CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 14256 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 14256 Acta No. 41 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil seis (2006) Decide la Corte la acción de tutela incoada por el apoderado de MARTHA LUCÍA OROZCO GUZMÁN, contra la Sala Unitaria Laboral del Tribunal Superior de Buga, por la decisión tomada dentro del proceso ordinario laboral que le adelantó a la Nación –Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de Protección Social.

ANTECEDENTES Pretende la accionante, que se revoque la decisión adoptada el 23 de febrero del 2006 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, y como consecuencia de lo anterior, se le ordene pagar a la Nación –Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de Protección Social “la suma de doce millones de pesos por agencias en derecho a partir del 1 de agosto del 2003 (…) de los intereses moratorios al 2.4% a partir del 1 de agosto del 2003 a la fecha que se cumpla la obligación ”.

Aduce que le fueron violados los derechos fundamentales del debido proceso, el trabajo y “ los contenidos en los artículos 1,2, y 230 de la Carta Magna”. Para fundar su solicitud, expresa que inició proceso ordinario laboral contra la Nación –Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de Protección Social, a fin de obtener la sustitución pensional de su difunto esposo, trámite que culminó con el recurso de casación; que devuelto el expediente al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura (Valle), se fijaron agencias en derecho por el valor de $12.000.000.oo; que presentó acción de tutela con el fin de que le pagaran las condenas contenidas en la sentencia, la cual impuso su pago, pero omitió la cancelación de las agencias en derecho; que inició proceso ejecutivo para exigir el pago de tales acreencias, sin embargo, este fue inadmitido el 28 de septiembre de 2005, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura (Valle); que interpuso ante dicha decisión el recurso de apelación, pero éste fue declarado inadmisible y dejó sin efecto “ el auto del 8 de noviembre de 2005, por medio del cual se avocó el conocimiento ”.

TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto calendado el 14 de junio del cursante año, esta Corporación asumió el conocimiento de la tutela y dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor, correr traslado al accionado y comunicar la iniciación del trámite al apoderado de la Nación –Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de Protección Social, quien intervino como parte demandada en el proceso laboral.

De la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura y del apoderado de la Nación –Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de Protección Social, ninguna respuesta se recibió, durante el término concedido para el efecto.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela por ser el superior jerárquico de la Corporación accionada, acorde con el primer inciso del ordinal segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. Como se vio, pretende la accionante, en contra de lo decidido, en primera y segunda instancia, que se ordene admitir la demanda ejecutiva dentro del proceso ejecutivo laboral que le adelantó a la Nación –Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de Protección Social.

Para esta Sala de la Corte, la sola consideración que la acción de tutela que originó esta actuación se intenta contra providencias judiciales, es suficiente para que se concluya que ésta es improcedente, porque en forma reiterada ha sostenido, aun antes del fallo de inconstitucionalidad C-543 de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice el ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias judiciales, que por virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan de total independencia. Ya en sentencia del 9 de julio de 1992, radicación 455, se había pronunciado esta Corporación en los siguientes términos: “Lo que verdaderamente se acomoda al orden natural de las cosas y al común modo de obrar de los jueces cuando instruyen, dirigen o deciden los procesos sometidos a su conocimiento, es que sus actuaciones y providencias se desarrollen y profieran de conformidad con las disposiciones de la Constitución, que, desde luego, conocen mejor que la mayoría de la gente, y por tanto respetando los derechos fundamentales de las personas de alguna manera vinculadas al debate judicial.

“No es entonces razonable pensar que la sentencia definitiva que resuelve un litigio, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, deba ser reexaminada por un juzgador distinto, ahora solamente frente a los derechos fundamentales, como si el juez de la causa, al proferirla, hubiera podido olvidar la existencia de esos derechos o prescindir de su consideración, máxime si se supone –como debe suponerse- que dichos derechos fundamentales, si acaso fueran disputados por los litigantes o desconocidos por el juez, son los primeros en planteársele por las partes o los otros sujetos procesales dentro del proceso como asunto primordial para ser tenido en cuenta en la sentencia. El mejor control de la constitucionalidad de la sentencia no puede ser entonces el que se hace sumariamente a través de ‘un mecanismo transitorio’ sino, por el contrario, el que se cumple por el juez competente, públicamente y con la colaboración y vigilancia de los interesados, a todo lo largo del debido proceso.” Criterio que fue ratificado y ampliado en la decisión del 11 de abril de 2002, expediente 7542, donde, tomando criterios de la propia Corte Constitucional emitidos en la sentencia C – 543/92, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591/91, que consagraban la acción de amparo contra fallos judiciales, analizó esta Corporación la improcedencia de ese mecanismo como medio para enervar las decisiones de este rango, por su manifiesta inconveniencia por la violación que implica de otros principios contenidos en la Carta, que igualmente deben ser protegidos y salvaguardados como garantía de los derechos fundamentales, como son la cosa juzgada de las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces en las decisiones de igual carácter.

De acuerdo a lo anterior, la tutela presentada ha de negarse por improcedente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela solicitada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria B.G. PAGE 9