CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tutela 413 ANA MARIA ROBLEDO JARAMILLO República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA N° 17455 Marco Aurelio Prieto Soto CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¡Error!Marcador no definido. SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado Acta N° 072 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004).

VISTOS Procedería la Sala a resolver el recurso interpuesto por MARCO AURELIO PRIETO SOTO contra el fallo del 7 de julio del año en curso, por medio del cual el Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo solicitado a sus derechos fundamentales, si no se observara que en la primera instancia se incurrió en irregularidad sustancial que afecta de nulidad la actuación cumplida ASPECTOS RELEVANTES 1.- El argumento fundamental en que se sustenta el actor para la interposición de esta acción constitucional se contrae a reprochar la vulneración de sus derechos fundamentales en que habría incurrido la Fiscalía instructora y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta ciudad en la actuación penal en la cual fue condenado por el delito de falsedad material de particular en documento público y por el cual fue condenado a la pena de 36 meses de prisión. Pone de presente, que en la etapa de la investigación se omitió tanto la práctica de las pruebas que le favorecían como el análisis del material probatorio, lo que hace que esa actuación y las decisiones proferidas en el curso de la misma, al igual que la sentencia condenatoria proferida en su contra se constituyan en una vía de hecho judicial.

Resalta que careció de defensa técnica al haber sido oído en indagatoria sin abogado defensor y no se le reconoció la ayuda eficaz que prestó como la confesión que realizó. Por ello solicita se reconozca las circunstancias de menor punibilidad y en referencia al delito de uso de documento público falso que fue el que cometió y por el cual fue condenado, se reconozcan las rebajas de pena por colaboración eficaz y confesión y se defina si es autor o partícipe.

Aduce que acude a esta acción, ya que la acción de revisión tardaría en ser resuelta en un tiempo superior al que le falta para cumplir la condena. 2.- Mediante providencia de fecha7 de julio del presente año, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió negar el amparo a los derechos fundamentales del accionante, el que fue por él impugnado siendo concedido el recurso mediante auto del pasado 22 de julio.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Sería del caso que la Sala procediera a estudiar la apelación propuesta, si no observara que durante el trámite y decisión de la presente acción de tutela se incurrió en irregularidad sustancial que afecta la validez de la actuación surtida. En efecto, porque no obstante haberse extendido hacia la Fiscalía 193 de la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública con sede en esta ciudad la alegada omisión generadora de agravio en que se apoya la acción de tutela, lo cierto es que esta autoridad judicial no ha sido legalmente vinculada al presente trámite, o lo que es lo mismo, al no haberlo sido no se puede tener por debidamente integrado el contradictorio, máxime si a ella correspondería en caso de prosperar el amparo, el cumplimiento de la orden que como consecuencia de ello extendiera la jurisdicción constitucional.

De conformidad con la preceptiva del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, todas las providencias que se profieran en el ejercicio de una acción de tutela “ se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz ”, y de acuerdo con el artículo 5° del Decreto Reglamentario 306 de 1992, en armonía con el articulo 13 del mentado 2591, para tales efectos “ son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela ( ).” Así, para tener por debidamente integrado el contradictorio a la mencionada autoridad debió notificársele la iniciación de la presente acción de tutela y las providencias que durante su trámite se emitieron; como así no se hizo, la conclusión razonable a la que sin dificultad se llega es que, se ha vulnerado tanto el debido proceso como su derecho de defensa, al negarle la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos que constituyen el fundamento de la pretensión del accionante.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, al menos por ahora, a dicha dependencia judicial, se atribuye de igual manera la presunta omisión de cumplir las formas propias del proceso, que se dice ha causado perjuicio al actor. Para que se integre el contradictorio en la forma que viene de precisarse, imperioso se impone la invalidación de la actuación cumplida desde el auto por cuyo medio se asumió el conocimiento de la acción constitucional, inclusive, conservando validez todo lo que de ella no dependa.

Así las cosas, sin necesidad de consideraciones adicionales se decretará, la nulidad de lo actuado a partir del auto del pasado 24 de junio, inclusive, por medio del cual se avocó el conocimiento de la actuación por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que se proceda a introducir el correctivo legal que deje a salvo los derechos de la también autoridad accionada, aún no vinculada al presente trámite.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, RESUELVE 1.- DECLARAR LA NULIDAD de la actuación cumplida, a partir, inclusive, del auto del pasado 24 de junio por cuyo medio se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela, conservando validez las pruebas practicadas. 2.- Devolver la actuación a Tribunal de origen para el trámite subsiguiente a la decisión anulatoria. 3.- Notificar lo aquí decidido conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

Cúmplase. HERMAN GALÁN CASTELLANOS SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUÍZ NÚÑEZ Secretaria 8 6