SALA DE CASACIÓN LABORAL República de Colombia Corte Suprema de Justicia PÁGINA 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 14343 SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado ponente Doctor LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ Radicación 14343 Acta No. 106 Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil cinco (2005). Se procede a resolver la impugnación presentada por los señores Alberto Salazar Gutiérrez y Myriam Patricia Salazar Aranda, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela que los recurrentes instauraron contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá. I.

ANTECEDENTES Se plantea en el escrito de tutela, que los accionantes promovieron proceso ejecutivo contra Amalia Borda Loredo, Patricia, Inés y Jorge Olarra Borda, y Rafael Olarra Boreda, pretendiendo el pago de honorarios por concepto de prestación de servicios; cuyo conocimiento le correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, quien a través de auto del 23 de febrero de 2001, previo el reconocimiento de personería y juramento de denuncia de bienes, libró mandamiento de pago a favor de los accionantes.

El juzgado de conocimiento con auto del 11 de febrero de 2002, revocó el proveído que ordenó el emplazamiento de los demandados, y declaró debidamente ejecutoriado el mandamiento de pago, toda vez que aquellos no presentaron excepciones dentro del término legal, y mediante providencia del 23 de abril de 2003, señaló el 29 de mayo de ese mismo año, como fecha para llevar a cabo la audiencia pública de remate; la que se suspendió por auto del 31 de julio de 2003, al presentarse incidente de nulidad por el apoderado de los demandados y denuncia penal contra el ejecutante, al igual que solicitud de vigilancia al Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que ordenó la suspensión de la diligencia de remate, la revocó en proveído del 10 de septiembre de 2004, ordenando seguir el trámite; por lo que el juzgado de primera instancia procedió a fijar segunda ocasión para llevar a cabo la audiencia pública de remate, pero luego, en forma injustificada, volvió a suspender dicha diligencia, mediante auto del 7 de julio de 2005, con el argumento, de que previo a la misma, el auxiliar de la justicia debe rendir cuentas de su administración. En consecuencia, acuden los accionantes al presente mecanismo de amparo constitucional, a efecto de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libre administración de justicia. II.

TRÁMITE Y DECISIÓN DE PRIMER GRADO La petición de amparo constitucional fue tramitada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien puso fin a la primera instancia mediante fallo del 25 de octubre de 2005, denegando la protección solicitada. Como fundamento de su decisión, consideró que ante la evidencia de no haberse causado agravio o amenaza a los derechos fundamentales invocados por los ejecutantes, para calificar de vía de hecho la actuación del juzgado en el trámite del proceso ejecutivo promovido por los accionantes, no es procedente la presente acción. III.

DE LA IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión la parte accionante la impugnó, y en la sustentación del recurso hizo algunos razonamientos en torno a las características que informan las normas propias del derecho procesal colombiano; y a continuación señaló que no comprende cuál es en estricto sentido el criterio que orienta la decisión del juez de tutela, ya que por un lado expone vehementemente que el operador judicial en la función de administrar justicia sólo se encuentra sometido a su omnímoda voluntad, y a renglón seguido expone precisamente lo contrario, al aducir que al juez no le es dable inventar, cambiar, alterar, etc, procedimiento alguno, pues las normas de procedimiento son de orden público y deben ser respetadas; siendo más grave, el hecho de que el mismo Tribunal desconoce y contraría las órdenes por él impartidas, toda vez que la acción de tutela se ha instaurado para darle estricto cumplimiento a la decisión adoptada desde el pasado 10 de septiembre de 2004, en la cual esa Corporación en forma perentoria ordenó desatar el recurso de nulidad impetrado, y que se prosiguiera con el trámite normal del proceso de ejecución; por lo que resulta importante que la Corte Suprema de justicia exponga cuál es el mecanismo idóneo que permitirá la precisa observancia de las normas jurídico-procesales y de las órdenes impartidas por el superior jerárquico.

Manifiesta también, que no puede aceptarse, que so pena de la necesidad que plantea el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá de verificar la rendición de cuentas del auxiliar de la justicia, se proceda a suspender indefinidamente la diligencia de remate, pues el Código Procesal Laboral no contiene ninguna norma que señale como paso previo y obligatorio para llevar a cabo la mencionada actuación, que el secuestre rinda cuentas de su administración, y mucho menos el Código de Procedimiento Civil.

Aduce, que es inaceptable el peregrino argumento esgrimido en la decisión atacada, que pretende justificar el hecho de la suspensión del proceso y su consecuente morosidad, en la circunstancia de la existencia de una denuncia penal formulada por la parte demandada contra la ejecutante, pues admitir esa posibilidad sería tanto como revivir una prejudicialidad penal, la cual como ha expresado el mismo Tribunal, en la aludida providencia del 10 de septiembre de 2004, es absolutamente improcedente, en razón a que estamos en presencia de sentencia ejecutoriada que ordena seguir adelante con la ejecución, sin que pueda operar suspensión alguna.

Finalmente agrega, que el argumento que pretende justificar la actitud asumida por el juez de conocimiento, referido al comportamiento procesal de las partes, no puede ser de recibo, porque lo ocurrido en el presente asunto es la utilización de maniobras dilatorias que persiguen distraer la atención del juez laboral, acudiendo para tal propósito a denuncias penales sin ningún fundamento fáctico y probatorio sólido, que lastimosamente vienen surtiendo efecto.

IV. CONSIDERACIONES Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, la que para ser ejercida no exige requisito formal alguno. Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera.

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución, o que por conexidad se encuentren consagrados en otros acápites de dicha normatividad. Ahora bien, tratándose de providencias judiciales, en principio la Carta no previó la utilización de este mecanismo judicial; fue el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, el que concibió la posibilidad de atacar las decisiones de los jueces, incluidas las que pusieran fin a la instancia correspondiente.

No obstante ello, la Corte Constitucional en el estudio pertinente, determinó la inexequibilidad de la referida disposición, al pregonar la figura de la Cosa Juzgada y la independencia de la Rama judicial, señalando en algunos de los apartes de la Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, lo siguiente: “ La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.

El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.

En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho -"non bis in idem"-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado.

Aunque se admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas, fuera procedente la acción de tutela para que un juez impartiera órdenes a otro en relación con las providencias proferidas por su Despacho, tal posibilidad de todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la inequívoca consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del litigio.

No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. Se hace posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias.

De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias.

Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente.

En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte...” Y es que en efecto, las determinaciones emitidas dentro de un proceso, ya ordinario, ora especial, gozan de presunción de legalidad al igual que los actos administrativos y, por ende, han de respetarse y acogerse por quienes de manera libre y voluntaria acuden a la administración de justicia buscando la solución a sus conflictos.

Así las cosas, las partes deben someterse a las decisiones que dentro del trámite del respectivo proceso adopte el funcionario judicial, sin que sea viable pretender su desconocimiento alegando atropello alguno, porque no se ajusten al querer de éstas; la firmeza de tales providencias, es también una garantía de orden constitucional, prevista en el artículo 29 de la Carta, que consagra el deber de brindar un juicio con el lleno de las formalidades propias de éstos.

Por lo demás, como lo ha sostenido esta Sala desde la sentencia de Marzo 2 de 1998, radicación 3103: “ …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.

Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas. Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.” Por lo anterior, es que no puede esta Sala de la Corte inmiscuirse en el trámite de un proceso, para dejar sin efecto la decisión cuestionada, y de paso la actuación surtida, suplantando así al juez natural.

En consecuencia, y sin que sean necesarias otras consideraciones, se confirmará el fallo impugnado, reiterándose que la tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de obtener una solución a sus conflictos de mero rango legal, o de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios de un proceso ordinario o especial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por los señores Alberto Salazar Gutiérrez y Myriam Patricia Salazar Aranda, contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá. SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

TERCERO. - REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria