CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 13850 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: Camilo Tarquino Gallego Radicación No. 13850 Acta No. 24 Bogotá, D. C, cuatro (4) de abril de dos mil seis (2006). Decide la Corte, la acción de tutela instaurada por ADALA ROSA VILAR DE LERMAS, contra la SALA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, dentro de la cual se vinculó a la empresa NESTLÉ DE COLOMBIA, al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a BELIA DE JESÚS CASTELLAR DE NORIEGA.

ANTECEDENTES 1. Para obtener la protección de los derechos al mínimo vital y al debido proceso, supuestamente vulnerados por el Tribunal accionado, ADALA ROSA VILAR DE LERMAS, por intermedio de apoderado judicial, instauró acción de tutela, con fundamento en los hechos que a continuación se sintetizan: Que convivió con José Santander Noriega Escorcia entre 1974, y el día de su fallecimiento, que ocurrió el 20 de diciembre de 1998; que el antes mencionado era pensionado de Nestlé de Colombia y del Seguro Social, por lo que inició demanda laboral para obtener la sustitución de la pensión; que Belia de Jesús Castellar de Noriega, no obstante estar divorciada del causante, también aspiró al reconocimiento de la pensión aludida y, por tal circunstancia, los procesos fueron acumulados y se decidieron por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla; que la sentencia del a quo fue desfavorable a sus pretensiones y también la del Tribunal que desató el recurso de apelación; que la persona beneficiada con las decisiones judiciales materia de esta acción, no tenía legitimidad para actuar, por cuanto estaba legalmente divorciada y separada del titular de la pensión, desde un tiempo que supera los 22 años; que el ocultamiento del estado civil de la antes mencionada constituye un fraude procesal, por lo que presentó denuncia penal por esos acontecimientos ante la Fiscalía General de la Nación, pero por la demora de dicho proceso, acude a la tutela como mecanismo transitorio.

Con base en lo anterior solicita se ordene a la empresa Nestlé de Colombia abstenerse de cancelar las mesadas pendientes hasta cuando se decida la prejudicialidad penal. 2. Mediante auto proferido el pasado 24 de marzo, esta Sala de la Corte avocó el conocimiento de la tutela, vinculó a la actuación a los ya mencionados, ordenó notificar tanto a los funcionarios judiciales accionados, como a los demás intervinientes, con el fin de que en el término de 2 días ejercieran el derecho de réplica, si así lo estimaban.

No hubo pronunciamiento alguno dentro del término concedido. SE CONSIDERA La acción referenciada se dirige contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Tercero Laboral del circuito de la misma ciudad, por lo que, según lo dispuesto en el artículo 1°, regla 2 inciso primero del Decreto 1382 de 2000, esta Corporación tiene competencia para conocerla en primera instancia. Del texto inicial, se desprende que, en el fondo, lo que la peticionaria pretende es dejar sin efecto la decisión proferida por el Tribunal accionado, dentro del proceso laboral, adelantado contra Nestle de Colombia y el Instituto de Seguro Social, no obstante tener en curso según su mismo dicho, petición sobre prejudicialidad penal con el mismo objeto, con base en los hechos dados a conocer ante la fiscalía General de la Nación. En este orden, la Corte mantiene vigente su criterio, según el cual la tutela resulta improcedente, pues, ese excepcional mecanismo no puede utilizarse para dejar sin validez actuaciones o providencias judiciales, como las cuestionadas por la actora, dado que los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que eran los que daban la posibilidad de ejercer la tutela contra providencias o sentencias judiciales, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional a través de la sentencia C –543 del 1° de octubre de 1992.

Así mismo, porque antes del citado fallo de inexequibilidad, la Corporación, en lo que concierne al tema en comento, sostuvo en lo pertinente que: “con el pretexto de proteger el debido proceso, al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de otro juez, puesto que las decisiones de uno y otro, son independientes y autónomas, según lo dispuesto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

“Para la Corporación es claro que siempre existe la posibilidad de que al proferir sus decisiones los jueces, incurran en desaciertos; pero de esta probabilidad, connatural a toda actividad humana, no está necesariamente excluido el Juez de Tutela. Sería ilógico, por tanto pensar, que este fuera el único funcionario judicial despojado de la posibilidad de cometer errores y, como tal, el llamado a revisar las actuaciones de otros jueces, especializados además en las materias propias de su competencia, para controlar el cumplimiento del debido proceso y por consiguiente, imponer a esos otros jueces su criterio sobre la forma como deben adelantarse los juicios.

“Considera la Sala pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena del 10 de septiembre de 1992 (rad. 615) dijo sobre el particular lo siguiente: “Cierto es que las autoridades públicas están obligadas a respetar en sus actuaciones las normas constitucionales, porque ellas subordinan el ejercicio del poder público en todas manifestaciones, sin que, desde luego, la función de administrar justicia pueda ser una excepción a ese principio.

Sin embargo, la tesis que ha adoptado la Corporación, fundada en el respeto prevalente del principio de la cosa juzgada, no se afianza, como equivocadamente se ha querido hacer ver, en la presunción de que los jueces están exentos de violar la Constitución o que en sus decisiones no están sometidos a la Constitución. No; lo que ocurre es que las decisiones judiciales tienen sus propios mecanismos de control para evitar que desborden la Constitución y la Ley, conforme a los cuales debe adelantarse la actuación judicial.

Mal puede pensarse que el sometimiento de los jueces a la Constitución, sea adecuado cuando conocen de la tutela, y en cambio no lo sea, cuando actúan en ejercicio de sus funciones ordinarias, hasta el punto de que se justifique revisar sus decisiones por medio de un procedimiento preferente y sumario, con el argumento de que ese examen rápido del derecho controvertido, garantiza mayor justicia y acierto en la decisión”.

Lo dicho es suficiente para negar, por improcedente, el amparo solicitado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia. SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE CAMILO TARQUINO GALLEGO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 2