CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA N° 17360 JUAN CARLOS MARTÍNEZ MAZO República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA N° 17360 JUAN CARLOS MARTÍNEZ MAZO República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta Nº 069 Bogotá D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004).

V I S T O S Decide la Corte la impugnación que presenta el apoderado del accionante JUAN CARLOS MARTÍNEZ MAZO contra la sentencia del pasado 15 de junio, mediante la cual el Tribunal Superior de Cali negó la tutela instaurada en contra del Juzgado 15 Penal del Circuito y la Fiscalía 69 seccional de la misma ciudad, por supuesta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Los hechos que motivaron la solicitud de amparo, se sintetizan en la inconformidad del apoderado del actor con la sentencia de condena proferida el 12 de marzo del año en curso por el despacho judicial demandado, dentro del proceso penal que se adelantó en contra de su prohijado por el delito de estafa y por el cual fue condenado a la pena principal de 18 meses de prisión. Concreta la violación a los derechos fundamentales de su representado por parte de las autoridades accionadas, a que tanto en la fase de instrucción como de juzgamiento se efectuó una desacertada adecuación típica de la conducta por la cual fue investigado el actor y las decisiones emitidas en la actuación se fundamentaron en pruebas inexistentes.

Resalta que quienes fungieron como defensores de oficio del accionante faltaron a su deber ya que su actuación dentro del proceso fue nula, en detrimento de los derechos del accionante. Por lo anterior, solicita decrete la nulidad de lo actuado, inclusive desde cuando se decretó la apertura de la investigación previa por cuanto la conducta imputada a su representado es atípica y se ordene la libertad del accionante.

EL FALLO DEL TRIBUNAL El Tribunal a quo considera que la propuesta de amparo no es procedente, en cuanto que la tramitación del proceso seguido en contra del actor se efectuó con apego a la legalidad, donde se le declaró contumaz ante la imposibilidad de ubicarlo dado que se residenció en sitio diferente al departamento y ciudad de origen conforme lo declaró, fijando su residencia en la ciudad de Barranquilla, sitio nunca referenciado en el trámite procesal.

Dicha circunstancia, consentida por el procesado, no le permitió controvertir las pruebas o designar un defensor, lo que fue provisto en forma oficiosa en procura de garantizarle sus derechos, razones suficientes para negar el amparo constitucional solicitado. LA IMPUGNACIÓN Inconforme con la determinación, el apoderado del demandante la recurre aduciendo, a más de los argumentos en que fundamento su inicial demanda, que ningún reproche merece el comportamiento de su prohijado, por lo que se pretendió edificar una sentencia condenatoria con un comportamiento que es atípico.

Finalmente indica que la pasividad de los abogados que ejercieron la defensa del accionante fue patente, lo que en sentido contrario habría favorecido a su poderdante, por lo que reitera las pretensiones de la inicial demanda, requiriendo en consecuencia, se revoque el fallo proferido. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La determinación del Tribunal de Cali se confirmará por las siguientes razones: Es del caso reiterar, una vez más, que los parámetros señalados por el propio legislador y plasmados en el Decreto 2591 de 1991 sobre la procedencia de la acción de tutela y la declaratoria de inexequibilidad del artículo 40 de la misma normatividad, mediante sentencia C-543 del primero de octubre de 1992, por parte de la Corte Constitucional, son elementos suficientes para que la Sala ratifique su criterio sobre la imposibilidad de que por esta vía el juez constitucional pueda tener injerencia en las actuaciones judiciales que se encuentran sometidas al imperio de la cosa juzgada, o de las que se dictan en desarrollo de la ejecución de la pena.

Sin embargo, y aunque jurisprudencialmente se ha admitido en casos muy excepcionales la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales ante la comprobada existencia de vías de hecho, eso no significa que en todos los casos sea admisible o que por virtud a dicha tesis se hayan revivido las disposiciones cuya contrariedad con el ordenamiento Superior ya fue declarada y cuenta con el status de cosa juzgada constitucional, pues la regla general, por esa prohibición continúa siendo la de que no es viable frente a esa clase de actuaciones.

Precisamente, por ello, su condición de última ratio impone estudiar cada situación particular a efectos de que una vez verificada su ocurrencia, no pueda llegarse a conclusión diversa que se hace imprescindible la intervención del juez constitucional para conjurar el agravio o la amenaza que se cierne sobre esta clase derechos subjetivos, ya que de lo contrario se desbordarían las competencias generándose de esta manera un caos institucional debido a la inseguridad jurídica que una tal situación comporta.

Se ha dicho que desatinado resulta tomar la tutela como mecanismo para controvertir las decisiones judiciales, al punto que pueda asumirse como un recurso más y, especialmente, como se muestra en este caso particular, cuando se ejerce luego de culminado un proceso judicial, en el cual, se garantizó a los sujetos procesales su participación procesal y el ejercicio de los derechos y facultades que legalmente se les han conferido, tal como acertadamente lo estableció el Tribunal a quo.

El carácter sumario y preferente que el legislador quiso otorgarle a este trámite, no es patente para que, so pretexto de acusar la violación de un derecho fundamental, se traspasen los linderos propios de las actuaciones judiciales, se creen procesos alternativos a los ordinarios o especiales y se permita al juez constitucional revisar las decisiones del juez natural.

Hacerlo es atentar contra la seguridad jurídica, el debido proceso y la autonomía judicial. Estas consideraciones se hacen suficientes para que en criterio de esta Sala deba confirmarse la decisión objeto de impugnación, como quiera que lo pretendido por el peticionario, no es más que obtener que el juez constitucional vuelva sobre un proceso judicial ya definido, con el pretexto de evidenciar la omisión en la valoración probatoria y la presunta ausencia de defensa técnica, no obstante el accionante tuvo la oportunidad de conocer permanentemente en el curso del proceso las determinaciones que en el se adoptaron a través de su representante judicial y contó con la asistencia precisamente de un defensor, quien además tuvo la posibilidad de manifestar su inconformidad frente a las decisiones adoptadas en contra de los intereses de su defendido, no siendo éste el medio adecuado para calificar la estrategia defensiva en su oportunidad adoptada, no observándose la existencia de manifiesta ilegalidad en la actuación que justifique la eventual y excepcional intervención del juez de tutela.

Además, considerar y determinar en esta instancia si el criterio jurídico adoptado por los funcionarios de conocimiento en las etapas del proceso fue acertado o no o si se acompasaron con su deber funcional, escapa al ámbito de competencia del juez constitucional, como también lo es el análisis del criterio valorativo que sobre el compendio probatorio se efectuó, ya que ello corresponde a los funcionarios del conocimiento basados en los medios de prueba que tienen a su disposición como en las tesis planteadas por los sujetos procesales, procediendo la tutela sobre sus determinaciones si ellas son producto de una vía de hecho, no así, cuando son el producto de un juicio ponderado, como evidentemente sucedió en este caso.

Se reitera que, el hoy condenado a través de su defensor, como éste, tuvieron la oportunidad de controvertir los aspectos en los que apoyan su demanda al interior del proceso, lo que se reitera no aconteció, al punto que no fue impugnada la sentencia condenatoria proferida quedando debidamente ejecutoriada, no pudiendo inferirse válidamente, que el no adoptarse la posición jurídica que ahora esgrimen, tiene la virtud de erigirse en factor vulnerador de sus derechos fundamentales o de causa de un perjuicio irremediable, cuando es evidente conforme a lo enunciado que ello no es así, mucho menos pretenderse con fundamento en ello, que se decrete la nulidad de una actuación en donde se garantizaron en forma plena las garantías inherentes a la ritualidad procesal y por ende los derechos de los sujetos que en ella intervinieron.

Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de cuestionamiento. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, R E S U E L V E 1.- CONFIRMAR el fallo objeto de impugnación. 2.- REMÍTASE el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3.-

NOTIFÍQUESE de conformidad con lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cúmplase. HERMAN GALÁN CASTELLANOS SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANES YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria PAGE 8