CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PAGE 4 Tutela 14978 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DÍAZ Tutela No. 14978 Acta No. 78 Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil seis (2006). Resuelve la Corte la acción de tutela instaurada por RAMÓN GIL LLANOS OJEDA contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO.

I.

ANTECEDENTES Con el específico propósito de que se declare “sin ningún valor ni efecto, por resultar violatoria del derecho fundamental al debido proceso, la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto –Sala de Decisión Laboral del 28 de enero de 2004 y por sustracción de materia la Resolución 560 del 3 de agosto de 2006 emanada del Ministerio de la Protección Social Grupo Interno de Trabajo Gestión Pasivo Social Puertos de Colombia ( ) se ordene que permanezca vigente y plenamente ejecutoriada la sentencia del 6 de junio de 1996, proferida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Barranquilla ( )” (folios 298 y 299), RAMÓN GIL LLANOS OJEDA interpuso acción de tutela por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y la vida digna en conexidad con la salud.

En sustento de la pretensión adujo, en suma, que inició proceso ordinario laboral en contra el Fondo del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación -FONCOLPUERTOS, con el fin de obtener el pago proporcional de la pensión de jubilación a que tiene derecho por haber laborado por más de 10 años para la empresa demandada y haber sido despedido sin justa causa; que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla mediante sentencia de 4 de junio de 1994, condenó a la demandante al pago de una pensión proporcional convencional indexada por la suma de $551.884.06 y ordenó el pago de las mesadas dejadas de percibir.

Sostuvo que más de seis años después la parte demandada interpuso nulidad de todo lo actuado alegando falta de competencia, pretermisión íntegra de la respectiva instancia y falta de notificación al Ministerio Público; que una vez surtido el trámite pertinente el despacho judicial mediante proveído del 7 de julio de 2000, accedió a la nulidad a partir de la sentencia de primera instancia y remitió al superior para que se surtiera el grado de consulta; que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, al decidirla, mediante sentencia de 28 de enero de 2004, revocó lo decidido por su inferior, es decir, 8 años después del fallo de primera instancia. Finalmente afirmó que una vez el a quo profirió sentencia, jamás le llegó información alguna por parte de ningún operador del derecho, hasta que mediante comunicación de fecha 3 de agosto de 2006, le notificaron la Resolución 000580 del 3 de agosto de 2006, por la cual se da aplicación al fallo del Tribunal Superior de Pasto, diez años después de producirse el fallo de primera instancia y ocho de habérsele reconocido su derecho de pensión. 2.- La Corte notificó dentro del término a la autoridad judicial accionada y al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación -Foncolpuertos- y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, sin que se pronunciaran al respecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Como no queda duda que la acción de tutela está dirigida a injerirse en el trámite del proceso ordinario laboral que promovió el accionante contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación -Foncolpuertos -, ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, y a desconocer los efectos de la providencia proferida el 28 de enero de 2004 por la autoridad judicial accionada, habrá de negarse el amparo constitucional, por cuanto no es dable mediante tutela invalidar los efectos de las providencias judiciales.

Al respecto dejó expuesto esta Corporación: “Reiteradamente esta Sala de la Corte ha dicho que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política no procede cuando se pretende por su intermedio revocar o modificar una decisión judicial, argumentando que la misma constituye una “vía de hecho”. “Además, en las actas de los debates de la Asamblea Nacional Constitucional consta expresamente que no fue intención del constituyente consagrar la posibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

“Basta recordar que la decisión judicial lleva consigo una presunción de legalidad y acierto, pues es el resultado de todo un proceso de análisis y estudio, con el fin de hacer claridad sobre los hechos debatidos, para precisar la existencia o no de ciertos derechos, y por tanto no puede ser modificada por otra autoridad. “Además, se ha sostenido de manera uniforme, que una vez se declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 40 del decreto ley 2591, mediante fallo C - 543 de fecha 1° de octubre de 1992, de la Corte Constitucional, resulta imposible que su tenor nazca nuevamente a la vida jurídica por vía legal ni jurisprudencial, dado que ya hizo tránsito a “cosa juzgada constitucional” por mandato de la propia Carta y mientras mantengan su vigencia los artículos de la Constitución que sirvieron de base a la decisión de la Corte Constitucional.

“Al respecto dijo esta Corporación: “Dado que la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, disponiendo igualmente que “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”, se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1°, 228, 229 y 230 de la Constitución en rigor, no es posible reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo.

“Según las consideraciones de la sentencia No. C - 543 de 1° de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, “lesionar en forma grave el principio de cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico”, vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228,230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el preámbulo de la Carta y su artículo 1°, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia“ (Rad. 2558)”.

Por lo tanto, las providencias judiciales no pueden ser revocadas, modificadas o anuladas por una autoridad distinta a quien expresamente la ley procesal faculta para tales efectos. Por las razones consignadas en la providencia de la que se ha hecho cita, a juicio de la Corte son suficientes para negar la acción Constitucional. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1.

NEGAR el amparo constitucional solicitado por RAMÓN GIL LLANOS OJEDA contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO. 2. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Esta decisión es susceptible de ser recurrida en la oportunidad prevista en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Si no fuere impugnada, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. ISAURA VARGAS DÍAZ GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria República de Colombia � Corte Suprema de Justicia