CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela No. 16026 A./ Raúl Marín Saade Mejía Corte Suprema de Justicia República de Colombia Tutela No. 16026 A./ Raúl Marín Saade Mejía Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¡Error!Marcador no definido. SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO Aprobado Acta No. 023 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2.004).

VISTOS: Procedería la Sala a resolver el recurso interpuesto por RAÚL MARÍN SAADE MEJÍA, contra el fallo de tutela proferido el 17 de febrero del año en curso por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, por cuyo medio negó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la honra y al trabajo presuntamente vulnerados por el Juzgado 2º Penal del Circuito de esa ciudad, si no fuera porque se observa que en la primera instancia, se incurrió en causal de nulidad que afecta todo lo actuado, como pasa a examinarse a continuación.

ANTECEDENTES: Informa el accionante que la autoridad judicial accionada, dentro de la actuación penal adelantada en su contra por el delito de estafa y por el cual fue a la postre condenado, cometió irregularidades que dieron lugar a que se revocara la sentencia que lo absolvió y en su defecto se le declaró penalmente responsable, imponiéndole una pena de 1 año de prisión, pronunciamiento que solicita sea revocado.

Refiere que pese a que la Fiscalía 21 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar en primera instancia se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento y precluyó la investigación iniciada en su contra, dicha providencia fue revocada mediante resolución de fecha 21 de febrero de 2001 de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar, la que dispuso continuar con la instrucción. A pesar de no tener los elementos de prueba necesarios, nuevamente la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar, dispone mediante proveído de fecha 19 de diciembre de 2001 proferir en su contra resolución de acusación por el delito enunciado, revocando lo resuelto por su inferior jerárquico el 1 de junio del mismo año. Recalca que en esas condiciones, fue acusado por el ente instructor, decisión que permitió acceder a la etapa del juicio en donde el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar lo absuelve mediante sentencia del 11 de septiembre de 2002, fallo que fue apelado por el representante de la parte civil, recurso que al ser resuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con sede en la misma ciudad motivo el proferimiento de la sentencia del 28 de agosto de 2003 por cuyo medio se le condena.

Así, al no existir pruebas que demuestren su responsabilidad en los hechos investigados y a la deficiencia en la evaluación de las recaudadas en las etapas del proceso, la sentencia de condena emitida en su contra se constituye en una vía de hecho, en consecuencia, solicita se anule o revoque y se prevenga a la autoridad judicial accionada se abstenga de condenarlo.

EL FALLO DEL TRIBUNAL Se dispuso por el Tribunal a quo el pasado 17 de febrero, negar la tutela a los derechos constitucionales invocados por el demandante, al considerar que no puede pretender el actor, que esta acción sea instrumento para revivir etapas procesales fenecidas o controvertir decisiones judiciales, lo cual no es su objeto. Impugnado oportunamente el fallo por el demandante, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar, mediante auto del 20 de febrero del presente año concedió el recurso interpuesto por cuyo efecto la Sala conoce del mismo.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Procedería la Sala a adoptar la decisión en relación con la impugnación presentada, si no fuera porque el presente trámite fue adelantado de manera irregular por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar, puesto que, de conformidad con el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, carecía de competencia para ello, lo cual genera una nulidad que afecta el debido proceso conforme ha de declararse.

El Tribunal Superior incurrió en irregularidad sustancial que se erige en causal de invalidación, consistente en no haber vinculado al trámite de la tutela, además del apoderado de la parte civil, a la Fiscalía Tercera Delegada ante esa instancia, despacho que emitió la resolución de acusación, actuación comprendida dentro del proceso cuyo trámite culminó con la sentencia condenatoria cuya invalidación se pretende a través de la presente acción. La Sala de Casación Penal, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sostenido reiteradamente que en el trámite de la acción de tutela, si bien no se precisan mayores formalismos, constituye causal de nulidad por violación del debido proceso y del derecho de defensa la omisión de notificar la iniciación del mismo a las autoridades involucradas y a los terceros con interés legítimo, que pudieren resultar afectados con la decisión judicial.

Lo anterior por cuanto el derecho que se tiene a ser oído en cada actuación judicial o administrativa atañe no solamente a quien es demandado, sino también a quienes como terceros en dichas actuaciones pudieren resultar afectados con las decisiones que se llegaren a tomar en dichos procesos. Así lo expresó la Corte Constitucional en auto del 7 de febrero de 1996, con ponencia del H. Magistrado Carlos Gaviria Díaz: “Ahora bien: es cierto que en tratándose de la acción de tutela, no existe una norma expresa que ordene la notificación de las providencias judiciales a los terceros con interés legítimo en el resultado del proceso; pero nuestra Carta Fundamental, en su artículo 2, consagra como uno de los principios y fines esenciales del estado: "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan ".

A su turno, y específicamente en lo relativo al trámite de la acción de tutela, los artículos 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991 contemplan: el primero, que "quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud".

Y el segundo, que "las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz". “Estas normas son suficientes para que el juez, como autoridad de la República encargada de velar por la protección de los derechos fundamentales de los asociados -artículo 2o-, garantice a los terceros determinados o determinables, con interés legítimo en un proceso, su derecho a la defensa mediante la comunicación, a los mismos, de las providencias que se dicten en el trámite de la tutela.

Así, ellos pueden intervenir oportunamente en el proceso aportando las pruebas y controvirtiendo las que se presenten en su contra para hacer efectivo el derecho fundamental al debido proceso -artículo 29 Superior.” Sobre el mismo tema, en auto No. 021 del 22 de marzo de 2000, con ponencia del H. Magistrado Álvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional señaló: “Así las cosas, de conformidad con lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, cuando no se vincula en legal forma al proceso, tanto al sujeto pasivo como a las personas que ostentan la calidad de partes, advertida la omisión la actuación adelantada debe anularse.” Así, evidentemente la demanda de tutela presentada por RAÚL MARIN SAADE MEJÍA, para efectos de reparto y competencia debió ceñirse a lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, artículo 1°, y particularmente a lo previsto en su parágrafo, teniendo en cuenta que la actuación censurada compromete a la Fiscalía Delegada ente el Tribunal Superior de Valledupar, lo que hace que su conocimiento en primera instancia corresponda al superior funcional de dicho Tribunal, es decir, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y no el mismo Tribunal Superior, como aquí ocurrió. Las normas que inciden en la competencia, entre ellas las establecidas en el Decreto 1382 de 2000, son de orden público y de inmediato cumplimiento, como lo dispone el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual, la autoridad que debió conocer del trámite de la presente tutela era la Sala de Casación Penal, y no la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar.

Con fundamento en las anteriores razones, la Sala concluye que la solicitud fue tramitada y fallada por funcionario carente de competencia, estructurándose una causal de nulidad que le corresponde decretar a esta Colegiatura, en el entendido que así el trámite de la presente acción esté sometida a los principios de celeridad y prevalencia del derecho sustancial, a la vez que está revestida de un alto grado de informalidad, tratándose de la competencia sus regulaciones son de estricto acatamiento por parte del juez constitucional, pues surgen como un elemento constitutivo del debido proceso, que de acuerdo con el artículo 29 de la Carta Política rige sin excepción en todas las actuaciones judiciales o administrativas.

Como lo explicó esta Sala en auto del 4 de junio de 2002, radicación 11.303, con ponencia del Magistrado Doctor EDGAR LOMBANA TRUJILLO: “frente a una impugnación de tutela en similares condiciones, la Corte Suprema tiene competencia para revisar la legalidad del trámite de la acción y, obviamente, de la decisión a través de la cual concluyó el mismo, atendiendo para dicho efecto al indeclinable factor funcional, predicable respecto del Tribunal que falló la petición de amparo en primera instancia, mediante providencia que hasta tanto no se disponga lo contrario mantiene sus efectos vinculantes y que fue objeto precisamente de la impugnación”.

Así, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar tramitó y decidió el amparo careciendo de competencia para ello. De ese modo, afectó la validez del proceso, nulidad que deberá declararse, pues las actuaciones judiciales tienen que ser adelantadas conforme a las leyes preexistentes y “ante el juez o tribunal competente” so pena de vulnerar la garantía fundamental al debido proceso, aplicable también a la acción de tutela.

En consecuencia, se declarará la nulidad de lo actuado, a partir inclusive del auto mediante el cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar admitió el trámite de la tutela. Las pruebas practicadas por dicha Corporación conservan su validez, pues en esa materia rige el principio de competencia a prevención. La Secretaría de la Sala se encargará de actualizar los registros, pues la tutela radicada bajo el número 16.026, como expediente en impugnación, debe repartirse ahora como expediente de primera instancia. Copia del presente auto será enviado a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar para su conocimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, RESUELVE 1. Declarar la nulidad de lo actuado en la presente tutela a partir del auto de fecha 5 de febrero del año en curso, inclusive, por medio del cual se avocó conocimiento, inclusive, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar. 2.

Por Secretaría dése cumplimiento a lo dispuesto en la parte considerativa, en relación con la actualización del registro y su reparto como expediente de primera instancia. 3. Enviar copia del presente auto a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar, para su conocimiento. 4. Notifíquese de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

Cúmplase. HERMAN GALÁN CASTELLANOS JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria 8 13