SALA DE CASACIÓN LABORAL República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 17389 SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente Doctor LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ Radicación 17389 Acta No.6 Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil siete (2007). Se procede a resolver la impugnación presentada por la señora Teresita Barrera Madera contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela que la recurrente instauró contra la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. I.

ANTECEDENTES Se Plantea en el escrito de tutela, que Teresita Barrera Madera se desempeño como Fiscal Seccional desde el 8 de febrero de 1994 hasta el 30 de abril de 2003, fecha en que fue declarada insubsistente; que su salida tuvo que ver con las presiones que recibió por parte del entonces Director Seccional de Fiscalías para que profiriera una resolución de preclusión en el proceso conocido como “MAALULA”; que la providencia finalmente fue emitida por el entonces Coordinador de la Unidad Quinta, pero la segunda instancia, previo fallo de tutela que ordenó desatar la impugnación interpuesta por la Aseguradora Colseguros S.A., en su condición de denunciante y victima de los presuntos delitos de estafa y falsedad, revocó la decisión y llamó a juicio al representante legal de MAALULA.

Señaló que hizo manifestación de estos mismos hechos a través de declaración extrajuicio que sirvió de base para adelantar un proceso penal contra los entonces Director Seccional de Fiscalías de Bogotá y el Coordinador de la Unidad Quinta de Patrimonio y Fe Pública; que la investigación contra el director seccional la asumió la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema y terminó con providencia inhibitoria y la orden de que se iniciara en su contra un proceso por delitos contra la administración de justicia. Afirmó que el proceso contra el Coordinador de la Unidad Quinta de Patrimonio se adelantó ante la Fiscalía 41 Delegada ante el Tribunal de Bogotá y una vez tuvo conocimiento que el funcionario sindicado fincó su defensa con ataques constantes contra su dignidad profesional y en una serie de “ artilugios ” de los cuales creyó poseer prueba en contrario, se constituyo en parte civil.

Que presentó la demanda por el interés que le asiste en que se haga justicia y se conozca la verdad, porque no concibe “ que la cobija de la corrupción se extienda sobre las actuaciones de funcionarios, y quienes tenemos la posibilidad de detener, así sea mínima mente su proliferación, nos quedamos inermes ante su ataque ”. Adujo que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal aceptó su solicitud para actuar como parte civil dentro del sumario adelantado por el delito de prevaricato contra el fiscal David de J. Rincón Sánchez, pero la fiscalía accionada revocó la decisión y rechazó su participación como parte civil dentro del referido proceso, porque no descubrió cual era su interés dentro de la actuación; que con esta decisión el ente acusador omitió el análisis que sobre este tópico contempla la sentencia C-228 del 3 de abril de 2002 de la Corte Constitucional.

Finalmente señaló que impedirle actuar como parte civil dentro del proceso adelantado contra el citado fiscal, le causó un perjuicio irremediable, máxime ahora, cuando la Fiscalía Cincuenta y nueve Seccional dispuso abrir instrucción en su contra como consecuencia del de la declaración que rindió ante notario. En consecuencia, acude la petente al presente mecanismo de amparo constitucional, a efecto de que se le protejan sus derechos a la defensa, acceso a la justicia, debido proceso, dignidad humana, honra y buen nombre y que se declare la nulidad de la providencia de fecha 2 de noviembre de 2005, por medio de la cual la Fiscalía Curta Delegada a la Unidad Nacional de Fiscalías, Delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión emitida por la Fiscalía Cuarenta y uno Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y se disponga confirmara la decisión de la última de las citadas.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE PRIMER GRADO La petición de amparo constitucional fue tramitada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien puso fin a la primera instancia mediante fallo del 30 de noviembre de 2006, denegando la protección solicitada al advertir que no le es permitido al juez de tutela entrar a abogar por una interpretación determinada o por la que alega la accionante o por cualquier otra plausible pues ello comportaría invadir la orbita del funcionario competente, ya que tratándose de una controversia judicial es a él a quien compete definirla; justamente esos razonamientos impiden calificar la determinación adoptada como arbitraria o antojadiza y, por tanto, no puede tildarse como constitutiva de vía de hecho.

III. DE LA IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión la accionante la impugnó, reitera algunos argumentos planteados en su escrito de tutela y solicita que se declare la nulidad de lo actuado en la primera instancia, en este trámite de tutela, por cuanto su notificación se llevó a cabo por telegrama sin que obre en el expediente ninguna señal de que ésta se cumplió efectivamente.

IV. CONSIDERACIONES Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, que para ser ejercida no exige requisito formal alguno. Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera.

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución, o que por conexidad se encuentren consagrados en otros acápites de dicha normatividad. Ahora bien, tratándose de providencias judiciales, en principio la Carta no previó la utilización de este mecanismo judicial; fue el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, el que concibió la posibilidad de atacar las decisiones de los jueces, incluidas las que pusieran fin a la instancia correspondiente.

No obstante ello, la Corte Constitucional en el estudio pertinente, determinó la inexequibilidad de la referida disposición, al pregonar la figura de la Cosa Juzgada y la independencia de la Rama judicial, señalando en algunos de los apartes de la Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, lo siguiente: “ La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.

El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.

En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho -"non bis in idem"-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado.

Aunque se admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas, fuera procedente la acción de tutela para que un juez impartiera órdenes a otro en relación con las providencias proferidas por su Despacho, tal posibilidad de todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la inequívoca consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del litigio.

No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. Se hace posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias.

De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias.

Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente.

En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte...”.

Y es que en efecto, las determinaciones emitidas dentro de un proceso, ya ordinario, ora especial, gozan de presunción de legalidad al igual que los actos administrativos y, por ende, han de respetarse y acogerse por quienes de manera libre y voluntaria acuden a la administración de justicia buscando la solución a sus conflictos. Así las cosas, las partes deben someterse a las decisiones que dentro del trámite del respectivo proceso adopte el funcionario judicial, sin que sea viable pretender su desconocimiento alegando atropello alguno, porque no se ajusten al querer de éstas; la firmeza de tales providencias, es también una garantía de orden constitucional, prevista en el artículo 29 de la Carta, que consagra el deber de brindar un juicio con el lleno de las formalidades propias de éstos.

Por lo demás, como lo ha sostenido esta Sala desde la sentencia de Marzo 2 de 1998, radicación 3103: “ …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.

Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas. Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.” Por lo anterior, es que no puede esta Sala de la Corte inmiscuirse en el trámite de un proceso que ha revestido todas las formalidades de su rango, para dejar sin efecto la decisión cuestionada, y de paso la actuación surtida, suplantando así al juez natural.

De otro lado, en lo que hace referencia a la solicitud de declarar la nulidad por cuanto la notificación del auto de admisión de tutela se hizo a través de telegrama sin que de la misma quedara constancia alguna en el expediente y porque la citada decisión es de 20 de diciembre de 2006 y el telegrama se envió el 25 del mismo mes y año, considera esta Sala que en virtud de la celeridad que exige el trámite de amparo constitucional, la notificación puede hacerse por el medio más expedito sin que requiera ninguna ritualidad especial, artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, siempre y cuando se garantice el derecho de defensa y contradicción, lo que es claro, se logró en el caso que nos ocupa.

En consecuencia, y sin que sean necesarias otras consideraciones, se confirmará el fallo impugnado, reiterándose que la tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de obtener una solución a sus conflictos de mero rango legal, o para debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios de un proceso ordinario o especial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- No declarar la nulidad solicitada SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por Teresita Barrera Madera contra la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. TERCERO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

CUARTO. - REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria