República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 16503 PAGE República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 16503 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ISAAC NADER ACTA No. 71 RADICACIÓN No. 16503 Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil seis (2006) Resuelve esta Sala de la Corte, la impugnación presentada por ALFONSO GABRIEL MIRANDA BUELVAS, en su calidad de JUEZ ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2006 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, integrada por JHON JAIRO ACOSTA PÉREZ, JUAN GUILLERMO ZULUAGA y MARGARITA MARÍA SEPÚLVEDA, que concedió la tutela dentro de la acción promovida por LUIS GONZAGA CARDONA CUARTAS y HÉCTOR GUILLERMO ATEHORTÚA ÁLVAREZ contra el JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN. I.

ANTECEDENTES LUIS GONZAGA CARDONA CUARTAS y HÉCTOR GUILLERMO ATEHORTÚA ÁLVAREZ instauraron acción de tutela contra el JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por considerar violado su derecho fundamental al debido proceso. Como hechos que fundamentan su petición de amparo señalaron, entre otros, los siguientes: que LUIS GONZAGA CARDONA CUARTAS, en su calidad de pensionado del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, demandó a este último por conducto de su apoderado judicial, HÉCTOR GUILLERMO ATEHORTÚA ÁLVAREZ, con el ánimo de obtener el incremento del 14% de su pensión de vejez, por cónyuge a cargo; que por reparto, conoció del mencionado proceso el JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, que profirió sentencia absolutoria el 9 de mayo de 2006, toda vez que no se allegó el Registro Civil de Matrimonio que acreditara a MARÍA DEL CARMEN MARÍN PÉREZ como cónyuge del demandante; que por tratarse de un proceso de “doble instancia” en el que se dictó fallo desfavorable a sus intereses, y no obstante no haberse interpuesto en tiempo recurso de apelación por encontrarse el apoderado “fuera de la ciudad ”, debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta, y que hasta la fecha de presentación de la tutela, el juzgado accionado no ha dado trámite para que el mismo se surta.

En consecuencia, solicitó a través de este mecanismo preferente y sumario “se acepte esta ACCION DE TUTELA CONTRA LA SENTENCIA Nro. 196 DEL 2006 ( ) SE DECRETE QUE SE HA VIOLADO EL DERECTO (sic) A ACUDIR A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL INSTANTE EN EL QUE SE FALLA ABSOLVIENDO AL ISS DE PAGAR EL INCREMENTO DEL 14% A LA CÓNYUGE DEL PENSIONADO ( ) se falle en segunda instancia tal y como se propuso al instaurar inicialmente la demanda de DOBLE INSTANCIA y se reconozca a la señora MARÍA DEL CARMEN MARÍN PÉREZ como cónyuge beneficiaria del pensionado LUIS GONZAGA CARDONA CUARTAS, con derecho a que se le reconozca el incremento del 14% por depender del pensionado”.

La SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, en sentencia del 3 de abril de 2006, concedió el amparo solicitado, y en ese sentido ordenó a la autoridad judicial accionada “remitir el proceso laboral instaurado por el señor Luis Gonzaga Cardona Cuartas radicado 2004-01013, para que surta el grado jurisdiccional de consulta”.

La autoridad judicial accionada presentó escrito de impugnación en el que manifiesta que en su concepto, las providencias que se profieran dentro de procesos referentes a Seguridad Social, no son susceptibles del grado jurisdiccional de consulta, pues no se les puede aplicar por analogía el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral.

II. CONSIDERACIONES Como quiera que la petición planteada en el escrito de tutela, va encaminada, sin lugar a dudas, a modificar una situación procesal definida mediante una decisión judicial, carece el juez de tutela de competencia para interferir en la tramitación cuestionada. En efecto, repugna a la seguridad jurídica, pilar del Estado de Derecho, aún del denominado Social, la indebida injerencia de un juez en la actividad legítima de otro, por muy loable función atribuida en la Constitución. Solamente por virtud de los recursos ordinarios y extraordinarios puede un despacho judicial revisar las decisiones de otro, en ejercicio de la competencia funcional.

Así mismo, de manera específica y excepcional, en los códigos de procedimiento se inviste a algunos jueces para que califiquen ciertas determinaciones de uno de sus pares, como en el caso de los impedimentos o recusaciones, por ejemplo. La interpretación de la ley es una función que corresponde al juez en cada caso concreto. Para tal efecto, la Carta Fundamental lo dota de plenas garantías, a fin de que defina, de manera autónoma, libre de imposiciones, el alcance de las reglas jurídicas escogidas para resolver las controversias sometidas a su juicio.

Desde luego que, a su vez, el juzgador compromete su responsabilidad personal, ya disciplinaria, ora penal o patrimonial, si actúa contra el texto de la normatividad vigente, o de manera arbitraria o desviada del sagrado encargo de administrar justicia. Pero no puede un juez de tutela, en un trámite angustioso, dilucidar sobre la situación fáctica y jurídica que surge en el curso de un proceso ordinario determinado.

Ha sido unánime y diáfana la posición doctrinaria asumida por esta Sala de la Corte, en el sentido de que la herramienta judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un trámite residual y no puede ser utilizado para resolver las controversias jurídicas de los particulares entre sí, ni la de éstos con el Estado. Supondría ello, de concebirse la tutela como acción paralela y concurrente, la derogación de las acciones judiciales ordinarias y ejecutivas consagradas en los códigos y leyes procedimentales con tales propósitos y la sustitución de las jurisdicciones ordinarias y especiales por la de tutela.

A tales conflictos y debates el Estado ha dispuesto una superestructura judicial, con todo su andamiaje procesal de acciones, excepciones, nulidades, incidentes y recursos, a fin de darles solución eficaz bajo claras reglas de juego que aseguren un juicio imparcial y legítimo. Muchísimo menos, ha reiterado esta Corporación, es viable la acción de tutela para hacer revisar las decisiones jurisdiccionales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho.

Sobre este particular aspecto argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo.

“Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”. La Sala de Casación Laboral de la Corte, mantiene invariable su postura doctrinal sobre el tema.

En verdad no se acompasa con la naturaleza del Estado Constitucional pretender la injerencia indebida de un juez en los asuntos que la ley ha asignado a otro para resolver; ello subvierte el orden jurídico, produciéndose de paso un factor más de perturbación de la convivencia pacífica en una sociedad que, como la colombiana, tanto la necesita.

En mérito de ello, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1º. REVOCAR el fallo de tutela proferido el 3 de agosto de 2006 por la SALA LABORAL DEL TRIBUANAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, mediante el cual concedió el amparo solicitado, y en su lugar, denegarla. 2º.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. 3º. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE CARLOS ISAAC NADER GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 9