CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 15318 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 15318 Acta No. 1 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil siete (2007). Decide la Corte la acción de tutela incoada por EZEQUIEL CLAVIJO ROJAS, quien actúa como presidente de la organización sindical ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE ALMACENES YEP ASONALTRAYEP, contra la Sala Civil – Familia –Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, integrada por los magistrados LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ PALACIOS, MARTHA RUTH OSPINA GAITÁN y ALBERTO ROMERO ROMERO, la cual se hizo extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, por sus decisiones tomadas dentro del proceso sumario de disolución y liquidación de sindicato que adelantó Almacenes YEP S.A., en contra de la accionante.

ANTECEDENTES Pretende la asociación actora que se TUTELEN los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, al debido proceso, a la asociación y a la sindicalización; que en consecuencia se declare la ineficacia del fallo proferido el 12 de octubre de 2006 por la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio y se ordene expedir una nueva sentencia mediante la cual se absuelva a la organización sindical por no encontrarse en causal de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical.

Se plantea en el escrito de tutela, que ALMACENES YEP S.A., a través de apoderado, promovió proceso abreviado de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical, contra la organización sindical Asociación Nacional de Trabajadores de Almacenes YEP ASONALTRAYEP, por encontrase incursa en la causal de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical, por contar con un número de afiliados inferios a 25; que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, al encontrar probada la causal, mediante sentencia de 30 de junio de 2006 ordenó la disolución y liquidación de la organización sindical y la consecuente cancelación del registro sindical; que apelada la decisión la Sala Civil – Familia- Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio por proveído de 12 de octubre último confirmó lo decidido por su inferior y condenó en costas de la segunda instancia al demandado; que solicitó aclaración de la sentencia del ad quem, pero esta fue negada por providencia de 30 de octubre de 2006 y el recurso de súplica también fue denegado por improcedente.

TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto calendado el 19 de diciembre del cursante año, esta Corporación asumió el conocimiento de la tutela y dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor, correr traslado a los accionados, y comunicar la iniciación de la acción a ALMACENES YEP S.A.. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela por ser el superior jerárquico de la Corporación accionada, acorde con el primer inciso del ordinal segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

Para esta Corporación, la sola consideración que la acción de tutela que originó la actuación se intenta contra providencias judiciales, es suficiente para que se concluya que ésta es improcedente, porque en forma reiterada ha sostenido, aun antes del fallo de inconstitucionalidad C-543 de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice el ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias judiciales, que por virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan de total independencia. Ya en sentencia del 9 de julio de 1992, radicación 455, se había pronunciado esta Corporación en los siguientes términos: “Lo que verdaderamente se acomoda al orden natural de las cosas y al común modo de obrar de los jueces cuando instruyen, dirigen o deciden los procesos sometidos a su conocimiento, es que sus actuaciones y providencias se desarrollen y profieran de conformidad con las disposiciones de la Constitución, que, desde luego, conocen mejor que la mayoría de la gente, y por tanto respetando los derechos fundamentales de las personas de alguna manera vinculadas al debate judicial.

“No es entonces razonable pensar que la sentencia definitiva que resuelve un litigio, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, deba ser reexaminada por un juzgador distinto, ahora solamente frente a los derechos fundamentales, como si el juez de la causa, al proferirla, hubiera podido olvidar la existencia de esos derechos o prescindir de su consideración, máxime si se supone –como debe suponerse- que dichos derechos fundamentales, si acaso fueran disputados por los litigantes o desconocidos por el juez, son los primeros en planteársele por las partes o los otros sujetos procesales dentro del proceso como asunto primordial para ser tenido en cuenta en la sentencia. El mejor control de la constitucionalidad de la sentencia no puede ser entonces el que se hace sumariamente a través de ‘un mecanismo transitorio’ sino, por el contrario, el que se cumple por el juez competente, públicamente y con la colaboración y vigilancia de los interesados, a todo lo largo del debido proceso.” Criterio que fue ratificado y ampliado en la decisión del 11 de abril de 2002, expediente 7542, donde, tomando criterios de la propia Corte Constitucional emitidos en la sentencia C – 543/92, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591/91, que consagraban la acción de amparo contra fallos judiciales, analizó esta Corporación la improcedencia de ese mecanismo como medio para enervar las decisiones de este rango, por su manifiesta inconveniencia por la violación que implica de otros principios contenidos en la Carta, que igualmente deben ser protegidos y salvaguardados como garantía de los derechos fundamentales, como son la cosa juzgada de las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces en las decisiones de igual carácter.

De acuerdo a lo anterior, la tutela presentada ha de negarse por improcedente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela solicitada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria GIMG PAGE 8