CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 15731 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación Nº. 15731 Acta Nº. 38 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil seis (2006) Resuelve la Corte la impugnación presentada por MARTHA ISABEL FORERO MARTÍNEZ e INÉS OLAYA MARTÍNEZ, contra el fallo del once (11) de mayo de dos mil seis (2006), proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante el cual se negó la acción de tutela promovida por las impugnantes contra la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, dentro del proceso ejecutivo que el BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL, HOY MEGABANCO S.A., le adelantó a LA SOCIEDAD AGROCALES HELVECIA LTDA. Y SIXTA TILUIA OLAYA DE MARTÍNEZ.

ANTECEDENTES MARTHA ISABEL FORERO MARTÍNEZ e INÉS OLAYA MARTÍNEZ, quienes obran en calidad de cesionarias de las costas procesales y beneficiarias de las agencias en derecho de Sixta Tulia Olaya Martínez y la sociedad Agrocales Helvecia Ltda., demandadas dentro del proceso ejecutivo mixto que les adelantó MEGABANCO, manifiestan en el escrito de tutela, que intervinieron en el proceso ejecutivo mixto como apoderadas de las demandadas a partir del 28 de mayo de 2002; que, por sentencia del 6 de septiembre de 2004, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali absolvió a la parte demandada dentro del proceso de referencia, y condenó en costas a MEGABANCO, que por auto del 22 de junio de 2005, el juzgado de conocimiento fijó las agencias en derecho en $34.500.000.oo; que la parte demandada objetó las costas y, por auto del 27 de marzo del 2006, no aceptó la objeción formulada el juzgado de conocimiento; que interpuesto el recurso de apelación, el 27 de marzo de 2006, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, modificó las agencias en derecho a $20.000.000.oo.

La tutela fue promovida por las accionantes al considerar que con tal decisión, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo presuntamente conculcados por el Tribunal accionado, incurriendo en vía de hecho, al proferir la providencia de 27 de marzo de 2006, por cuanto modificó las agencias en derecho a $20.000.000.oo presentándose un perjuicio frente a las peticionarias.

La Sala de Casación Civil de esta Corporación, mediante sentencia del once (11) de mayo de dos mil seis (2006), negó el amparo constitucional solicitado, porque consideró que no es irrazonable u opuesto al orden jurídico, el criterio esbozado por el Tribunal, pues éste tuvo fundamento objetivo en razonamientos jurídicos y fácticos que no pueden tildarse de arbitrarios, tal como se predica de las vías de hecho.

El 16 de mayo de 2006 fue presentado memorial de impugnación en el cual insiste en los argumentos plasmados en la demanda. CONSIDERACIONES DE LA CORTE A través de la sentencia impugnada la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no tuteló los derechos constitucionales fundamentales invocados al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.

Para esta Sala de la Corte, la sola consideración que la acción de tutela que originó esta actuación se intenta contra providencias judiciales, es suficiente para que se concluya que ésta es improcedente, porque en forma reiterada ha sostenido esta Sala, aún antes del fallo de inconstitucionalidad C-543 de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice el ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias judiciales, que por virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan de total independencia. Ya en sentencia del 9 de julio de 1992, radicación 455, se había pronunciado esta Corporación en los siguientes términos: “Lo que verdaderamente se acomoda al orden natural de las cosas y al común modo de obrar de los jueces cuando instruyen, dirigen o deciden los procesos sometidos a su conocimiento, es que sus actuaciones y providencias se desarrollen y profieran de conformidad con las disposiciones de la Constitución, que, desde luego, conocen mejor que la mayoría de la gente, y por tanto respetando los derechos fundamentales de las personas de alguna manera vinculadas al debate judicial.

“No es entonces razonable pensar que la sentencia definitiva que resuelve un litigio, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, deba ser reexaminada por un juzgador distinto, ahora solamente frente a los derechos fundamentales, como si el juez de la causa, al proferirla, hubiera podido olvidar la existencia de esos derechos o prescindir de su consideración, máxime si se supone –como debe suponerse- que dichos derechos fundamentales, si acaso fueran disputados por los litigantes o desconocidos por el juez, son los primeros en planteársele por las partes o los otros sujetos procesales dentro del proceso como asunto primordial para ser tenido en cuenta en la sentencia. El mejor control de la constitucionalidad de la sentencia no puede ser entonces el que se hace sumariamente a través de ‘un mecanismo transitorio’ sino, por el contrario, el que se cumple por el juez competente, públicamente y con la colaboración y vigilancia de los interesados, a todo lo largo del debido proceso.” Criterio que fue ratificado y ampliado en la decisión del 11 de abril de 2002, expediente 7542, donde, tomando criterios de la propia Corte Constitucional emitidos en la sentencia C – 543/92, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591/91, que consagraban la acción de amparo contra fallos judiciales, analizó esta Corporación la improcedencia de ese mecanismo como medio para enervar las decisiones de este rango, por su manifiesta inconveniencia por la violación que implica de otros principios contenidos en la Carta, que igualmente deben ser protegidos y salvaguardados como garantía de los derechos fundamentales, como son la cosa juzgada de las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces en las decisiones de igual carácter.

Por tales motivos la decisión recurrida deberá confirmarse. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 8