CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PAGE 12 Tutela 11748 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DÍAZ Tutela No. 11748 Acta No. 19 Bogotá D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil cinco (2005). Resuelve la Corte la acción de tutela instaurada por MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA Liquidadora de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO – EN LIQUIDACIÓN contra la SALA CIVIL-LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN y el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad I.

ANTECEDENTES Con el específico fin de que “se revoquen los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán el 4 de octubre del 2004 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán del 29 de octubre de 2004 y en su defecto se declare improcedente la acción de tutela interpuesta por el Señor Luis Francisco Ramírez Bateman contra la Caja Agraria en Liquidación”, (folio 5), MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA, en su calidad de Liquidadora de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO – EN LIQUIDACIÓN, interpuso acción de tutela contra la Sala Civil - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, por considerar que a la entidad que representa le fue vulnerado el derecho fundamental a la igualdad y que las autoridades accionadas incurriendo con ello en “una vía de hecho”.

Sostiene la accionante que LUIS FRANCISCO RAMÍREZ BATEMAN, interpuso acción de tutela contra la entidad accionada con el fin de obtener la indexación de la primera mesada pensional y que, “El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, mediante fallo de tutela proferido el 4 de octubre de 2004 condenó a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación a indexar el monto de la primera mesada pensional” (folio 1) y que igualmente “El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán al conocer la impugnación resolvió mediante fallo del 29 de octubre del 2004 confirmar el fallo del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán basado en la sentencia SU-120 del 2003 proferida por la Corte Constitucional”; que en la respuesta a la tutela dada al Juzgado “le manifestó que no es procedente la vía constitucional para reclamar la indexación de la mesada pensional, teniendo en cuenta que tiene que acudir es a la vía ordinaria” (folio 1 a 2).

La Corte notificó dentro del término a las autoridades accionadas y les corrió traslado para que se pronunciaran sobre los hechos de la demanda; e igualmente se le informó al señor LUIS FRANCISCO RAMÍREZ BATEMAN (folios 6 a 14), sin que dentro del término concedido se hiciera pronunciamiento alguno. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Dadas las circunstancias particulares que se observa rodean la presente acción de tutela, la Sala se ocupará de los siguientes aspectos: a) Procedencia de la tutela dado el objeto perseguido por la accionante; b) Análisis y consecuencias de los antecedentes de la misma.

En cuanto al primer tópico: como no queda duda que lo que pretende la accionante es dejar sin efectos las decisiones proferidas en las respectivas instancias dentro de la acción de tutela que instauró LUIS FRANCISCO RAMÍREZ BATEMAN ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán que data del 4 de octubre de 2004, así como el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Civil - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad; habrá de negarse el amparo constitucional solicitado pues, como ha tenido oportunidad de explicarlo reiteradamente esta Sala de la Corte, no es dable mediante la tutela invalidar los efectos de las providencias judiciales, puesto que, además de que esa posibilidad no cuenta con un respaldo normativo expreso, iría en contra de los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial, claramente consagrados en la Constitución Política, por las razones que la Corte precisó en la sentencia proferida el 11 de abril de 2002, radicación 7542, en la que manifestó lo que a continuación se transcribe: “ 1-.

EL PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA Tal como lo ha advertido la propia Corte Constitucional, la función de administrar justicia, “ lleva implícito el concepto de la cosa juzgada aún antes de su consagración en normas positivas, pues resulta esencial a los fines que persigue” (sentencia C-543/92) y, aunque no existe norma expresa, no duda ese ente colegiado en asignarle una raigambre estrictamente constitucional, no susceptible de ser desconocida por el legislador, tal como lo expresa en el mismo fallo de constitucionalidad: “Que la Constitución no destine uno de sus artículos a proclamar expresamente y para toda clase de procesos el principio de la cosa juzgada, en nada disminuye la raigambre constitucional del mismo ni su carácter vinculante para el legislador, cuyos actos no pueden contrariarlo.

“… “El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.

En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. “Pero, además, si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho –‘non bis in idem’-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado.

“Por otra parte, el Preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta la autoridad del Estado colombiano, el de ‘asegurar a sus integrantes ( ) la justicia, ( ) dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden ( ) justo ’. “A juicio de la Corte, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo si el marco jurídico que se disponga fundamenta el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre.

“El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio.

Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica. “La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos procesales. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.” 2-.

EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LOS JUECES El principio de la autonomía de los jueces encuentra su consagración constitucional en el artículo 228 de la Carta Política. Este claro mandato superior preserva tanto el respeto a las decisiones de los órganos constituidos – fundamentalmente el Congreso de la República- como que las decisiones judiciales no se orienten por el criterio personal de los administradores de justicia sino por la ley que están llamados a acatar.

Cuando las prescripciones legales son claras y han sido declaradas avenidas a la Carta Política no pueden ser cambiadas por la opinión de ningún juez, sin importar su nivel en la organización judicial. El cumplimiento de la ley dictada por la autoridad competente es la verdadera garantía de igualdad, es el auténtico antídoto contra el capricho judicial y la fuente inequívoca de seguridad jurídica.

La defensa de la autoridad del órgano que dicta las leyes y del contenido de éstas, antes que una postura jurisprudencial inconsistente, es el cabal acatamiento de un diáfano precepto constitucional, ese sí de ineludible cumplimiento, con carácter perentorio al exigirle al juez que “sólo” le deba obediencia a la ley, lo que descarta la sumisión a quien pretenda desconocerla o ignorarla.

Este postulado constitucional implica entonces, que las decisiones de los jueces no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del proceso, que carece de competencia para decidir sobre el asunto en cuestión, de ahí que no encaje en nuestro orden constitucional, como lo sostiene la propia Corte Constitucional, un sistema que permita al juez de tutela invadir el ámbito de otras jurisdicciones para decidir puntos de derecho que la propia Carta ha reservado al conocimiento de éstas.

Las siguientes son sus palabras: “Como se puede advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y separadas (Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas.

Considerar que semejante opción se aviene a lo preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad vigente.” (sentencia C-543/92) 3 -. LA TUTELA FRENTE A DECISIONES JUDICIALES 1.- La única disposición que permitió la tutela contra decisiones del órgano límite fue estimada contraria al ordenamiento constitucional por la propia autoridad a quien se le confió la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución, quien al declararla inexequible la retiró del mundo jurídico y no habiendo ninguna otra ley que permita la revisión de providencias judiciales, resultara manifiesto, por lo menos así lo considera la Sala, que ninguna autoridad está facultada legal ni constitucionalmente para alterar el carácter inmutable de que están revestidas las sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada.

En efecto, la propia Corte Constitucional mediante la sentencia C-543/92, declaró la inexequibilidad del artículo 11, y por unidad normativa, del 40 del decreto 2591 de 1991, que admitían la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, sustancialmente, por considerar: “Conclusión forzosa de las consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991.

Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela (artículo 86), quebranta la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230), obstruye el acceso a la administración de justicia (artículo 229), rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII), impide la preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el interés general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico”. 2.- En dicha providencia que, de acuerdo al artículo 243 de la Carta Política, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, consideró la Corte que el Constituyente de 1991 no consagró la acción de tutela “ como medio de defensa contra los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo 29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas” y al analizar los antecedentes constitucionales del artículo 86, concluyó que hubo en el seno de la Asamblea Constituyente la plena convicción de que no procedía este mecanismo contra las decisiones de los jueces dictadas para resolver los asuntos a su cargo.

Sobre el punto se expresó de la siguiente manera: “Un recto sentido de la acción de tutela no puede conducir a excesos como los descritos, ya que el fundamento de su consagración, según los registros correspondientes a los debates efectuados en la Comisión correspondiente y en la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, consistió en la protección oportuna y eficaz de los derechos para hacer justicia en circunstancias que escapaban a las previsiones del ordenamiento jurídico anterior, pero no en la desestabilización de los medios procesales que ya habían sido especialmente contemplados también para la defensa y efectividad de los derechos.

“De gran importancia resulta en este caso la consideración de los antecedentes constitucionales. En la Asamblea Nacional Constituyente se perfiló desde el comienzo el alcance del mecanismo hoy consagrado en el artículo 86 de la Carta como oponible a actos u omisiones de autoridades públicas, pero no a las sentencias ejecutoriadas. Apenas motivos relacionados con la forma o redacción del articulado llevaron a suprimir la limitación expresa en este sentido, de lo cual obra constancia de indudable precisión y autenticidad.

"Con el criterio de simplificar el artículo, en la comisión se suprimieron ciertos aspectos. Unos, como la referencia expresa a los derechos colectivos, porque serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones populares. Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de la institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el caso de la no procedencia de la acción frente a las situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada (Subraya la Corte).

“En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos bien sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación o porque hay una decisión definitiva de la autoridad competente ( ). Por esta razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la norma tal como se aprobó en la Comisión" (Se subraya).

“Existió, pues, en el seno de la Asamblea Constituyente la plena convicción sobre el verdadero entendimiento del artículo aprobado: se consagraba la acción de tutela como forma nueva de protección judicial de los derechos, pero no contra las decisiones dictadas por los jueces para resolver sobre los litigios a su cargo. Que hayan sido negadas proposiciones tendientes a consagrar de modo expreso tal limitación no supone que el Constituyente hubiese elevado a norma constitucional la tesis contraria a la que tales propuestas hubiesen deseado plasmar literalmente.

El rechazo de ellas apenas significa la improbación de textos determinados, probablemente acogiendo la tesis del informe-ponencia citado en el sentido de que su inclusión no era necesaria, pero de ninguna manera sería lícito inferir de dicha negativa la actual vigencia de un "mandato implícito" en el que pueda apoyarse la tutela contra los proveídos judiciales.

“Advierte también la Corte que, en una concepción claramente restrictiva, dentro del propósito inicial que guió al Gobierno Nacional como promotor del proceso que condujo a la expedición de una nueva Carta Política, no estuvo comprendida la posibilidad de diseñar la acción de tutela como mecanismo que pudiera incoarse contra decisiones judiciales.

Así, el proyecto de acto reformatorio de la Constitución sometido por el Gobierno a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, contiene una parte dedicada a los instrumentos para la eficacia de los derechos, siendo uno de aquellos el "derecho de amparo" en virtud del cual, según el texto de la propuesta, "cualquier persona podrá solicitar, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien la represente, ante una autoridad judicial el amparo de sus derechos constitucionales directamente aplicables cuando sean violados o amenazados por actos, hechos u omisiones de cualquier autoridad pública".

Más adelante, al fijar el alcance del proyecto, en la exposición de motivos se lee que "para efectos del artículo propuesto, autoridades públicas serían los órganos, corporaciones o dependencias de la rama ejecutiva del poder público, las entidades descentralizadas, los órganos de control, los órganos electorales y las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas.

Cualquier acto, hecho u omisión de estas autoridades públicas podría dar lugar al ejercicio del derecho de amparo" “Obsérvese que el criterio que se cita estuvo orientado en un sentido más restringido que el finalmente acogido por la Asamblea Nacional Constituyente y que ahora interpreta la Corte Constitucional en esta providencia, haciendo posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias.” 3.- Como consecuencia de las violaciones a los principios de rango constitucional de la cosa juzgada y de la autonomía funcional de los jueces, la obstrucción del acceso a la administración de justicia y el rompimiento de la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, que, observó la Corte en su extenso análisis, implicaría la figura de la acción de tutela frente a las decisiones judiciales, además de que él no está contemplado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, la llevaron a concluir tajantemente que tal amparo no procede contra ninguna providencia judicial.- Después de producida esa decisión y en innumerables ocasiones, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, ha acatado y respetado esa determinación de la Corte Constitucional, desechando, en consecuencia, cualquier posibilidad de ataque por vía de tutela contra una sentencia judicial.

A manera de ejemplo se transcribirá lo expresado en la sentencia 10797 del 3 de abril de 2000, en la que se dijo lo siguiente: “Habrá de confirmarse el fallo por no ser legalmente posible interferir la actuación de un funcionario judicial, como tampoco revisar un proceso ya resuelto por el juez competente, puesto que los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591, que aparentemente le servían de sustento al ejercicio de la acción contra providencias judiciales, fueron declarados inexequibles; y, por ello, en cumplimiento de dicha sentencia --cuyos efectos erga omnes no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad--, no es dable reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, como tampoco, y esta es una conclusión apenas obvia, elaborar construcciones doctrinarias que permitan mantener los efectos de normas que por haber sido encontradas contrarias a la Constitución Política, mediante fallo que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, se decidió que eran inaplicables.

“Por lo anterior y conforme lo ha explicado muchas veces esta Sala de la Corte, el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992 tiene como ineludible consecuencia la de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la "norma de normas".

“Ello será así aun en aquellos casos en los que pudiera pensarse que la providencia resulta equivocada, pues de la probabilidad de error no está exenta ninguna decisión humana. Probabilidad de error de la que, desde luego, no queda excluido el juez cuando conoce de una acción de tutela, siendo incluso seguramente más probable el desacierto en estos casos dada la circunstancia de tener que adelan​tarse con extrema celeridad el trámite y por cuanto se priva a la parte contra la que se toma la decisión de la oportunidad de ser oída y de controvertir las pruebas que presenta todo aquel que cree que sus derechos han sido amenazados o vulnerados, acomodándo​las a su particular interés por una natural inclinación del ser humano. “Dado que la misma Constitución Política establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en sentencia de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991”. Entonces, dadas las razones consignadas en la providencia de la que se ha hecho cita, que con esta decisión se reiteran, a juicio de la Corte son suficientes para negar la acción intentada.

El segundo aspecto que concierne al análisis y consecuencias de los antecedentes que rodean la presente acción de tutela, revisada la actuación, se tiene: LUIS FRANCISCO RAMIREZ BATEMAN -por intermedio del apoderado-, instauró una primera acción de tutela contra la misma accionada, con el objeto de que se indexara la pensión convencional reconocida por la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO mediante Resolución No. GGP 096 de abril 19 de 1988, la cual correspondió conocer al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, quien mediante providencia de 15 de marzo de 2004 resolvió “DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela solicitada por el señor FRANCISCO RAMIREZ BATEMAN, contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO”, decisión que no fue impugnada.

Nuevamente el ciudadano RAMIREZ BATEMAN, -por segunda vez- incoa acción de tutela contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO con idéntica pretensión, es decir, se le indexe la pensión convencional reconocida mediante Resolución No. GGP 096 de abril 19 de 1988, ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, quien mediante providencia del 4 de octubre de 2004, RESUELVE:

PRIMERO. CONCEDER como MECANISMO TRANSITORIO y para evitar un perjuicio irremediable, la Acción de Tutela impetrada por el Sr. LUIS FRANCISCO RAMIREZ BATEMAN, contra LA CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINETO, EN LIQUIDACION, en protección a los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y pensional, a la subsistencia, al ingreso mínimo vital y móvil y a la protección de la tercera edad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a LA CAJA DE CREDITO AGRARI, INDUSTRIAL Y MINERO, CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION, que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, RELIQUIDE, RECONOZCA Y PAGUE, la pensión de jubilación, del Sr. LUIS FRANCISCO RAMIREZ BELTRAN, con base en la INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL, reconocida al actor, hasta tanto se resuelva el debate por vía de las acciones ordinarias, por parte de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, siempre y cuando el accionante entable la correspondiente demanda dentro de los cuatro (4) meses siguientes, si ya no lo hubiere hecho.

Igualmente deberá cancelar los valores por concepto de retroactivo, que resulten de la reliquidación con base en la Indexación de la Primera Mesada Pensional, dejados de percibir desde el momento en que adquirió el derecho”. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán –Sala Civil Laboral-, conoció de la impugnación interpuesta por la accionada contra la anterior determinación de tutela, quien mediante providencia del 29 de octubre de 2004 la confirmó en su integridad.

El recuento que antecede evidencia que, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán de manera frontal desconoció la prohibición consagrada en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, al permitir la acción temeraria de instaurar por segunda vez entre las mismas partes y con el mismo objetivo la acción de tutela. Además, actuando en sede de tutela, se abrogó el poder o facultad del juez natural, y prácticamente libra orden de pago por una obligación laboral violentado y desconociendo todas las competencias y procedimientos preestablecidos por el legislador, olvidando que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y residual para cuando no exista otro medio de defensa.

Se afirma lo anterior, porque, se observa una utilización contraria de éste mecanismo excepcional y preferente como es la tutela, al ordenar mediante esa vía, el pago de unas obligaciones laborales sin existir sentencia del juez que legalmente tiene competencia, cual es el de la jurisdicción ordinaria laboral, quien legalmente se encuentra instituido para dirimir estos conflictos jurídicos.

Se procede por el Tribunal y Juez Laboral en el sub judice so pretexto de aplicar lo decidido en la SU-120/2003, a imponer el pago de una indexación, bajo parámetros diferentes, porque en el referido pronunciamiento los tres ciudadanos previamente habían agotado el trámite del proceso ordinario laboral. De llegar a admitirse que el juez de tutela, sin el cumplimiento de los procedimientos preestablecidos, sin respaldo en ninguna sentencia que dirima el conflicto jurídico, pueda dictar decisión judicial de orden de pago de obligaciones como arbitrariamente ocurrió en el asunto que ocupa la atención de la Sala, ello conllevaría el total desconocimiento de las garantías constitucionales propias del debido proceso, del derecho de defensa y de la buena fe, ello aunado a la clara usurpación de funciones que constitucional y legalmente están preestablecidas.

Ahora bien, la inminencia o necesidad del mecanismo transitorio no se actualiza, por cuanto sí fue idónea la jurisdicción ordinaria y evidencia la ausencia de estado extremo de necesidad, porque al haber acudido a proceso ordinario entre las mismas partes – ante el juez natural -, cuenta con sentencia ejecutoriada, en la siguiente actuación: El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, mediante sentencia de 22 de julio de 2004, decidió que la pensión convencional reconocida por la CAJA DE CREDITO AGRARIO por resolución GGP 096 de abril 19 de 1998, era compatible con la de vejez del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por lo que debía “pagar a favor del Señor LUIS FRANSISCO RAMIREZ BATEMAN, la totalidad de la pensión mensual (…) y continuar pagándole las mesadas correspondientes en idéntica cuantía, sin desconocimiento de los aumentos anuales que por ley le correspondan.

Una vez efectuada la liquidación correspondiente deberá reintegrarle todas aquellas sumas que arbitrariamente le descontó al actor, estas sí debidamente indexadas, a efectos de actualizar el valor”. Resolución que se encuentra en firme al haber declarado el Tribunal desierto el recurso de apelación. Como se observa una actuación contraria a todo ordenamiento constitucional y legal, se dispone compulsar copias a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia (artículo 32, numeral 9º de la Ley 906 de 2004) y a la Procuraduría para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1. NEGAR el amparo constitucional solicitado por la liquidadora de LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACIÓN. 2. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 3.

De acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa, líbrense los oficios allí dispuestos, con las copias de toda la actuación, a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo. Esta decisión es susceptible de ser recurrida en la oportunidad prevista en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

Si no fuere impugnada, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. ISAURA VARGAS DÍAZ GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria TUTELA DONDE SE COMPULSAN COPIAS República de Colombia � Corte Suprema de Justicia � Cfr. Asamblea Nacional Constituyente.

Informe-Ponencia "Mecanismos de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico". Constituyentes Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional Nº 77. Mayo 20 de 1991. Págs. 9 y 10. �Presidencia de la República. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia. Febrero de 1991. págs. 203 y 205.