CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia 1 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 11612 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ISAAC NADER Acta Nº 09 Radicación Nº. 11612 Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil cinco (2005) Se decide la acción de tutela interpuesta por MARÍA FRANCISCA GONZÁLEZ QUEVEDO, apoderada de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO – EN LIQUIDACIÓN -, contra el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES SALA LABORAL y el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE LA DORADA (CALDAS).

I.

ANTECEDENTES Solicita la petente la protección del derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por los funcionarios judiciales accionados y, en consecuencia, pide que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, la suspensión del proceso e inmediata remisión del mismo a la Liquidadora de la entidad –Agente Especial-, en el estado en que se halle, para que continúe conociendo del mismo, en razón de la competencia funcional especialmente adscrita por la Ley.

Así mismo, solicita que se ordene a la Sala Laboral del Tribunal de Manizales, “la inmediata corrección de su errado criterio en el sentido de que la prohibición legal de adelantamiento de procesos de ejecución contra la Caja Agraria -en liquidación- o contra cualesquiera personas –naturales o jurídicas-, envuelve tanto obligaciones anteriores, como posteriores a la toma de posesión y disposición de entrar en liquidación forzosa administrativa, a efecto de que en lo sucesivo no se incurra en el mismo error, especialmente en cuanto pueda conocer de otro u otros procesos de ejecución similares o de otra naturaleza, adelantados por jueces de ese Distrito Judicial contra la entidad…”.

Como fundamento de las anteriores pretensiones, adujo, en síntesis, los hechos que a continuación se exponen: 1) Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, el señor Luis Norberto Valencia Galvis instauró acción ejecutiva en contra de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero – en Liquidación-, presentando como título ejecutivo la sentencia del 10 de octubre 10 de 2001, proferida dentro del proceso ordinario laboral que cursó en el mismo despacho judicial; 2) El Juzgado accionado libró mandamiento de pago mediante providencia del 9 de abril de 2003; 3) La demandada propuso la excepción de falta de competencia, pues de conformidad con el artículo 4º literal e) de la Resolución No. 1726 de 1999 de la Superintendencia Bancaria, en adelante no se podrá iniciar o continuar procesos contra la entidad en Liquidación, sin que se notifique personalmente al Liquidador, so pena de nulidad; 4) A la Liquidadora de la entidad no le notificaron la iniciación del proceso, sino la orden ejecutiva de pagar las sumas de dinero a que alude la sentencia, corriéndosele traslado del libelo demandatorio y otorgándosele término para proponer las excepciones que estimara pertinentes y convenientes; 5) En virtud del irregular aviso de marras, propuso la excepción antes anotada, con el fin de que el Juzgado cumpliera lo dispuesto en el literal i) del artículo 1 del Decreto 2418 de 1999, derogado por el 2211 de 2004, que determina el procedimiento de liquidación de las entidades financieras; 6) Hizo notar al Juzgado la obligación que tenía de remitir el proceso a la Liquidadora para que como Agente especial continuara conociendo del mismo y, sin embargo, hizo caso omiso a tal obligación, tanto así que resolvió negativamente la excepción previa propuesta y, 7) La decisión anterior fue apelada para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y, sin embargo, esa Corporación la confirmó en todas sus partes.

II. TRÁMITE IMPARTIDO Por auto del 18 de enero del año en curso, esta Sala asumió el conocimiento de la tutela, ordenó correr traslado a los funcionarios accionados, notificar a las partes y, comunicar su iniciación a LUIS NORBERTO VALENCIA GALVIS, parte demandante en el proceso ejecutivo laboral que cursó en los despachos judiciales accionados.

Todos guardaron silencio. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela por ser el superior jerárquico de la Corporación judicial accionada, acorde con el primer inciso del ordinal segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. De conformidad con la demanda de tutela, lo pretendido por el accionante es que esta Corte ordene a los funcionarios judiciales accionados la suspensión del proceso e inmediata remisión del mismo a la Liquidadora de la entidad –Agente Especial-, en el estado en que se halle, para que continúe conociendo del mismo, en razón de la competencia funcional especialmente adscrita por la Ley.

De igual manera, que se ordene a la Sala Laboral del Tribunal de Manizales, “la inmediata corrección de su errado criterio en el sentido de que la prohibición legal de adelantamiento de procesos de ejecución contra la Caja Agraria -en liquidación- o contra cualesquiera personas –naturales o jurídicas-, envuelve tanto obligaciones anteriores, como posteriores a la toma de posesión y disposición de entrar en liquidación forzosa administrativa, a efecto de que en lo sucesivo no se incurra en el mismo error, especialmente en cuanto pueda conocer de otro u otros procesos de ejecución similares o de otra naturaleza, adelantados por jueces de ese Distrito Judicial contra la entidad…” De lo anterior emerge con meridiana claridad la improsperidad a la que está llamada la presente acción de tutela por lo siguiente: Por cuanto la petición va encaminada a modificar una situación procesal definida mediante una decisión judicial, carece el juez de tutela de competencia para interferir en la tramitación cuestionada.

En efecto, atenta contra la seguridad jurídica, pilar del Estado de Derecho, aún del denominado Social, la indebida injerencia de un juez en la actividad legítima de otro, por muy loable función atribuida en la Constitución. Solamente por virtud de los recursos ordinarios y extraordinarios puede un despacho judicial revisar las decisiones de otro en ejercicio de la competencia funcional.

Así mismo, de manera específica y excepcional, en los códigos de procedimiento se inviste a algunos jueces para que califique ciertas determinaciones de uno de sus pares, como en el evento de los impedimentos o recusaciones, por ejemplo. La interpretación de la ley es una función que corresponde al juez en cada caso concreto. Para tal efecto, la Carta Fundamental lo dota de plenas garantías, a fin de que defina, de manera autónoma, libre de imposiciones, el alcance de las reglas jurídicas escogidas para resolver las controversias sometidas a su juicio.

Desde luego que, a su vez, el juzgador compromete su responsabilidad personal, ya disciplinaria, ora penal o patrimonial, si actúa contra el texto de la normatividad vigente, o de manera arbitraria o desviada del sagrado encargo de administrar justicia. Pero no puede un juez de tutela, en un trámite angustioso, dilucidar sobre la situación fáctica y jurídica que surge en el curso de un proceso laboral.

Ha sido unánime y diáfana la posición doctrinaria asumida por esta Sala de la Corte, en el sentido de que la herramienta judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un trámite residual y no puede ser utilizado para resolver las controversias jurídicas de los particulares entre sí, ni la de éstos con el Estado. Supondría ello, de concebirse la tutela como acción paralela y concurrente, la derogación de las acciones judiciales ordinarias y ejecutivas consagradas en los Códigos y leyes procedimentales con tales propósitos y la sustitución de las jurisdicciones ordinarias y especiales por la de tutela.

A tales conflictos y debates el Estado ha dispuesto una superestructura judicial, con todo su andamiaje procesal de acciones, excepciones, nulidades, incidentes y recursos, a fin de darles solución eficaz bajo claras reglas de juego que aseguren un juicio imparcial y legítimo. Muchísimo menos, ha reiterado esta Corporación, es viable la acción de tutela para hacer revisar las decisiones jurisdiccionales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho.

Sobre este particular aspecto argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo.

“Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia.” La Sala de Casación Laboral de la Corte mantiene invariable su postura doctrinal sobre el tema.

En verdad no se acompasa con la naturaleza del Estado Constitucional pretender la injerencia indebida de un juez en los asuntos que la ley ha asignado a otro para resolver; ello subvierte el orden jurídico, produciéndose de paso un factor más de perturbación de la convivencia pacífica en una sociedad que, como la colombiana tanto la necesita.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR por improcedente la acción de tutela incoada, de acuerdo con lo antes expuesto. SEGUNDO.- Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. - Si esta decisión no fuere impugnada en la oportunidad prevista en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE y CÚMPLASE CARLOS ISAAC NADER GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria