Doctor Radicación No. 11536 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Radicación No. 11536 Acta No. 04 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil cinco (2005). Decide la Corte la acción de tutela instaurada por MARCO DIONISIO GAMBA CANO contra la SALA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. I.

ANTECEDENTES Marco Dionisio Gamba Cano instauró la acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, justicia y equidad. En sustento de sus pretensiones adujo como hechos, entre otros, que laboró para la Secretaría de Obras Públicas como Auxiliar General II entre el 20 de enero de 1978 y el 31 de octubre de 1997, fecha ésta en que fue despedido e indemnizado, por supresión del cargo; que demandó pero el Tribunal Superior consideró que había sido despedido legalmente, pese que en otros casos determinó que el despido fue injusto y ordenó el reintegro de algunos demandantes con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Sostiene que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el caso de su compañero Luis Antonio Quintero Siachoque, ordenó su reintegro mediante sentencia del presente año y estimó que el despido fue injusto e ilegal, dado que el Decreto Distrital 992 de 1997 no fue creado para suprimir cargos y por ello se vulneró lo dispuesto sobre estabilidad laboral en los artículos 7º, 8º, 9º y 11º, Capítulo II, de la convención colectiva de trabajo de 1996.

Pretende con esta acción, que se tutelen los derechos fundamentales invocados; que por proferir sentencias diferentes para casos idénticos, se ordene el restablecimiento del derecho y el reintegro a su trabajo, como ocurrió con otros compañeros. Los Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y los intervinientes ningún pronunciamiento verificaron durante el término concedido por la Corte para el efecto.

II. CONSIDERACIONES Esta Sala de la Corte ha explicado que por razón de los principios constitucionales de cosa juzgada, separación de jurisdicciones y autonomía judicial, en ejercicio de su función constitucional carece el juez de tutela de facultades para interferir asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales y para modificar las providencias por ellos dictadas, pues no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política ha fijado a jurisdicciones como la ordinaria y la de lo contencioso administrativo ni decidir puntos de derecho cuyo conocimiento les ha sido a ellas reservado; por manera que, independientemente de su jerarquía, el juez que decide una acción de amparo no está legalmente habilitado para revisar un proceso ya resuelto por la autoridad judicial competente.

Por tal motivo, en la sentencia del 12 de diciembre de 1996, precisó la Sala que: “ al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.” En consecuencia, no le corresponde a esta Corporación, en sede de tutela, modificar la sentencia del 14 de junio de 2002, de la SALA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, proferida dentro del proceso ordinario laboral promovido por PEDRO ANTONIO ROMERO CRUZ, JOSE ELBER TORO, JESÚS ANTONIO BOHÓRQUEZ MORALES, MANUEL RICARDO OLAYA MARTÍN, JULIO ENRIQUE MUÑOZ, VÍCTOR MANUEL MARIÑO BENÍTEZ, GENTIL BOLAÑOS GUZMÁN, ALBERTO BONILLA, FÉLIZ GÓMEZ CUERVO, JORGE ENRIQUE VANEGAS CANO, LEÓN GUILLERMO DAZA, LEVI TORRES MENDIVELSO, JEREMÍAS CASAS GÓMEZ, LUIS JAVIER VARGAS BERMÚDEZ, JOSÉ EPINEMIO ALBARRACÍN, GUSTAVO SOSA SOLER, CUPERTINO SIMIJACA CABRERA, MARCO DIONISIO GAMBA CANO, JUAN DE JESÚS ROA y JOSÉ DEL CARMEN VARGAS, contra SANTAFÉ DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, pues, como lo ha explicado la Sala de manera uniforme, el excepcional mecanismo de la tutela no puede ser utilizado para dejar sin efectos sentencias o providencias judiciales, como la citada, que el accionante considera le vulneró los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política y para respetar los efectos de cosa juzgada de la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, mediante la cual la Corte Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.

En casos como el presente, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera: “…el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia de 1° de octubre de 1992 tiene el efecto obligatorio, erga omnes, de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la “norma de normas”.

“Una decisión jurisdiccional adoptada como culminación de un proceso será siempre una sentencia judicial y nunca podrá configurar una “vía de hecho”. Ello será así aun en aquellos casos en que pudiera pensarse que el fallo resulta equivocado, pues de la probabilidad del error no está exenta ninguna decisión humana…” (Sentencia del 2 de marzo de 1998, radicado 3103).

Y en la sentencia del 11 de abril de 2002, radicación 7542, consideró: “El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio.

Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica. “La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos procesales. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.” Las anteriores breves reflexiones tornan improcedente el amparo constitucional y obligan a denegar la tutela impetrada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE

1.-Denegar la tutela impetrada. 2.-Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3.-Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si de éste no se impugnare.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 5