CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No.13948 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 13948 Acta No. 29 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil seis (2006) Decide la Corte la acción de tutela incoada por WALID RAHAL HENDOUS, contra del Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés y la Sala Única del Tribunal Superior de del Distrito Judicial de San Andrés Islas, por sus decisiones tomadas dentro del proceso que adelanta la señora SORAYA NAJIB SLEIMAN, en contra de la Sociedad RAHAL HERMANOS LTDA y otro.

ANTECEDENTES Pretende el accionante, se anule la providencia proferida en segunda instancia, mediante la cual se revocó el auto de fecha del 15 de marzo de los corrientes y, en su lugar, se inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el curador ad litem, en representación de los señores KHADIJE RAHAL HENDOUS y el tutelista; y, frente a la primera instancia, se ordene al Juez Laboral del Circuito de San Andrés, excluya la obligación de constituir caución para ser oído en el proceso a la parte representada por curador ad litem.

Aduce como violados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Para fundar su solicitud, expresa que la señora SORAYA NAJIB SLEIMAN demandó, ante el Juez Laboral del Circuito de San Andrés, a la Sociedad RAHAL HERMANOS LTDA, en donde es demandado solidario en su condición de socio de la misma; que fue representado por Curador ad litem; que en dicho proceso se ordenó a la parte demandada prestar caución para garantizar el crédito y las costas, para asegurar la ejecución de la sentencia, la cual no fue prestada y, como consecuencia, no fue oída durante el proceso hasta la sentencia de primera instancia, la que fue desfavorable a la parte demandada; que apelada la decisión, el Tribunal admitió el recurso de alzada; que la demandante interpuso recurso de súplica y, en su lugar, revocó dicho auto inadmitiendo el recurso de apelación, por considerar que la demandada al no constituir caución no puede ser oída en el proceso.

TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto calendado el 19 de abril del cursante año, esta Corporación asumió el conocimiento de la tutela y dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor, correr traslado a los accionados, y comunicar la iniciación de la acción a la señora SORAYA ANIB SLEIMAN y el Representante legal de la sociedad RAHAL HERMANOS y CIA LIMITADA.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela por ser el superior jerárquico de la Corporación accionada, acorde con el primer inciso del ordinal segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. Como se vio, pretende el accionante, en contra a lo decidido, en segunda instancia, se anule lo resulto por la Sala Laboral del Tribunal y, en su lugar, se admita el recurso de apelación interpuesto por los demandados.

Para esta Sala de la Corte, la sola consideración que la acción de tutela que originó esta actuación se intenta contra providencias judiciales, es suficiente para que se concluya que ésta es improcedente, porque en forma reiterada ha sostenido esta Sala, aun antes del fallo de inconstitucionalidad C-543 de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del decreto 2591 de 1.991, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice el ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias judiciales, que por virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan de total independencia. Ya en sentencia del 9 de julio de 1.992, radicación 455, se había pronunciado esta Corporación en los siguientes términos: “Lo que verdaderamente se acomoda al orden natural de las cosas y al común modo de obrar de los jueces cuando instruyen, dirigen o deciden los procesos sometidos a su conocimiento, es que sus actuaciones y providencias se desarrollen y profieran de conformidad con las disposiciones de la Constitución, que, desde luego, conocen mejor que la mayoría de la gente, y por tanto respetando los derechos fundamentales de las personas de alguna manera vinculadas al debate judicial.

“No es entonces razonable pensar que la sentencia definitiva que resuelve un litigio, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, deba ser reexaminada por un juzgador distinto, ahora solamente frente a los derechos fundamentales, como si el juez de la causa, al proferirla, hubiera podido olvidar la existencia de esos derechos o prescindir de su consideración, máxime si se supone –como debe suponerse- que dichos derechos fundamentales, si acaso fueran disputados por los litigantes o desconocidos por el juez, son los primeros en planteársele por las partes o los otros sujetos procesales dentro del proceso como asunto primordial para ser tenido en cuenta en la sentencia. El mejor control de la constitucionalidad de la sentencia no puede ser entonces el que se hace sumariamente a través de ‘un mecanismo transitorio’ sino, por el contrario, el que se cumple por el juez competente, públicamente y con la colaboración y vigilancia de los interesados, a todo lo largo del debido proceso.” Criterio que fue ratificado y ampliado en la decisión del 11 de abril de 2002, expediente 7542, donde, tomando criterios de la propia Corte Constitucional emitidos en la sentencia C – 543/92, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del decreto 2591/91, que consagraban la acción de amparo contra fallos judiciales, analizó esta Corporación la improcedencia de ese mecanismo como medio para enervar las decisiones de este rango, por su manifiesta inconveniencia por la violación que implica de otros principios contenidos en la Carta, que igualmente deben ser protegidos y salvaguardados como garantía de los derechos fundamentales, como son la cosa juzgada de las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces en las decisiones de igual carácter.

De acuerdo a lo anterior, la tutela presentada ha de negarse por improcedente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela solicitada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 8