CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia 12 Tutela 8705 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela N° 12507 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ISAAC NADER Acta Nro. 37 Radicación Nro. 12507 Bogotá, D. C., cinco (5) de abril de dos mil cinco (2005) Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte actora contra el fallo de tutela dictado el 24 de enero de 2005, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES 1. Los accionantes afirman en el escrito de tutela, a nivel de síntesis, los siguientes hechos: Que el despacho accionado incurrió en una vía de hecho con el auto de fecha 4 de noviembre de 2004, al conceder el recurso de Casación interpuesto por la demandada Compañía Agrícola de Seguros, dentro del proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Contractual, que se adelantó ante ese Despacho y dentro del cual fueron demandantes los tutelantes, al tener en cuenta, en conjunto, las condenas que se profirieron a favor de cada uno, para establecer la cuantía del interés para recurrir en Casación de la entidad demandada, en ese proceso.

Igualmente sostienen que, con la conducta asumida por el Despacho entutelado, se les están violando los derechos al debido proceso y a la igualdad. Por virtud de lo anterior, solicitan se remueva del mundo jurídico el auto que concedió el recurso de Casación y en su defecto se le ordene a la sala accionada estudiar nuevamente la viabilidad del recurso, teniendo en cuenta el punto de vista de los tutelantes. 2.

Correspondió conocer de la presente acción a la Sala de Casación Civil de esta Corporación, quien, en fallo del 24 de enero de 2005, denegó la tutela impetrada por GILMA DE JESUS GOMEZ DE MARQUEZ Y JOSE JAIRO MARQUEZ VARGAS, a través de apoderado judicial, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por encontrarla improcedente, en la medida en que consideró que la tutela no era el medio idóneo para atacar la providencia judicial con la cual el Despacho accionado concedió el recurso de Casación a la demandada Compañía Agrícola de Seguros de Vida, dentro del proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Contractual, a que nos hemos referido. 3.

A través del escrito de impugnación, pretenden los accionantes que se revoque la sentencia del 24 de enero del año que cursa y en consecuencia se acojan las suplicas de la tutela, teniendo como de base de lo anterior, los hechos sustento de la misma. 4. Los inconformes presentaron petición al Juez que denegó la tutela, solicitando aclaración de la sentencia del 24 de enero de 2005, la cual fue negada, según lo dispuesto en auto de 4 de marzo del año en curso.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Del escrito de impugnación infiere la Sala que lo pretendido por el accionante es que se revoque la decisión tomada por la Sala de Casación Civil, de fecha 24 de enero de 2005, que denegó la acción de tutela impetrada; para que en su lugar se conceda el amparo al debido proceso y la igualdad, dejando sin efecto el auto de fecha 4 de noviembre de 2004, proferido por la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, mediante el cual concedió el recurso de Casación a la demandada Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A., dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual, que se adelantó ante ese Despacho, de acuerdo con los hechos expuestos en el escrito de tutela.

Pues bien, de la lectura de la demanda que dio origen al presente trámite residual emerge, con meridiana claridad, la improsperidad a la que está llamada por lo siguiente: Por cuanto la petición va encaminada a modificar una situación procesal definida mediante una decisión judicial, carece el juez de tutela de competencia para interferir en la tramitación cuestionada.

En efecto, atenta contra la seguridad jurídica, pilar del Estado de Derecho, aún del denominado Social, la indebida injerencia de un juez en la actividad legítima de otro, por muy loable función atribuida en la Constitución. Solamente por virtud de los recursos ordinarios y extraordinarios puede un despacho judicial revisar las decisiones de otro, en ejercicio de la competencia funcional.

Así mismo, de manera específica y excepcional, en los códigos de procedimiento se inviste a algunos jueces para que califique ciertas determinaciones de uno de sus pares, como en el evento de los impedimentos o recusaciones, por ejemplo. La interpretación de la ley es una función que corresponde al juez en cada caso concreto. Para tal efecto, la Carta Fundamental lo dota de plenas garantías, a fin de que defina, de manera autónoma, libre de imposiciones, el alcance de las reglas jurídicas escogidas para resolver las controversias sometidas a su juicio.

Desde luego que, a su vez, el juzgador compromete su responsabilidad personal, ya disciplinaria, ora penal o patrimonial, si actúa contra el texto de la normatividad vigente, o de manera arbitraria o desviada del sagrado encargo de administrar justicia. Pero no puede un juez de tutela, en un trámite angustioso, dilucidar sobre la situación fáctica y jurídica que surge en el curso de un proceso verbal, breve y sumario de índole civil, como lo es el proceso de expropiación, tal como aparece regulado en el titulo XXIV del C.P.C. Ha sido unánime y diáfana la posición doctrinaria asumida por esta Sala de la Corte, en el sentido de que la herramienta judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un trámite residual y no puede ser utilizado para resolver las controversias jurídicas de los particulares entre sí, ni la de éstos con el Estado.

Supondría ello, de concebirse la tutela como acción paralela y concurrente, la derogación de las acciones judiciales ordinarias y especiales consagradas en los Códigos y leyes procedimentales con tales propósitos y la sustitución de las jurisdicciones ordinarias y especiales por la de tutela. Para estos conflictos y debates el Estado ha dispuesto una superestructura judicial, con todo su andamiaje procesal de acciones, excepciones, nulidades, incidentes y recursos, a fin de darles solución eficaz bajo claras reglas de juego que aseguren un juicio imparcial y legítimo.

Muchísimo menos, ha reiterado esta Corporación, es viable la acción de tutela para hacer revisar las decisiones jurisdiccionales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho. Sobre este particular aspecto argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas.

Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo. “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia.” La Sala de Casación Laboral de la Corte mantiene invariable su postura doctrinal sobre el tema.

En verdad no se acompasa con la naturaleza del Estado Constitucional pretender la injerencia indebida de un juez en los asuntos que la ley ha asignado a otro para resolver; ello subvierte el orden jurídico, produciéndose de paso un factor más de perturbación de la convivencia pacífica en una sociedad que, como la colombiana, tanto la necesita.

DECISIÓN Fuerza concluir que la tutela era improcedente por las razones aquí expuestas y, se confirmará el fallo impugnado. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1º. CONFIRMAR, la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 24 de enero de 2005, mediante la cual negó la tutela impetrada por los señores GILMA DE JESUS GOMEZ DE MARQUEZ Y JOSE JAIRO MARQUEZ VARGAS contra la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, conforme a lo anteriormente expuesto. 2º.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. 3º. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE. CARLOS ISAAC NADER GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria