Acción de tutela No. 16840 Manuel Guillermo Chavarriaga Ramírez Acción de tutela No. 16840 Manuel Guillermo Chavarriaga Ramírez CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA Aprobado Acta No. 49. Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil cuatro (2004). VISTOS Se pronuncia la Sala en torno a la acción de tutela instaurada por MANUEL GUILLERMO CHAVARRIAGA RAMÍREZ, por presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, en contra de una sala de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
FUNDAMENTOS DE LA ACCION 1. El Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá, al decidir en sentencia de 29 de marzo de 2000 el proceso ordinario propuesto a través de apoderada por MANUEL GUILLERMO CHAVARRIAGA RAMÍREZ contra la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAD “CAXDAC”, condenó a la demandada a reliquidar la pensión de jubilación del actor desde el 7 de diciembre de 1991; pagar la suma de $87.577.373.62 por mesadas causadas y reajustadas hasta el mes de febrero de 2000, fijando la cuantía de la pensión desde el 1º de enero de este año en $2.886.777.32.
Apelado el anterior fallo por la parte vencida, una Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá la modificó y revocó en la suya de febrero 28 de 2002, en el sentido de ordenar que la reliquidación operaba desde el 10 de diciembre de 1992 y que el reajuste de las mesadas causadas entre esta fecha y el 31 de diciembre 1994 era de $4.744.114.76.
Posteriormente y por solicitud de la parte demandante, mediante sentencia complementaria de mayo 10 de ese mismo año, el Tribunal aclaró la sentencia, en el sentido de que quedaba a salvo lo referente a los reajustes de ley de la pensión del demandante a partir del año de 1995. Interpuesto el recurso extraordinario de casación por los apoderados de ambas partes, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el 26 de marzo de 2004 no casar la sentencia proferida por el Tribunal. 2.
Acusando a esta Corporación y al Tribunal de haber incurrido en vías de hecho al adoptar los fallos reseñados, MANUEL GUILLERMO CHAVARRIAGA RAMÍREZ promueve acción de tutela a través de apoderada, con la pretensión por que se proteja su derecho fundamental al debido proceso y se ordene a las accionadas que profieran una decisión conforme a derecho que imparta confirmación a la sentencia del Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La acción de tutela propuesta a través de apoderada por MANUEL GUILLERMO CHAVARRIAGA RAMÍREZ, será rechazada, de conformidad con la postura adoptada por la Corte en numerosos pronunciamientos, que ahora se reiteran.
Esta Corporación ha dicho que, en tanto la acción de tutela se dirija, como en este caso, a cuestionar una sentencia de casación dictada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, es decir, el órgano límite donde se agota la posibilidad de revisión de los fallos dictados en esa materia, se impone el rechazo del libelo.
Respecto de esta clase de providencias, la Corte viene en sostener que “ son intangibles e inmutables, y por ello serán las únicas que se reconocerán por esta Corporación como jurídicamente válidas para los efectos legales ” (sesión de Sala Plena de 5 de marzo de 2.001, Acta No. 5). Entre los numerosos pronunciamientos que se han emitido en ese sentido, se citan los autos proferidos en los asuntos radicados bajo los Nos. 15.286 y 13.396 de marzo 19 de 2002 (M.P. Pérez Pinzón y Toro Correa, respectivamente).
En tales pronunciamientos se dejó en claro que, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Carta Política, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en cuanto que su primera atribución es la de actuar como tribunal de casación, y, por tanto, cuando esta Corporación se pronuncia en tal condición queda por completo descartada la posibilidad de que sus decisiones sean revisadas por otro funcionario judicial.
De manera concreta, en el primer pronunciamiento sostuvo la Sala lo siguiente: “ Fundamentalmente del artículo 29 de la Constitución Política, como especie del debido proceso, surge el principio de la cosa juzgada, que con su historia y actualidad se caracteriza por la inmutabilidad, definitividad, ejecutoriedad y obligatoriedad del fallo judicial.
Este axioma, que ciertamente admite eventuales excepciones (por ejemplo, la acción de revisión y el principio de favorabilidad), no puede ceder ante hipótesis no previstas en la Constitución ni en la ley. En efecto, si los ejemplos citados son excepciones, se debe a que la propia normatividad los prevé como tales, lo que no sucede con la acción de tutela, pues que en parte alguna del ordenamiento aquella hace referencia al preciado mecanismo como otra de las excepciones legales a la cosa juzgada, quizás exclusión hecha de que por caso presentada una demanda en búsqueda de amparo contra la Corte Suprema de Justicia, ella misma, y solo ella, y jamás otro organismo, sería la encargada del trámite correspondiente, dentro de su propio seno. Y por extensión, analogías o parecidos –si de ello se tratara-, no podrían ser creadas excepciones al principio constitucional.
La cosa juzgada, entonces, por las características enunciadas, es soporte de otro principio universal del derecho: seguridad jurídica. La conclusión de este punto resulta fácilmente entendible: debido a que la ley no prevé el amparo como salvedad a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, es impensable la tutela por medios extraños respecto de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. Hacerlo sería tanto como creer que ésta, máxima jerarquía de la jurisdicción ordinaria –con funciones constitucionales como las explicadas atrás- por medio de la tutela desconociera la alteza de una decisión del Consejo de Estado, máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa, o de la Corte Constitucional, máximo poder de la jurisdicción constitucional, excepto, en ambos casos, frente a las actuaciones judiciales-constitucionales que la propia Carta ha entregado a la Corte Suprema de Justicia. Hacer lo contrario no es más que desbordamiento de funciones, imposición de criterios, es decir, autoritarismo puro y, por supuesto, negación del Estado de Derecho, requisito que sigue siendo esencia del Estado Social y Democrático de Derecho ”.
Por su parte, la Sala de Casación Laboral puntualizó: “ La proliferación de tutelas contra fallos de casación, proviene de la incomprensión acerca de los cometidos institucionales a que ella corresponde lo que ha sido auspiciado por la propia jurisprudencia constitucional en una aplicación inapropiada y desintegradora del ordenamiento jurídico.
Los razonamientos a que se acude en este tipo de decisiones de tutela permiten comprobar que se trata más de juicios al sistema que reales atentados a los derechos fundamentales. Luego si los ordenamientos casacionales no desarrollan los principios y valores consagrados en la Constitución, como se les juzga en este tipo de decisiones, lo políticamente correcto sería reformarlos y no mantenerlos para seguir acusándolos a través de la tutela con los costos que para el sistema democrático, el poder judicial y la confianza en general ello implica.
La necesidad de encontrar a un órgano superior el fin de las decisiones judiciales en materia civil, laboral y penal y la legitimidad que encarna dentro de esas ramas la Corte Suprema de Justicia, llevó al constituyente de 1.991 a erigir a esta corporación en ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’, así está plasmado paladinamente en el artículo de la Constitución Política en comento, que no admite una lectura diferente de la que fluye en ese claro precepto superior.
Es elemental que si hay un organismo máximo, las decisiones que él profiera de ninguna manera y bajo ningún pretexto pueden ser revocadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad porque la propia Constitución les da el sello de intangibilidad; ellas son las últimas y las definitivas dentro de la respectiva especialidad, por consiguiente, las decisiones que en ese especial carácter profieran las Salas de la Corte Suprema se consideran acertadas y legítimas, no porque esta Corporación les asigne tal condición, sino porque es la propia Carta fundamental que lo discierne al situarla en la cúspide de la jurisdicción ordinaria ”.
La anterior postura ha sido reiterada por esta Sala y la Civil de esta Corporación, entre otras, en decisiones del 2 y 7 de mayo, Y 25 de junio de 2002, dentro de las acciones de tutela Nos. 11.046, 1100102030002002-0086-01 y 11488, con ponencias de los doctores Pinilla Pinilla, Bechara Simancas y Córdoba Poveda. Como bajo tales supuestos se impone rechazar la tutela incoada contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no se dispondrá la remisión de las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, pues es evidente que en este evento no se está profiriendo fallo de fondo, que es lo que se remite a tal revisión, según se establece de los artículos 86, inciso 2º, de la Constitución, y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Sobra decir que contra esta determinación no procede ningún recurso, precisamente porque la impugnación está establecida dentro del trámite de la acción de tutela únicamente para el fallo de fondo (artículo 31 del decreto 2591 de 1991). En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
Rechazar la acción de tutela interpuesta a través de apoderada por MANUEL GUILLERMO CHAVARRIAGA RAMÍREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. HERMAN GALÁN CASTELLANOS JORGE A. GÓMEZ GALLEGO ALFREDO GÓMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO O. PÉREZ PINZON MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE L. QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria PÁGINA 10