lite, las decisiones de los jueces naturales objeto de la presente tutela encontraron fundamento legítimo en disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico y en el alcance y entendimiento que jurisprudencialmente se le ha dado a la normatividad sobre nulidades procesales y a la ley de financiación de vivienda, por lo que en momento alguno podría configurar una vía de hecho.

En efecto, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al confirmar el auto que negó la nulidad propuesta, luego de analizar lo previsto en los artículos 140 y 141 del CPC y de reseñar los presupuestos para la procedencia del parágrafo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, concluyó que las prerrogativas de la mencionada ley no le eran aplicables a la parte ejecutada pues “del propio Folio de Matrícula inmobiliaria que fuera aportado al proceso como prueba del registro de la garantía hipotecaria que se erigió sobre el bien subastado, fluye nítido que a la sazón del contrato de hipoteca que respaldó la obligación aquí cobrada, los ejecutados ya eran, de tiempo ha, propietarios del inmueble materia del litigio, siendo ello razón que impide concluir que el crédito base de recaudo hubiese tenido génesis la adquisición de la dicha vivienda, se impone la conclusión de que la presente actuación no puede verse regulada por los efectos legales de la Ley 546 de 1999.” Así las cosas, la sentencia objeto de impugnación acertó al denegar el amparo constitucional, por lo que debe ser, en consecuencia, confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas.

Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo. “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”. Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL ACLARACIÓN DE VOTO Del Magistrado: CARLOS ISAAC NADER RADICACIÓN No. 17657 Ponentes: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DÍAZ Aun cuando estoy de acuerdo con la decisión de negar el amparo solicitado, debo dejar aclarado mi voto, por cuanto, como lo venía sosteniendo unánimemente esta Sala de Casación, no procede la acción de tutela contra decisiones judiciales.

A la copiosa, ponderada y muy juiciosa jurisprudencia, decantada durante todos estos años, me remito para no redundar. Con la tranquilidad que me respalda esa coherente postura de la Corte hoy abandonada por la mayoría, insisto en que ningún juez de la república, por encumbrado que sea, está autorizado para revisar los fallos judiciales por fuera de los recursos consagrados en la ley, so pretexto de una defensa de un derecho constitucional.

Primero, porque igualmente tienen esa naturaleza, y tal vez en grado superlativo en una democracia constitucional en construcción como la colombiana, el valor de la seguridad jurídica y el derecho a obtener una sentencia definitiva en los procesos judiciales. En segundo lugar, porque no hay hombres infalibles, de manera que el error de los jueces es una posibilidad que las partes en un proceso asumen cuando optan por someter al arbitraje del Estado a través de la jurisdicción y renuncian a la composición directa del conflicto.

Por último, el hecho de que ese funcionario se vista con una toga distinta y un emblema con ribetes diferentes, no muta per se su naturaleza humana, mucho menos por virtud de esa nueva vestimenta puede aspirar al soplo divino de la clarividencia y el acierto, y creer ingenuamente que en un angustioso término como el dispuesto para definir un amparo constitucional, puede aprehender la certeza que los hechos muestran y que tuvieron la oportunidad de pasar por el cedazo prudente de uno de sus pares, quien, bajo las reglas de juego dispuestas por los códigos procesales, tuvo mejores oportunidades para aproximarse a la verdad objetiva.

CARLOS ISAAC NADER PAGE 14