Doctor República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación No. 13234 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Radicación No. 13234 Acta No. 104 Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil cinco (2005). Decide la Corte la acción de tutela instaurada por DORYS CECILIA MANTILLA GIL, MARTHA LIDIS CASTRO ESCANDÓN, YOLIMA ARIAS ACOSTA y RUTH AMPARO TAMARA LARA contra la SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA.

I.

ANTECEDENTES Las accionantes, mediante apoderado, instauraron la acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a las garantías judiciales, debido proceso, fuero sindical, asociación e igualdad ante la ley. En sustento de sus pretensiones adujeron como hechos, entre otros, que promovieron demanda especial de fuero sindical (acción de reintegro) contra la Asamblea Departamental del Atlántico en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla; que el Juzgado, en sentencia del 23 de marzo de 2004, condenó a reintegrar a las demandantes; que al conocer de la apelación interpuesta por la demandada la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia del 15 de diciembre de 2004, revocó la decisión del a quo.

Sostienen que el ad quem incurrió en vía de hecho porque “al declararse inhibido para fallar no podía revocar el fallo si no (sic) declararlo nulo.” Pretenden con esta acción, que se amparen los derechos fundamentales invocados; que se declare ineficaz la sentencia de la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, proferida por las Magistradas Claudia María Fandiño de Muñiz, Heidi Cristina Guerrero Mejía y María Olga Henao Delgado.

La magistrada ponente de la decisión cuestionada aseveró que las Asambleas Departamentales carecen de personería jurídica por lo que no tiene capacidad para ser parte de un proceso, de modo que las demandantes debieron vincular al Departamento del Atlántico, lo cual no ocurrió (folios 16 y siguientes). Los intervinientes, Asamblea Departamental del Atlántico y Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, también guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES Esta Sala de la Corte ha explicado que por razón de los principios constitucionales de cosa juzgada, separación de jurisdicciones y autonomía judicial, en ejercicio de su función constitucional carece el juez de tutela de facultades para interferir asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales y para modificar las providencias por ellos dictadas, pues no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política ha fijado a jurisdicciones como la ordinaria y la de lo contencioso administrativo ni decidir puntos de derecho cuyo conocimiento les ha sido a ellas reservado; por manera que, independientemente de su jerarquía, el juez que decide una acción de amparo no está legalmente habilitado para revisar un proceso ya resuelto por la autoridad judicial competente.

Por tal motivo, en la sentencia del 12 de diciembre de 1996, precisó la Sala que: “ al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.” En consecuencia no le corresponde a esta Corporación, en sede de tutela, modificar la sentencia del 15 de diciembre de 2004, de la SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, proferida dentro del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro), promovido por DORYS CECILIA MANTILLA GIL, MARTHA LIDIS CASTRO ESCANDÓN, YOLIMA ARIAS ACOSTA y RUTH TAMARA LARA contra la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, pues, como lo ha explicado la Sala de manera uniforme, el excepcional mecanismo de la tutela no puede ser utilizado para dejar sin efectos sentencias o providencias judiciales, como la citada, que las accionantes consideran les vulneró los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política y para respetar los efectos de cosa juzgada de la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, mediante la cual la Corte Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.

En casos como el presente, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera: “…el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia de 1° de octubre de 1992 tiene el efecto obligatorio, erga omnes, de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la “norma de normas”.

“Una decisión jurisdiccional adoptada como culminación de un proceso será siempre una sentencia judicial y nunca podrá configurar una “vía de hecho”. Ello será así aun en aquellos casos en que pudiera pensarse que el fallo resulta equivocado, pues de la probabilidad del error no está exenta ninguna decisión humana…” (Sentencia del 2 de marzo de 1998, radicado 3103).

Y en la sentencia del 11 de abril de 2002, radicación 7542, consideró: “El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio.

Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica. “La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos procesales. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.” Las anteriores breves reflexiones tornan improcedente el amparo constitucional y obligan a denegar la tutela impetrada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE

1.-Denegar la tutela impetrada. 2.-Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3.-Ordenar la remisión del expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si de éste no se impugnare.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 2