CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 15388 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 15388 Acta No. 06 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil siete (2007). Decide la Corte la acción de tutela incoada por JULIO RAFAEL ESCOLAR PÉREZ, a través de apoderado, contra el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de la misma ciudad, integrada por los magistrados VICENTE C. DE SANTIS CABALLERO, HEIDI CRISTINA GUERRERO y CLAUDIA MARÍA FANDIÑO DE MUÑOZ, por su decisión tomada dentro del proceso ordinario laboral que la accionante adelantó contra la Universidad del Atlántico.

ANTECEDENTES Pretende el señor JULIO RAFAEL ESCOLAR PÉREZ, a través de apoderado, que se tutelen los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la defensa, a la vida, a la salud y a la seguridad social; que, en consecuencia, se ordene a la Universidad del Atlántico resolver favorablemente las pretensiones hechas en la demanda laboral; que se declare sin efecto la sentencia del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, de 7 de mayo de 2002 y la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de la misma ciudad, el 8 de septiembre de 2004, que confirmó la anterior.

Plantea en el escrito de tutela que promovió proceso ordinario laboral contra la Universidad del Atlántico, a efecto de previo el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía, obtener el reconocimiento y pago de las acreencias laborales debidamente indexadas; que la demanda no fue contestada y en la primera audiencia de trámite se propusieron las excepciones de “ falta de jurisdicción, prescripción y pago ”; que el Juzgado Séptimo Laboral de Barranquilla profirió sentencia el 7 de mayo de 2002, en la que declaró probada la excepción de incompetencia de jurisdicción y absolvió a la demandada, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante proveído de 8 de septiembre de 2004; que el Tribunal sin realizar ningún estudio legal ni jurisprudencial, concluyó que la demandante no era trabajadora oficial y por tanto no había contrato de trabajo.

TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto calendado el 19 de enero del cursante año, esta Corporación asumió el conocimiento de la tutela, dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor, correr traslado a la accionada y comunicar la iniciación de la acción a la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela por ser el superior jerárquico de la Corporación accionada, acorde con el primer inciso del ordinal segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

Para esta Sala de la Corte, la sola consideración que la acción de tutela que originó esta actuación se intenta contra providencias judiciales, es suficiente para que se concluya que ésta es improcedente, porque en forma reiterada ha sostenido, aun antes del fallo de inconstitucionalidad C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice el ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias judiciales, que por virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan de total independencia. Ya en sentencia del 9 de julio de 1992, radicación 455, se había pronunciado esta Corporación en los siguientes términos: “Lo que verdaderamente se acomoda al orden natural de las cosas y al común modo de obrar de los jueces cuando instruyen, dirigen o deciden los procesos sometidos a su conocimiento, es que sus actuaciones y providencias se desarrollen y profieran de conformidad con las disposiciones de la Constitución, que, desde luego, conocen mejor que la mayoría de la gente, y por tanto respetando los derechos fundamentales de las personas de alguna manera vinculadas al debate judicial.

“No es entonces razonable pensar que la sentencia definitiva que resuelve un litigio, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, deba ser reexaminada por un juzgador distinto, ahora solamente frente a los derechos fundamentales, como si el juez de la causa, al proferirla, hubiera podido olvidar la existencia de esos derechos o prescindir de su consideración, máxime si se supone –como debe suponerse- que dichos derechos fundamentales, si acaso fueran disputados por los litigantes o desconocidos por el juez, son los primeros en planteársele por las partes o los otros sujetos procesales dentro del proceso como asunto primordial para ser tenido en cuenta en la sentencia. El mejor control de la constitucionalidad de la sentencia no puede ser entonces el que se hace sumariamente a través de ‘un mecanismo transitorio’ sino, por el contrario, el que se cumple por el juez competente, públicamente y con la colaboración y vigilancia de los interesados, a todo lo largo del debido proceso.” Criterio que fue ratificado y ampliado en la decisión del 11 de abril de 2002, expediente 7542, donde, tomando criterios de la propia Corte Constitucional emitidos en la sentencia C – 543/92, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591/91, que consagraban la acción de amparo contra fallos judiciales, analizó esta Corporación la improcedencia de ese mecanismo como medio para enervar las decisiones de este rango, por su manifiesta inconveniencia por la violación que implica de otros principios contenidos en la Carta, que igualmente deben ser protegidos y salvaguardados como garantía de los derechos fundamentales, como son la cosa juzgada de las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces en las decisiones de igual carácter.

De acuerdo a lo anterior, la tutela presentada ha de negarse por improcedente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela solicitada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria GIMG PAGE 2