CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. 12849 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: Camilo Tarquino Gallego Radicación No 12849 Acta No 53 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil cinco (2005). Decide la Corte la impugnación formulada por ROGELIO ANTONIO ZABALA SALAZAR contra el fallo de 3 de marzo de 2005, proferido por la Sala – Civil Familia Laboral - del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en el trámite de la tutela que le sigue al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, al ICFES y al DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ANTECEDENTES 1. Para obtener la protección constitucional de los derechos al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad y al “de confianza legítima”, supuestamente vulnerados por las entidades accionadas, el promotor de esta acción cuestiona la convocatoria a concurso de méritos para cargos de Directivos Docentes y Docentes en el Departamento de Sucre y, en consecuencia, solicita se declare la nulidad de la prueba de aptitudes de competencias básicas y psicotécnicas realizadas el 16 de enero de 2005 y la suspensión de las etapas siguientes, hasta tanto no se defina el procedimiento para tramitar las reclamaciones por irregularidades presentadas en las diferentes etapas del concurso y, en subsidio, se invalide todo lo actuado dentro del mismo.

Sustentó sus pretensiones en los hechos que se sintetizan a continuación: Que es docente nombrado en provisionalidad por el Departamento de Sucre en la nómina del Sistema General de Participaciones; que al momento de su vinculación cumplía con cada uno de los requisitos exigidos por la ley para el desempeño del cargo; que no fue notificado que su cargo era objeto del concurso convocado por la entidad territorial; que le están aplicando retroactivamente la Ley, atentando contra sus garantías laborales obtenidas en legal forma con defraudación del principio constitucional de “confianza legítima”; que las normas de la convocatoria no establecen la procedencia de los medios para impugnar, los efectos, ni los procedimientos para los mismos, con clara violación al debido proceso; que no se ha conformado la autoridad, que por ley le corresponde desatar las reclamaciones, ni ningún tipo de vigilancia ni control para la etapa de inscripción en el concurso; que no se ha contemplado el derecho a la contradicción y a la doble instancia; que fue cambiada la fecha y hora para la realización de las pruebas, - 16 de enero en las horas de la mañana a unos y en la tarde a otros -, con grave violación del derecho a la igualdad, por cuanto los concursantes de jornada contraria conocieron de antemano el método del examen, las preguntas y respuestas de la prueba; que durante la práctica de la evaluación se presentaron serias anormalidades que impidieron su buen desempeño en la misma; que en el salón 020 de la Institución Educativa Antonio Lenis el delegado del ICFES, anuló la prueba y se comprometió a realizarla en otra fecha; que tanto el Gobierno Nacional, como el Territorial, le están violando sus derechos al debido proceso, participación, igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas; que, además de todas las irregularidades, tampoco se agotó el procedimiento fijado ni se cumplió cabalmente con la etapa del concurso consagrada en el art. 3 literal b, del Decreto 3238 de 2004 por la falta de publicidad de quienes habían sido admitidos a las pruebas. 2.

El 21 de febrero pasado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo admitió el trámite de la acción y dispuso notificar a las entidades tuteladas. (fl. 26). Así mismo, requirió al ICFES para obtener información sobre las pruebas practicadas el 16 de enero y el porqué, si la prueba estaba fijada para los días 15 y 16, se practicó en un solo día. Igualmente, pidió informe a la Policía del Departamento de Sucre, sobre los desordenes presentados en los centros donde se realizaron los exámenes y ordenó oficiar a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 3.- El comando de la Policía del Departamento de Sucre( fl. 34), informó que el Comandante de Policía de Sincelejo, efectuó amonestaciones en privado a los docentes que estuvieron implicados en el entorpecimiento de los exámenes convocados por el ICFES; remitió en 20 folios un informe detallado de lo acontecido, que da cuenta de la ruptura de los exámenes.

No hubo más pronunciamientos 4. Mediante sentencia fechada el 3 de marzo de 2005 (fls. 58 a 65), el Tribunal Superior de Sincelejo - Sala Civil Familia Laboral - RECHAZÓ la tutela solicitada. El Tribunal, concluyó que la tutela es improcedente, por cuanto si lo que se pretende es que se declare la nulidad de la prueba de aptitudes y competencias básicas, realizadas el 16 de enero de 2005, para la suspensión de las etapas siguientes y para desconocer la legalidad de los decretos que rigen la convocatoria de cargos docentes, existe otro mecanismo judicial tendiente a obtener un pronunciamiento en tal sentido. 5.

Impugnó el accionante (fls 70 a 71), manifestó que el 16 de enero a las 8:30 a.m. se presentó un problema de alteración al interior de la Institución donde se iba a realizar la prueba que los obligó a levantar un acta, con el compromiso de poder presentar la prueba en otra oportunidad y exigieron al delegado del ICFES anular la prueba por cuanto los cuadernillos rotos circulaban por los pasillos de la mencionada Institución poniéndolos en desventaja con los que presentaron la prueba en las horas de la tarde; que no se le ha dado la oportunidad de presentar la prueba y se le está vulnerando el derecho a la igualdad.

SE CONSIDERA La acción de tutela consagrada en la Carta Política, otorga facultad a cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de estirpe constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u omisiones de una autoridad pública o de particulares.

No obstante, esta acción sólo procede cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que exista, probadamente, un perjuicio irremediable que haga imperioso el amparo constitucional como mecanismo transitorio. Desde que fue instituida esta figura en la Constitución Política, se ha sostenido que uno de sus caracteres esenciales es el de la subsidiariedad, lo que significa que la acción de tutela no es paralela, ni complementaria, para alcanzar la protección de los derechos, si existe otra vía judicial idónea.

Es evidente que las pretensiones de la accionante, no pueden recibir el amparo del juez constitucional, no sólo por las razones que, de manera amplia, destacó el Tribunal en el fallo que es objeto de revisión, sino acorde con la posición sostenida en pronunciamientos de la Sala frente a casos similares. No cabe duda que las normas que rigen la convocatoria, son de claro contenido general, impersonal y abstracto y, por ende inatacables mediante el mecanismo aquí utilizado, debiendo entonces el actor optar por la vía judicial adecuada.

De otro lado, como lo ha sostenido esta Sala de la Corte en diversos fallos de esta índole, los derechos emanados de concursos de mérito y carrera docente, se muestran extraños a la tutela, dado que comportan controversias de tipo legal; de donde no resulta viable su examen por el juez constitucional, sino por el ordinario, en la medida en que se acuda a la vía judicial procedente con tal propósito (artículo 2º del Decreto 306 de 1992).

En efecto, en el sub lite se infiere claramente que la acción se encamina a desconocer los efectos y los procedimientos de la convocatoria para proveer cargos docentes y el contenido de unos decretos que, como todo acto administrativo, gozan de la presunción de legalidad y obliga a los administrados a acogerlos y respetarlos, mientras la Jurisdicción correspondiente no declare su nulidad, si es que obviamente así se pretende.

Lo dicho es suficiente para confirmar el fallo impugnado, no sin antes señalar que no se evidencia en este caso, un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo como mecanismo transitorio. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas. SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE CAMILO TARQUINO GALLEGO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DIAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PÁGINA 9