CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela 13329 Orlando García Cuellar CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrada Ponente: MARINA PULIDO DE BARÓN Aprobado acta N° 043 Bogotá, D.C. ocho (8) de abril de dos mil tres (2003). VISTOS Sería del caso que la Sala se ocupara de la impugnación del fallo de fecha marzo 5 de 2003 por cuyo medio del Tribunal Superior de Cartagena negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el apoderado de ORLANDO GARCÍA CUELLAR si no se observara que se ha incurrido en irregularidad sustancial que afecta de nulidad la totalidad del trámite surtido.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES. 1. El actor manifiesta que mediante resolución número 1305 del 31 de julio de 2002 la Superintendencia de Economía Solidaria por medio del Superintendente Delegado para las Organizaciones de Economía Solidaria con Actividad Real sancionó a ORLANDO GARCÍA CUELLAR en su condición de miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Bolivarense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro imponiéndole una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la que debía ser cancelada a los 5 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada resolución. Resalta que contra la resolución en comento interpuso el recurso de reposición en tiempo, el que fue rechazado argumentándose por el entidad accionada que no llenaba los requisitos contemplados en el artículo 52 numeral 1º del Código Contencioso Administrativo, agregando que contra dicha decisión no procedía recurso alguno agotándose la vía gubernativa.

Considera el accionante, que la demandada al aplicar el inciso 3º del artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, para rechazar el recurso de reposición desconoció el verdadero alcance del artículo 52 numeral 1º del C.C.A., vulnerándose su derecho fundamental del debido proceso. 2. Las diligencias correspondieron por reparto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, admitida la acción por éste el 20 de febrero del año en curso, que ordenó el traslado a la Superintendencia de la Economía Solidaria y al Superintendente Delegado respectivo y demandó su pronunciamiento respecto de los hechos que motivan el amparo.

Obtenida la información, la aludida Corporación, denegó la protección de los derechos fundamentales solicitada por el accionante. 4. Impugnada la anterior decisión, el a-quo concedió el recurso de apelación mediante auto del 17 de marzo del año en curso y ordenó la remisión del expediente a esta Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. PARA RESOLVER SE CONSIDERA Encuentra la Corte que en el trámite del presente asunto, el Tribunal interpretó erróneamente el Decreto 1382 de 2000, mediante el cual el Gobierno reglamentó el reparto de la acción de tutela en todo el territorio nacional.

Esa normatividad recobró vida jurídica el 16 de marzo de 2002 y fue objeto de control de legalidad por parte del Consejo de Estado, que la encontró ajustada a la Carta Política, como se advierte en la sentencia emitida el 18 de julio de 2002. Según las previsiones del citado Decreto, cuando las demandas de tutela son presentadas contra organismos o entidades descentralizadas por servicios del orden nacional, deberán ser repartidas para su conocimiento a los jueces del circuito.

Conforme a lo establecido por la Ley 454 del 4 de agosto de 1998 en el artículo 33, la naturaleza jurídica de la entidad accionada se circunscribe a un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera. De acuerdo a la preceptiva del numeral 2°, literal a) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, forman parte del sector descentralizado por servicios, entre otros: “2.

Del sector descentralizado por servicios: a. Los establecimientos públicos b. Las empresas industriales y comerciales del Estado c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios e. Los institutos científicos y tecnológicos f. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.” Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral segundo del artículo primero del Decreto 1382 de 2000, debe conocer de la presente acción el Juez Penal del Circuito (Reparto)de Cartagena despacho en el que radica la competencia para tramitar y decidir la presente acción y que asumió el Tribunal a quo con inobservancia del citado Decreto 1382 de 2000.

Si lo anterior es así, es evidente que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena incurrió en irregularidad sustancial que vicia de nulidad la actuación surtida al configurarse el supuesto de hecho previsto en el artículo 140, numeral 2° del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992, porque inobservó lo preceptuado por el artículo 5° del Decreto 1382 de 2000.

Por tanto, como la falta de competencia afecta la validez el presente trámite, así habrá de declararse a partir inclusive del auto admisorio de la demanda de tutela, con la precisión de que las pruebas practicadas conservarán validez. En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, RESUELVE 1°.- DECRETAR LA NULIDAD de la actuación cumplida en este asunto, a partir inclusive del auto admisorio de la demanda, excepción hecha de las pruebas practicadas, por la razón consignada en la anterior motivación. 2º.- REMITIR las diligencias al Juzgado Penal del Circuito de Cartagena (Reparto), por competencia. 3.

NOTIFICAR la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Cúmplase, YESID RAMÍREZ BASTIDAS FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria 1 1