SALA DE CASACIÓN LABORAL República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 13447 SALA DE CASACIÓN LABORAL Dr. LUIS JAVlER OSORIO LÓPEZ Magistrado Ponente Radicación 13447 Acta No. 70 Bogotá D.C, nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005). Resuelve la Corte la impugnación formulada por la sociedad Papeles Nacionales S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela que la citada instauró en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.
I.
ANTECEDENTES En escrito de tutela, se dice que la sociedad Productos Familia S.A. solicitó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira la adopción de medidas cautelares contra la sociedad Papeles Nacionales S.A., alegando que ésta había producido y distribuido papel higiénico con la marca “2 en 1”, de propiedad de la primera. A dicha petición accedió el juzgado de la referencia, mediante decisión que posteriormente fue revocada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en providencia del 7 de octubre de 1999, ordenando además levantar las medidas cautelares y condenó al pago de perjuicios causados y costas del proceso.
Con base en lo anterior, y lo dispuesto en los artículos 307-4 del Código de Procedimiento Civil, 568, 569 y 570 del Código de Comercio, Papeles Nacionales S.A., promovió incidente de regulación de perjuicios que fue adelantado por ese Juzgado y en decisión del 15 de junio de 2004, condenó a la suma de $224.533.205,09, por concepto de perjuicios materiales; determinación que fue revocada en sede de apelación por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, el 6 de diciembre de 2004, al considerar que el incidente de regulación de perjuicios no era procedente en el presente caso y condenó en costas a su promotor.
Por lo tanto, estima la accionante que el Tribunal incurrió en una vía de hecho judicial, que hace procedente la tutela en aras de garantizar el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la cosa juzgada, por lo que se debe dejar sin efecto esta última decisión del Tribunal y ordenar que en su lugar se desate nuevamente la apelación interpuesta contra la providencia que condenó al pago de perjuicios.
II. DEL TRÁMITE Y FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La solicitud de Amparo Constitucional fue tramitada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó dar traslado de la misma a la accionada para que hiciera uso del derecho de defensa, pero guardó silencio. Esa Corporación puso fin a la primera instancia en fallo del 29 de junio de 2005, denegando el amparo solicitado, luego de considerar que no le es dable al juez de tutela inmiscuirse en las decisiones del juez natural, al tiempo que estimó que la decisión atacada de manera alguna puede ser vista como una vía de hecho judicial, y por el contrario en la misma se enmendaron una serie de yerros que se habían presentado previamente en la actuación. III.
DE LA IMPUGNACIÓN La anterior determinación fue impugnada por la tutelante y en la sustentación presentada en esta instancia, básicamente reitera lo expresado en el escrito que originó la presente acción, agregando que no podía el Tribunal, sin incurrir en vía de hecho, desconocer sus propias y anteriores decisiones ejecutoriadas que tenían el carácter de cosa juzgada, para declarar posteriormente, como lo hizo en la providencia cuestionada, que ya no prosperaba el incidente de regulación de perjuicios y la condena a los mismos, dejándolos sin efecto y lo peor, condenando en costas la incidentista.
IV. CONSIDERACIONES Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, la que para ser ejercida no exige requisito formal alguno. Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera.
Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución, o que por conexidad se encuentren consagrados en otros acápites de dicha normatividad. Ahora bien, tratándose de providencias judiciales, en principio la Carta no previó la utilización de este mecanismo judicial; fue el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, el que concibió la posibilidad de atacar las decisiones de los jueces, incluidas las que pusieran fin a la instancia correspondiente.
No obstante ello, la Corte Constitucional en el estudio pertinente, determinó la inexequibilidad de la referida disposición, al pregonar la figura de la Cosa Juzgada y la independencia de la Rama judicial, señalando en algunos de los apartes de la Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, lo siguiente: “ La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.
La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.
El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.
En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho -"non bis in idem"-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado.
Aunque se admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas, fuera procedente la acción de tutela para que un juez impartiera órdenes a otro en relación con las providencias proferidas por su Despacho, tal posibilidad de todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la inequívoca consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del litigio.
No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. Se hace posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias.
De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias.
Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente.
En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte...” Y es que en efecto, las determinaciones emitidas dentro de un proceso, ya ordinario, ora especial, gozan de presunción de legalidad al igual que los actos administrativos y, por ende, han de respetarse y acogerse por quienes de manera libre y voluntaria acuden a la administración de justicia buscando la solución a sus conflictos.
Así las cosas, las partes deben someterse a las decisiones que dentro del trámite del respectivo proceso adopte el funcionario judicial, sin que sea viable pretender su desconocimiento alegando atropello alguno, porque no se ajusten al querer de éstas; la firmeza de tales providencias, es también una garantía de orden constitucional prevista en el artículo 29 de la Carta, que consagra el deber de brindar un juicio con el lleno de las formalidades propias de éstos.
Por lo demás, como lo ha sostenido esta Sala desde la sentencia de Marzo 2 de 1998, radicación 3103: “ …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.
Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas. Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.” Por lo anterior, es que no puede esta Sala de la Corte, como ya lo expresó su homóloga de primera instancia, inmiscuirse en el trámite de un proceso que revistió todas las formalidades de su rango, para dejar sin efecto las decisiones en él legalmente adoptadas.
De hacerlo, inhesitablemente estaría suplantando indebidamente al juez natural, cuya decisión, por lo demás, en estricto rigor, no puede ser considerada como vía de hecho judicial, entendiendo por tal el craso o protuberante error no soportado en los dictados legales o en las normas sustantivas o adjetivas que informan o que disciplinan las respectivas materias jurídicas.
De allí entonces que, contrario a lo sostenido por la parte actora, ninguna violación a sus derechos fundamentales le ha irrogado la actuación en cuestión. En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias más consideraciones, se impone la confirmación del fallo impugnado, pues se reitera en esta oportunidad que la tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de obtener una solución a sus conflictos de mero rango legal, o de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto que en su momento fue sometido a los ritos propios del proceso ordinario, o para solicitar que se deje sin efecto una decisión que definitivamente no admite los señalamientos de arbitraria o amañada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por la sociedad Papeles Nacionales S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.
SEGUNDO. - NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito. TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE