CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tutela 13779 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ISAAC NADER Acta N° 83 Radicación Nº 13779 Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil cinco (2005). Se resuelve la impugnación formulada contra el fallo de tutela dictado el 08 de agosto de 2005 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la tutela instaurada por Lisardo de Jesús Vásquez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. I.

ANTECEDENTES 1. Contra el fallo impugnado la Sala de Casación Civil de esta Corporación negó el amparo solicitado por Lisardo de Jesús Vásquez quien mediante esta acción pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, vivienda digna e igualdad; los cuales considera vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por haber incurrido en vía de hecho en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario de mayor cuantía. Como consecuencia de la protección reclamada, solicita que se declare sin valor jurídico el título ejecutivo base del proceso y por consiguiente la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo hipotecario entablado por el Banco Colmena. 2.

Como sustento de la anterior pretensión relacionó los siguientes hechos: · Que el Banco de Colmena S.A, presentó demanda ejecutiva de mayor cuantía, con el objeto de que se librara mandamiento de pago a su favor y se decretara la venta en pública subasta de los inmuebles propiedad del accionante con el fin de pagar la totalidad del crédito. · Que previo trámite del proceso el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín profirió sentencia y declaró próspera la excepción de “nulidad del pagaré 272559, y cesar la ejecución por esta obligación, y decretó la venta en pública subasta del inmueble de mi propiedad”. · Que en los planteamientos de dicha sentencia el juzgado se limitó a describir las condiciones de los contratos de mutuo, a analizar la mora y describir el objeto y no tuvo en cuenta los sustentos constitucionales y legales que ahora rigen el caso determinado. · Que el Tribunal accionado profirió sentencia de segunda instancia confirmando la sentencia condenatoria de primera instancia librada en contra del accionante, y reformó lo concerniente a los intereses del pagaré. · Tras citar extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional, acusó al ad quem de incurrir en vía de hecho por inaplicación jurisprudencial y legal y remató señalando que el documento que sirvió como título ejecutivo se apoyó en la aceleración del plazo ocasionado por la mora en el pago de cuotas. 3.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la acción instaurada. Estimó que la acción de tutela resulta improcedente pues el actor se notificó del mandamiento de pago con arreglo a las formas y garantías de ley, formuló excepciones argumentadas en criterios similares a los de la presente acción y sustentó recurso a la sentencia de primera instancia; por lo tanto no amparó el derecho solicitado tras sostener que la tutela no es un medio idóneo para reabrir el debate y crear instancias extraordinarias. 4.

El accionante impugnó la decisión de la Sala de Casación Civil apoyado en la misma argumentación de la acción, reiteró que los funcionarios judiciales agredieron sus derechos fundamentales y rebatió la argumentación de la Sala de Casación Civil, pues estimó que con las actuaciones acontecidas se afectaba directamente su patrimonio y el de su familia, desconociendo el derecho a la vivienda digna en conexidad con el derecho a la propiedad privada.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Del escrito de demanda de tutela infiere la Sala que lo pretendido por el accionante es que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal accionado. Pues bien, de la lectura de la demanda que dio origen al presente trámite residual emerge, con meridiana claridad, la improsperidad a la que está llamada por lo siguiente: Por cuanto la petición va encaminada a modificar una situación procesal definida mediante una decisión judicial, carece el juez de tutela de competencia para interferir en la tramitación cuestionada.

En efecto, atenta contra la seguridad jurídica, pilar del Estado de Derecho, aún del denominado Social, la indebida injerencia de un juez en la actividad legítima de otro, por muy loable función atribuida en la Constitución. Solamente por virtud de los recursos ordinarios y extraordinarios puede un despacho judicial revisar las decisiones de otro, en ejercicio de la competencia funcional.

Así mismo, de manera específica y excepcional, en los códigos de procedimiento se inviste a algunos jueces para que califique ciertas determinaciones de uno de sus pares, como en el evento de los impedimentos o recusaciones, por ejemplo. La interpretación de la ley es una función que corresponde al juez en cada caso concreto. Para tal efecto, la Carta Fundamental lo dota de plenas garantías, a fin de que defina, de manera autónoma, libre de imposiciones, el alcance de las reglas jurídicas escogidas para resolver las controversias sometidas a su juicio.

Desde luego que, a su vez, el juzgador compromete su responsabilidad personal, ya disciplinaria, ora penal o patrimonial, si actúa contra el texto de la normatividad vigente, o de manera arbitraria o desviada del sagrado encargo de administrar justicia. Pero no puede un juez de tutela, en un trámite angustioso, dilucidar sobre la situación fáctica y jurídica que surge en el curso de un proceso.

Ha sido unánime y diáfana la posición doctrinaria asumida por esta Sala de la Corte, en el sentido de que la herramienta judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un trámite residual y no puede ser utilizado para resolver las controversias jurídicas de los particulares entre sí, ni la de éstos con el Estado. Supondría ello, de concebirse la tutela como acción paralela y concurrente, la derogación de las acciones judiciales ordinarias y especiales consagradas en los Códigos y leyes procedimentales con tales propósitos y la sustitución de las jurisdicciones ordinarias y especiales por la de tutela.

Para estos conflictos y debates el Estado ha dispuesto una superestructura judicial, con todo su andamiaje procesal de acciones, excepciones, nulidades, incidentes y recursos, a fin de darles solución eficaz bajo claras reglas de juego que aseguren un juicio imparcial y legítimo. Muchísimo menos, ha reiterado esta Corporación, es viable la acción de tutela para hacer revisar las decisiones jurisdiccionales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho.

Sobre este particular aspecto argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo.

“Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia.” La Sala de Casación Laboral de la Corte mantiene invariable su postura doctrinal sobre el tema.

En verdad no se compromete con la naturaleza del Estado Constitucional pretender la injerencia indebida de un juez en los asuntos que la ley ha asignado a otro para resolver; ello subvierte el orden jurídico, produciéndose de paso un factor más de perturbación de la convivencia pacífica en una sociedad que, como la colombiana, tanto la necesita.

III. DECISIÓN Fuerza concluir que la tutela era improcedente por las razones aquí expuestas y, se confirmará el fallo impugnado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1º. CONFIRMAR, la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 8 de agosto de 2005, mediante la cual negó la tutela impetrada por Lisardo de Jesús Vásquez Bustamante contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín Sala Civil. 2º. COMUNICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. 3º.

ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese, cópiese y cúmplase. CARLOS ISAAC NADER GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 12