CORTE SUPREMA DE JUSITICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela 11102 SALA DE CASACION LABORAL Dr. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ. Magistrado Ponente Radicación 11102 Acta No. 84 Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil cuatro ( 2004) Procede la Corte a resolver la solicitud de amparo constitucional que Rocio del Pilar Silva Vargas propuso en contra del Juez Segundo Laboral del Circuito de Neiva y la Sala Civil – Familia – Laboral de ese mismo distrito judicial.

ANTECEDENTES Narra la actora que la señora Marlene Ortiz de Silva instauró proceso ordinario laboral en contra del Departamento del Huila – Fondo Territorial de pensiones del Departamento del Huila, a fin de que se le sustituyera la pensión de jubilación de su difunto cónyuge Ricardo Silva Perdomo, quien fue el padre de la accionante; que la citada señora no mencionó la existencia de otros beneficiarios determinados e indeterminados y que no obstante ello, el juzgado del conocimiento no rechazó la demanda ni advirtió la irregularidad al momento de la sentencia, no obstante haber absuelto a la demandada al considerar que el señor Silva no había cotizado al sistema de pensiones durante 20 años.

Que apelada la anterior providencia, el Tribunal accionado la revocó mediante sentencia del 6 de noviembre de 2003 y en su lugar condenó al pago de la pensión de jubilación por aportes a favor de la cónyuge superstite de acuerdo a lo previsto en la ley 71 de 1988, a partir del 3 de diciembre de 1990, mesadas que ordenó fueran indexadas de conformidad con el IPC.

Destaca que al no habérsele llamado a integrar el litis consorcio necesario, por ostentar la calidad de hija del señor Silva Perdomo, se le transgreden los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el de igualdad, a la defensa y a la seguridad social. Por lo anterior solicita que una vez declarada la vía de hecho se ordene la suspensión de la condena deprecada y que como medida preventiva se ordene al Juzgado accionado, se abstenga de efectuar el pago ejecutado por la señora Ortiz de Silva y la reconozcan dentro del tramite del proceso ordinario que esta instauró, a fin de evitarle a la actora un perjuicio irremediable.

TRAMITE La acción de Tutela fue admitida por esta Corporación y de ella se dio traslado tanto a los operadores judiciales accionados como también a los terceros interesados en las resultas de la misma, a fin de que ejercieran el derecho de defensa, actitud que tan solo asumió el Departamento del Huila a través de su Secretario General para manifestar en escrito que antecede que, al presentarse la señorita Silva Vargas a reclamar el pago de la pensión de sobrevivientes como beneficiaria del causante Ricardo Silva, dicha entidad se abstuvo de dar cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal de Neiva.

CONSIDERACIONES De manera reiterada, esta Sala de la Corte Suprema ha destacado la improcedencia de la acción de Tutela como mecanismo jurídico idóneo para confrontar decisiones de orden judicial, tratándose tanto de providencias que ponen fin a las instancias como también de aquellas que se dicten en el curso de los procesos. La posición definida ha tenido como soporte, entre otros motivos, la aplicación de principios de orden constitucional como lo es la autonomía e independencia de la Rama Judicial y otros de orden legal, como lo es la institución de la Cosa Juzgada, a más de propender por la seguridad jurídica del país. Y es que independientemente de la posibilidad que tienen los funcionarios judiciales de incurrir eventualmente en errores, como cualquier otro ser humano, la presunción de que sus determinaciones son el resultado de un sopesado análisis de las pruebas y su cotejo con las normas pertinentes, hace de dichas providencias la garantía de una recta y cumplida justicia; vale decir, que las decisiones judiciales se presumen ajustadas a derecho, son legales y por ende han de acatarse y respetarse por las partes.

Así las cosas, al juez constitucional no le es permitido inmiscuirse en las determinaciones adoptadas en el curso de un proceso que como tal, también constituye una garantía constitucional. Por ello desde la sentencia del 29 de Octubre de 1998 se ha señalado: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas.

Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo. “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia.” (Radicación 3473) Las anteriores reflexiones hacen considerar como improcedente el amparo constitucional impetrado y por ello se confirmará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- NO CONCEDER la protección constitucional solicitada por Rocio del Pilar Silva Vargas en contra de las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva y la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial.

SEGUNDO. - NOTIFICAR a los interesados, mediante envío telegráfico, o cualquier otro medio expedito. TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no llegare a ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DIAZ MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria 7