CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA No.14082 JAIME ECHEVERRI RINCON República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 6 TUTELA No.14082 JAIME ECHEVERRI RINCÓN República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL Magistrado Ponente: Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO Aprobado acta No. 104 Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil tres (2003). 1.
El ciudadano JAIME ECHEVERRI RINCON instauró acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, la cual fue rechazada por esta Colegiatura en auto de julio 22 de 2003, donde se advirtió claramente que contra el mismo no procedía ningún recurso y que, en tanto no se estaba profiriendo fallo de fondo, tampoco se remitiría el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 2.
No obstante que respecto de esta actuación no existe ningún trámite pendiente y que el expediente se encuentra en el archivo, la Sala de Selección de Tutela No. 8 de la Corte Constitucional profirió la providencia de fecha 29 de agosto de 2003, mediante la cual, a petición del interesado, solicita la remisión de dicho asunto. 3. Respecto de esta clase de solicitudes, la Corte mediante decisión de Sala Plena ( Cfr. Sesión de agosto 14 de 2003, Acta No. 24), acordó de manera unánime mantener incólume su determinación de no enviar a la Corte Constitucional las actuaciones que estén archivadas por haber sido rechazadas las demandas de tutela.
En apoyo de esta determinación se advierte que ni la Constitución ni la ley le otorgan competencia funcional al Tribunal Constitucional para revisar un auto de rechazo proferido por la Sala en ejercicio de su propia competencia. De conformidad con los artículos 241-9 de la Constitución Política, 31 y 32 del decreto 2591, a la Corte Constitucional únicamente está asignada la revisión eventual de los fallos de tutela adoptados por cualquier juez o corporación judicial, respecto de los cuales surge la obligación por parte de los funcionarios de primera o segunda instancia, según el caso, de remitirlos a esa Corporación. En cuanto se relaciona con las restantes providencias que se dictan dentro del trámite de la acción de tutela, incluida aquella que dispone el rechazo de la demanda, el ordenamiento no prevé la posibilidad de que las partes puedan impugnarlas, ni tampoco existe norma que habilite a la Corte Constitucional, de oficio o a solicitud de parte, a ejercer cualquier tipo de control sobre los mismas.
Fue por esta razón que la Sala de Casación Penal, al rechazar el libelo de la demanda instaurada por JAIME ECHEVERRI RINCON, dispuso no abrir su decisión al trámite de revisión. Por ese mismo motivo, sin consideración a la solicitud de la Corte Constitucional, mantendrá intacta la determinación adoptada en auto de 22 de julio pasado. 3. En este mismo sentido se cita el pronunciamiento proferido por la Sala de Casación Civil de agosto 20 de la presente anualidad, que condujo a la Sala plena a adoptar en forma unánime su postura ( Cfr. Radicación 00526-01, M.P. doctor Silvio Fernando Trejos Bueno).
En tal pronunciamiento, cuyas consideraciones la Sala comparte, se dijo: “1. En materia de tutela están plenamente definidas las competencias, incluida, claro está, la funcional; a ese respecto, en lo que atañe con las demandas de amparo que se dirijan contra actuaciones o decisiones de la Corte Suprema de Justicia, como es la del presente caso, el decreto 1382 de 2000, el cual fue declarado exequible en lo que aquí toca, dispone que la competencia radica en ella misma en la forma dispuesta en el reglamento que se expida con tal fin, dentro del cual se estableció que si la demanda se dirige contra una decisión de la Sala de Casación Penal, conoce en primera instancia la Sala de Casación Civil y en segunda la Sala de Casación Laboral.
“2. Fue por razón de esa asignación legal de competencia que le correspondió a la Sala de Casación Civil conocer de la demanda que dio origen a la acción de tutela de la referencia, en cuyo ejercicio dispuso no abrirla a trámite, previa exposición de los fundamentos jurídicos que le imponían obrar de ese modo. Importa ahora verificar si contra tal determinación, indudablemente inspirada en la defensa del orden constitucional colombiano, existe norma de competencia funcional, en el ámbito de la acción de tutela, que le atribuya a la Corte Constitucional la facultad de someterla a revisión, como quiera que fue a propósito de la solicitud del expediente que ella misma formuló, que llegó en últimas a conocer del asunto para decretar después la referida nulidad, bien que hubiera obrado de oficio o por petición de parte interesada.
“a) Debe afirmarse de entrada que ni la Constitución ni la ley le otorgan competencia funcional a la Corte Constitucional para revisar la decisión que decidió anular, de motu proprio, según pasa a verse enseguida. “b) El artículo 241, numeral 9, de la Constitución Política, única norma que atañe con la competencia dicha, señala que a la Corte Constitucional le corresponde “ revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales” (subrayas fuera de texto).
“c) En desarrollo de tal precepto, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 prevé la eventual revisión de la Corte Constitucional no más que de los fallos de tutela proferidos en la segunda instancia en el trámite de la acción de tutela, sean confirmatorios o revocatorios; en ambos casos, señala específicamente dicho precepto, “dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión ” (subrayas también fuera de texto)….”. 4.
Mediante telegrama, notifíquese de lo aquí resuelto al accionante. Igualmente, por Secretaría de la Sala remítase copia de esta providencia a la Corte Constitucional, a través de la Sala de Selección que hizo la solicitud, para su conocimiento. CUMPLASE. YESID RAMIREZ BASTIDAS HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS A. GALVEZ ARGOTE JORGE A. GOMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO O. PEREZ PINZON MARINA PULIDO DE BARON JORGE L. QUINTERO MILANES MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUIZ NUÑEZ Secretaria 1