SALA DE CASACIÓN LABORAL República de Colombia Corte Suprema de Justicia PÁGINA 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 14793 SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado ponente Doctor LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ Radicación 14793 Acta No. 13 Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil seis (2006). Se procede a resolver la impugnación presentada por la señora Viviana del Socorro Pérez Alvarez, contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela que la recurrente instauró contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad y el Banco Colmena.

I.

ANTECEDENTES Se plantea en el escrito de tutela, que el Banco Colmena promovió proceso ejecutivo hipotecario contra la señora Viviana del Socorro Pérez Álvarez, cuyo conocimiento le correspondió en primera instancia al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, el cual incurrió en vía de hecho al proferir la orden de pago en UVR, sin que la ejecutada hubiera expresado su consentimiento para tal conversión, e igualmente por haber aceptado como base del recaudo un título valor que no es exigible porque no contiene fecha de vencimiento, y haber dictado sentencia sin que la entidad ejecutante aportara la reliquidación del crédito en pesos y mucho menos en UVR.

Posteriormente la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 22 de septiembre de 2005, dispuso seguir adelante con la ejecución, modificando el de primera instancia, en el sentido de que el pago debía ser considerado en pesos y no en UVR; decisión en la que igualmente se configura vía de hecho, al proferir una orden de pago contraria al mandamiento de pago expedido, es decir, se concedieron unos derechos que no fueron solicitados, en detrimento de la defensa de la ejecutada.

En consecuencia, por estimar la accionante vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, de defensa, acceso a la administración de justicia, dignidad humana y vivienda digna, solicita se revoque el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 22 de septiembre de 2005, se ordene el levantamiento de las medias cautelares, y la exoneración de las cuotas.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE PRIMER GRADO La petición de amparo constitucional fue tramitada por la de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien puso fin a la primera instancia mediante fallo del 24 de enero de 2006, denegando la protección solicitada. Como fundamento de su decisión, consideró que en los reparos que tienen que ver con la ausencia de la forma de vencimiento, no le asiste razón a la accionante, por cuanto en el título ejecutivo se relacionan el de la primera cuota adeudada y la periodicidad de las restante; que se constató que hubo reliquidación del crédito, cuyos resultados, derivados de pruebas periciales, no fueron objetados por la ejecutada, quien a pesar de alegar la prejudicialidad, no acreditó lo que le correspondía para acceder a ella; y que en cuanto a la conversión de una orden de pago de UVR a pesos, amén de que no es un hecho perjudicial para la accionante, no obedeció la posición del Tribunal a una conducta caprichosa o arbitraria, sino a una valoración probatoria y a una interpretación del artículo 39 de la Ley 546 de 1999.

III. DE LA IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión la tutelante la impugnó, y en la sustentación del recurso se pregunta, cómo poder encontrar una respuesta positiva al reconocimiento de derechos fundamentales, cuando se protegen decisiones como las cuestionadas a través del fallo de tutela y se confirman sus indebidas interpretaciones de la ley, dejando de ser juez constitucional, sólo porque las actuaciones son de muy difícil conocimiento por Corte Constitucional.

Igualmente se interroga, de dónde surge del título valor aportado, el requisito atinente a la forma de vencimiento, pues éste no estaba previsto en el cuerpo del pagaré, en el plan de pagos de las obligaciones periódicas, ni en el vencimiento de la última, en la modalidad de título valor de obligatorio cumplimiento para ejercer la acción cambiaria; y señala que en esa medida no cabe duda que se violó la norma comercial y la acción ejecutiva impetrada con un indebido procedimiento e interpretación probatoria, que en ningún momento consultó la defensa, ni fue allanado por el juez de primera instancia para haber denegado la acción ejecutiva.

Manifiesta que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, se sustrajo a una orden de pago mal establecida por el juez de primera instancia, ante una indebida petición clara, expresa y exigible que no demostró la entidad bancaria como presupuesto para su ejecución. Por último, expresa que las manifiestas violaciones al debido proceso y de defensa, que saltan de bulto en el pretendido caso para su protección, son: la fecha de exigibilidad de la obligación; el valor del alivio aportado como prueba documental por la entidad ejecutante; los pagos realizados por la ejecutada hasta el 22 y 26 de diciembre de 2000; y la fecha de mora confeccionada en la demanda, en los hechos, pretensiones y mandamiento de pago proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín. Y que el Tribunal al modificar la decisión del juez de primera instancia, cambió totalmente la demanda, quedando condenada la parte ejecutada a pagar algo que no debe, permitiéndole a la entidad bancaria enriquecerse con un alivio que nunca aplicó. IV.

CONSIDERACIONES Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, que para ser ejercida no exige requisito formal alguno. Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera.

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución, o que por conexidad se encuentren consagrados en otros acápites de dicha normatividad. Ahora bien, tratándose de providencias judiciales, en principio la Carta no previó la utilización de este mecanismo judicial; fue el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, el que concibió la posibilidad de atacar las decisiones de los jueces, incluidas las que pusieran fin a la instancia correspondiente.

No obstante ello, la Corte Constitucional en el estudio pertinente, determinó la inexequibilidad de la referida disposición, al pregonar la figura de la Cosa Juzgada y la independencia de la Rama judicial, señalando en algunos de los apartes de la Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, lo siguiente: “ La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.

El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.

En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho -"non bis in idem"-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado.

Aunque se admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas, fuera procedente la acción de tutela para que un juez impartiera órdenes a otro en relación con las providencias proferidas por su Despacho, tal posibilidad de todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la inequívoca consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del litigio.

No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. Se hace posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias.

De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias.

Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente.

En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte...”.

Y es que en efecto, las determinaciones emitidas dentro de un proceso, ya ordinario, ora especial, gozan de presunción de legalidad al igual que los actos administrativos y, por ende, han de respetarse y acogerse por quienes de manera libre y voluntaria acuden a la administración de justicia buscando la solución a sus conflictos. Así las cosas, las partes deben someterse a las decisiones que dentro del trámite del respectivo proceso adopte el funcionario judicial, sin que sea viable pretender su desconocimiento alegando atropello alguno, porque no se ajusten al querer de éstas; la firmeza de tales providencias, es también una garantía de orden constitucional, prevista en el artículo 29 de la Carta, que consagra el deber de brindar un juicio con el lleno de las formalidades propias de éstos.

Por lo demás, como lo ha sostenido esta Sala desde la sentencia de Marzo 2 de 1998, radicación 3103: “ …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.

Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas. Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.” Por lo anterior, es que no puede esta Sala de la Corte inmiscuirse en el trámite de un proceso que ha revestido todas las formalidades de su rango, para dejar sin efecto las decisiones cuestionadas, y de paso la actuación surtida, suplantando así a los jueces naturales.

En consecuencia, y sin que sean necesarias otras consideraciones, se confirmará el fallo impugnado, reiterándose que la tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de obtener una solución a sus conflictos de mero rango legal, o de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios de un proceso ordinario o especial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Viviana del Socorro Pérez Alvarez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad y el Banco Colmena.

SEGUNDO. - NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito. TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria