CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA Nº 13.556 FREDY GIOVANNY LARA MENDIETA República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¡Error!Marcador no definido. SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta Nº 058 Bogotá D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil tres (2003). V I S T O S Procede la Sala a resolver la impugnación que presenta el demandante, FREDY GIOVANI LARA MENDIETA contra la decisión del pasado 22 de abril, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, negó la tutela interpuesta contra la Fiscalía 5ª Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Fusagasugá, Fiscalía 5ª Especializada ante los Juzgados Penales del Circuito y Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá, por supuesta lesión de los derechos fundamentales al debido proceso y de la igualdad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 1.- El accionante, quién se encuentra recluido en la cárcel judicial de Fusagasugá, expone que en su contra cursa un proceso penal por el delito de extorsión. Relata que dentro del mismo, la Fiscalía 5ª Especializada ante los Juzgados Penales del Circuito y el Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá han cometido irregularidades sustanciales que vulnera su derecho fundamental al debido proceso, en la medida que si los hechos por los cuales se investigó tuvieron ocurrencia en Fusagasugá y la cuantía de la presunta extorsión no supera los 50 salarios mínimos mensuales, dichos despachos judiciales carecían de competencia para actuar, ya que la misma radicaba en los Juzgados Penales Municipales, según lo establecido en los artículos 2º y 30 del decreto 2001 de 2003.

Más sin embargo, el Juzgado 22 penal del Circuito de Bogotá profiere sentencia condenatoria el 29 de enero del año en curso, imponiéndole una pena de 8 años de prisión, la que fue apelada encontrándose en curso el trámite de la impugnación en segunda instancia. Por lo anterior, solicita por este medio se declare la nulidad de lo actuado, a partir de la resolución de acusación y se remitan las diligencias al Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá. Sustenta el actor la presentación de esta acción constitucional, en la inconformidad con la actuación procesal por medio de la cual se ha omitido, en las diligencias referenciadas, radicar en el juez competente el conocimiento y juzgamiento de su proceder y de lo cual ha visto vulnerado sus derechos constitucionales. 2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca conoció de la acción de tutela, motivo por el cual, al fijarse en su sede la competencia para tramitar el asunto en atención a la jurisdicción donde ocurre la violación o amenaza que motivó la presentación de la demanda, profirió sentencia el 22 de abril del año en curso desestimando las pretensiones del demandante.

Expone el Tribunal, como fundamento de su decisión, que la acción de tutela no procede contra sentencias, a excepción, que ella se configure en una vía de hecho. Establece adicionalmente, que en referencia a existencia y declaración de nulidad que acusa en la demanda en referencia a la falta de competencia de las autoridades demandadas para conocer del proceso adelantado en su contra, es cuestión que debe ventilarse dentro del respectivo proceso y no por medio de esta excepcional acción, contando el actor, en consecuencia, además, con otro medio de defensa judicial que torna improcedente la presente acción, más aún, cuando se encuentra el fallo proferido pendiente de revisión en segunda instancia, oportunidad propicia para alegar lo que por esta vía pretende.

Conforme a lo anterior, concluye que “ el escrito de tutela así concebido, se constituye en un memorial para hacerlo valer, en este momento, ante las instancias ordinarias del proceso. Finalmente, no estamos frente a un perjuicio irremediable, para acceder al amparo solicitado como mecanismo transitorio, toda vez que el accionante se encuentra privado de su libertad en virtud de resolución legalmente producida”.

Notificado del fallo, el accionante lo apela absteniéndose de efectuar pronunciamiento adicional como soporte de su inconformidad. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.- La demanda de amparo propuesta por el accionante, ante la supuesta violación de su derecho constitucional se contrae a censurar, la actuación de las autoridades judiciales demandadas y las determinaciones que ha proferido dentro del proceso que se adelanta en su contra. 2.- Es criterio reiterado y ampliamente divulgado por la jurisprudencia constitucional de la Sala, que la acción de tutela contra actuaciones judiciales y proveídos de este mismo talante resulta completamente improcedente.

Se devela en el actor el desconocimiento de los límites que posee el Juez de tutela, a tal punto que su argumentación se dirige a procurar que por esta instancia, so pretexto del amparo de sus derechos, se provea la nulidad de la actuación penal que en su contra se adelanta, dejándose sin efecto las decisiones emanadas de las autoridades demandadas con ocasión de haber avocado el conocimiento bajo la actuación penal respectiva de su particular proceder.

Ante la imposibilidad de que se busque a través de la tutela la remoción de decisiones judiciales conforme la constante posición jurisprudencia al respecto; y que, además, al interior de la actuación judicial se dispone por el demandante de otros medios de defensa judicial, son las razones que se erigen como suficientes para denegar el amparo solicitado.

Los argumentos expuestos para sustentar el primer motivo de improcedencia, se reitera, radican fundamentalmente en que a partir de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, hecha por la Corte Constitucional en sentencia C-543 del primero de octubre de 1992, el juez constitucional no puede conocer por vía de tutela de las providencias judiciales.

Como dicha sentencia de inexequibilidad, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política, se encuentra protegida por la garantía de la cosa juzgada constitucional, es de obligatoria observancia para las autoridades judiciales, además de que los principios constitucionales en ella amparados, tales como el de la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales (art. 228 C. P.), el del debido proceso (art. 29 ibidem ) y el de la cosa juzgada, tienen plena vigencia. Sólo, excepcionalmente, se ha permitido la injerencia del juez de tutela para remediar asuntos en los que de manera expresa se encuentre una vía de hecho, que es la manifestación del arbitrio, capricho e ilegalidad judicial, lo que no sucede en el presente caso.

En estas condiciones, un mecanismo residual y supletorio por esencia como lo es la tutela, no puede suplantar las vías ordinarias, precisamente por cuanto ellas son garantía de orden en un Estado Social de Derecho. De otra parte, también es completamente improcedente la propuesta de amparo, pues no es posible que el juez de tutela entre a estudiar determinaciones judiciales producidas al interior de un proceso que se encuentra en curso y en el que, por lo tanto, aún se cuenta con múltiples medios judiciales para mostrar la inconformidad en referencia a actos procesales emitidos por el funcionario competente, sin que la tutela pueda ser vista como tercera instancia, en la que, además, por el desacuerdo de la parte afectada o por la omisión en sus deberes se pueda entrar a definir lo que ya fue decidido por el juez natural, de manera motivada y ampliamente justificada o definir, como en el presente caso, la existencia o no de los presupuestos procesales atinente a la actuación en la cual funge como acusado el accionante, aspecto sobre el cual se tiene, aún al interior del proceso, la oportunidad de debatir, no siendo, en consecuencia la presente acción, un mecanismo alternativo a los previos procedimientos fijados para el efecto.

Mucho más cuando las decisiones del juez natural por su motivación objetiva y jurídica no puede asemejarse a una determinación arbitraria o sometida al simple capricho, es decir, no se trata de una vía de hecho que justifique la intervención del juez de tutela. Por último, no puede desconocerse que el actor cuenta con la posibilidad cierta que le ofrece el proceso penal para ejercer plenamente su derecho a la defensa dentro del ámbito propio del debido proceso, garantías sobre las cuales no se encuentra evidencia de conculcación o amenaza, como acertadamente lo dedujo el Tribunal a quo, siendo procedente en consecuencia, ante la eventual existencia que percate el accionante de irregularidades sustanciales que socaven la estructura misma del proceso, que ellas de igual manera puedan ser reclamadas al interior de la actuación, para que conforme las reglas ordinarias del procedimiento puedan ser o no declaradas, no siendo en consecuencia esta excepcional vía la expedita para la consecución de dicho fin, al no constituirse en un medio alternativo de defensa judicial cuyo ejercicio además radica en el accionante y que, por tanto, adicionalmente torna improcedente el amparo solicitado como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo.

Razones suficientes, para confirmar el fallo impugnado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E 1. Confirmar el fallo apelado conforme a las anteriores motivaciones. 2. En firme esta determinación, remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3.

Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. Cúmplase. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS TERESA RUÍZ NUÑEZ Secretaria 11 4