CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela Nº 13478 PAGE 8 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela 13478 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ISAAC NADER ACTA Nº 7 RADICACIÓN Nº 13478 Bogotá D.C., Veintisiete (27) de Enero de Dos Mil Seis (2006).

Se decide la acción de tutela interpuesta por LA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS DIALKO LTDA contra la providencia proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, dentro del proceso ordinario laboral promovido por WALTER CASTILLO ARAMBURU contra la demandante. I.

ANTECEDENTES La accionante, a través de apoderado judicial, solicita la protección de su derecho al debido proceso, supuestamente violado por los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali dentro del proceso ordinario laboral que el señor Walter Castillo Aramburu adelantó contra aquella. Consecuencialmente, reclama que la Corte revoque la providencia del 8 de noviembre de 2005, aprobatoria de las súplicas de la demanda de indemnización moratoria, y, en su lugar confirme la sentencia del 7 de julio de 2005 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali.

En respaldo de la petición de amparo aduce que el Tribunal desconoció el debido proceso, al no existir en la providencia, concordancia en el análisis de la prueba que condujo a una liquidación que supera en más de 15 veces la sentencia del a-quo. Manifestó que el Tribunal realizó una errada apreciación de los documentos aportados al proceso donde figuran los comprobantes de pago, los cuales confirman que por ser préstamos por calamidad doméstica de valores ínfimos, se cancelan sin un pagaré y se encuentran en el departamento de contabilidad.

Por tanto, justifican las retenciones realizadas por el empleador y, “no existe razón para condenar a una empresa al pago de una descomunal suma debido a la interpretación errónea de carácter subjetivo del ad-quem”. En este sentido toma en consideración el acápite del salvamento de voto de la Magistrada Francisca Cestagalli: “…No es razonable concluir que de la parte empleadora hubo una actitud maliciosa cuando cumplió con el pago de los demás derechos, resultante de la liquidación del contrato de trabajo en una suma importante.

Por lo tanto la diferencia que se presenta por descuentos no autorizados es claramente mínima, de ahí que no es fácil creer que quien paga una importante suma de dinero, maliciosamente aplique descuentos por una suma de dinero insignificante frente a la primera”. Esta Sala mediante auto calendado el 24 de enero de la presente anualidad asumió el conocimiento del trámite de tutela y en consecuencia ordenó notificar a las partes sin que éstas se pronunciaran al respecto.

II. CONSIDERACIONES La presente tutela no está llamada a prosperar porque, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, contra decisiones judiciales no procede el amparo constitucional en virtud de los principios de autonomía e independencia de la administración de justicia, columna vertebral de todo Estado de Derecho.

El recto entendimiento del artículo 86 de la Constitución de 1991 repudia la posibilidad de que por vía de la acción de tutela alguno de los órganos del Estado, incluidas las más altas cortes, se injieran en la decisión asumida dentro de un proceso judicial, por más bajo que sea el rango de quien la profirió. Ello deviene de la condición superior que el principio constitucional de la independencia judicial adquiere respecto del poder competencial que se le otorga a los entes límites de la Rama Judicial.

La función primordial de toda Carta Fundamental es poner límites y de ellos no puede sustraerse ningún órgano, sin excepción alguna. La inexequibilidad dispuesta por la Corte Constitucional en su fallo C-543 de 1992, mediante la cual expulsó del ordenamiento jurídico nacional las reglas que aludían a la posibilidad de atacar las providencias de los jueces, no puede ser desconocida por autoridad alguna, so pretexto de aplicar de manera inapropiada la doctrina denominada “vía de hecho”, que fue la respuesta de la jurisprudencia a las actuaciones arbitrarias o caprichosas de las autoridades administrativas.

Resulta un contrasentido inadmisible que el contenido de una decisión judicial, dictada dentro de un proceso legalmente establecido, sea revisado posteriormente por otro juez, cualquiera que sea su rango, por fuera de las instancias que se hallan consagradas en el código procesal que autoriza el trámite y resolución del conflicto. Se reitera nuevamente lo dicho en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas.

Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo. “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia.” III. DECISIÓN Fuerza concluir que la tutela deviene improcedente.

En mérito de ello, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR por improcedente la acción de tutela incoada. SEGUNDO.- Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si esta decisión no fuere impugnada en la oportunidad prevista en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE. CARLOS ISAAC NADER GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE