CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 8 Tutela 16785 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS Tutela Expediente No. 16785 Acta N° 78 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil seis (2006). Resuelve la Corte la impugnación formulada por ORLANDO GODOY VARÓN y FANNY LEÓN CHÁVEZ contra el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 2 de octubre de 2006.

I-.

ANTECEDENTES. - 1-. Orlando Godoy Varón y Fanny León Chávez instauraron acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Superintendencia Bancaria y el Banco AV Villas, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales del debido proceso, de igualdad, defensa, vivienda digna, buena fe, buen nombre comercial, acceso a la administración de justicia, el principio de confianza entre las partes y por la violación al artículo segundo del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 25 de la Convención Americana de los derechos humanos, que estima vulnerados con la providencia, que revocó la proferida por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual había decretado la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario que adelantó en contra de los accionantes, la Corporación de Vivienda AHORRAMÁS, conforme el parágrafo 3º, artículo 42 de la ley 546 de 1999.

Como apoyo de su pedimento indicó que adquirió un crédito para vivienda con la Corporación de Vivienda AHORRAMÁS. La acreedora instauró demanda ejecutiva aduciendo mora del deudor, este último quien solicitó la nulidad y terminación del proceso como lo dispone el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. El Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá declaró la nulidad del proceso antes citado y decretó su terminación, decisión que fue revocada por la corporación accionada y en su lugar ordenó la continuación del trámite, por lo que se configuró una vía de hecho. 2-.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo deprecado por improcedente, por cuanto el accionante en el curso del proceso contó con todas las oportunidades que le brinda la ley para la protección de sus derechos, no siendo la tutela un mecanismo paralelo de defensa judicial. Igualmente consideró que no aparecía acreditado el “acuerdo” exigido por la ley 546 de 1999 para que operara la terminación del proceso, como tampoco que la imputación del alivio hubiera alcanzado a satisfacer las cuotas causadas a 31 de diciembre de 1999. 3-.

Inconforme los accionantes impugnaron el fallo anterior, en el que no manifestaron la razón de su inconformidad. II-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE El objetivo fundamental de la acción de tutela, como mecanismo excepcional con procedimiento preferente y sumario, es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la Constitución y la ley, y su eficacia se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa.

Conforme se advirtiera en precedencia, la parte accionante busca dejar sin efectos la determinación adoptada por la autoridad judicial accionada dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por la CORPORACIÓN DE VIVIENDA AHORRAMÁS y solicita se decrete la “nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Av.

Villas en nuestra contra y consecuencialmente, ordene declarar terminado el mismo, levantando las medidas preventivas decretadas y practicadas”. Sin embargo, tal como lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación, no corresponde al juez de tutela inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, profiriendo resoluciones o mandatos que interfieran la actuación ordenada por el juez de conocimiento como conductor del proceso, ni modificar o revocar las providencias judiciales por él dictadas o indicar de que debe adoptar determinada resolución, como que tal posibilidad está excluida de plano en virtud de los principios de autonomía e independencia funcionales contemplados en los artículos 228 y 230 de la Carta Política y porque, además, ello implicaría vulnerar lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 446 de 1998.

En efecto: El principio de la autonomía de los jueces encuentra su consagración constitucional en el artículo 228 de la Carta Política. Este claro mandato superior preserva tanto el respeto a las decisiones de los órganos constituidos – fundamentalmente el Congreso de la República- como que las decisiones judiciales no se orienten por el criterio personal de los administradores de justicia sino por la ley que están llamados a acatar.

Cuando las prescripciones legales son claras y han sido declaradas avenidas a la Carta Política no pueden ser cambiadas por la opinión de ningún juez, sin importar su nivel en la organización judicial. El cumplimiento de la ley dictada por la autoridad competente es la verdadera garantía de igualdad, es el auténtico antídoto contra el capricho judicial y la fuente inequívoca de seguridad jurídica.

La defensa de la autoridad del órgano que dicta las leyes y del contenido de éstas, antes que una postura jurisprudencial inconsistente, es el cabal acatamiento de un diáfano precepto constitucional, ese sí de ineludible cumplimiento, con carácter perentorio al exigirle al juez que “sólo” le deba obediencia a la ley, lo que descarta la sumisión a quien pretenda desconocerla o ignorarla.

Este postulado constitucional implica entonces, que las decisiones de los jueces no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del proceso, que carece de competencia para decidir sobre el asunto en cuestión, de ahí que no encaje en nuestro orden constitucional, como lo sostiene la propia Corte Constitucional, un sistema que permita al juez de tutela invadir el ámbito de otras jurisdicciones para decidir puntos de derecho cuyo conocimiento la propia Carta ha reservado al conocimiento de éstas.

Las siguientes son sus palabras: “Como se puede advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y separadas (Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas.

Considerar que semejante opción se aviene a lo preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad vigente.” (sentencia C-543/92) Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión impugnada. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1-.CONFIRMAR la sentencia proferida por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de fecha 2 de octubre de 2006, dentro de la acción de tutela promovida por ORLANDO GODOY VARÓN y FANNY LEÓN CHÁVEZ contra LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. 2-.

Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3-. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. Eduardo López Villegas GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER Luis Javier Osorio López FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ marÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria