CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013).- (discutido y aprobado en Sala de 17 de julio de 2013) Ref.: 1100102030002013-01510-00 La Corte decide la acción de tutela interpuesta por el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL CHOCO contra el Juzgado Civil del Circuito y la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de Quibdó.

ANTECEDENTES 1. El FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL CHOCO, por conducto de apoderado judicial, presenta acción de tutela contra los funcionarios judiciales precedentemente mencionados, con el propósito de reclamar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la dignidad y al acceso a la administración de justicia. 2.

Con el fin de dar fundamento a la protección solicitada manifiesta que la CASA DE LA CULTURA JORGE ISAACS promovió “una demanda ordinaria de resolución del contrato de comodato” contra el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL CHOCO, que fue decidida mediante sentencia estimatoria de las pretensiones formuladas, imponiéndole a la parte demandada el pago de las costas causadas dentro del proceso (fl. 41, cdno. 1).

Indica que el recurso de apelación interpuesto contra ese fallo fue resuelto por el Tribunal acusado en el sentido de revocar la decisión de primer grado para denegar las súplicas del libelo incoativo del mencionado trámite, “SIN CONDENAR EN COSTAS” (fl. 42). El promotor de la demanda de amparo constitucional afirma que con la indicada determinación, adversa a los intereses del Fondo accionante, se vulneró lo dispuesto por el artículo 392 del estatuto procesal civil, dado que, reiteró, no hubo condena en costas y seguidamente el Juzgado del conocimiento archivó el expediente. 3.

Como consecuencia de lo anteriormente relatado, solicita que se conceda la protección de los derechos fundamentales invocados con el propósito de que se “ordene al Tribunal Superior de Quibdó (…) condenar en costas de ambas instancias y agencias en derecho en el [citado] proceso ordinario de resolución de contrato de comodato” (fl. 41). 4.

Por auto de 11 de julio de 2013 se admitió a trámite la demanda de tutela y se ordenaron las citaciones de rigor a todos los interesados en el asunto constitucional, así como en el memorado proceso ordinario. CONSIDERACIONES 1. La acción de tutela, ya se ha dicho, es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

Tal instrumento de protección, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, es de carácter residual y subsidiario porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tratándose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna aún mas excepcional, pues sólo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales. 2.

En el caso sometido a consideración de la Corte, tras dejar establecido que la discusión central de la demanda de tutela formulada por el apoderado especial del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL CHOCO se relaciona con una temática de carácter legal y de estricto contenido patrimonial o económico, ajena, por ende, a los derechos de linaje fundamental, se concluye que esa pretensión no puede triunfar, toda vez que la acción de amparo incumple el requisito de inmediatez que caracteriza este mecanismo de naturaleza excepcional, pues de acuerdo con los soportes adosados al proceso de tutela la solicitud de protección constitucional que se radicó el 2 de julio de 2013 (fl. 44 vto.) se dirige a cuestionar, en concreto, lo resuelto por el Tribunal demandado en la sentencia de segundo grado proferida el 6 de diciembre de 2012 (fls. 11 al 30), esto es, que transcurrieron aproximadamente siete (7) meses desde que acaeció la supuesta vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

La señalada circunstancia permite evidenciar que la aludida petición no se presentó oportunamente, dado que, como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia en la materia, aunque las normas legales que rigen el mecanismo tutelar no fijan un puntual lapso para su interposición, de acuerdo con los principios y criterios orientadores del mecanismo -urgencia, celeridad y eficacia, lo consecuente es que se actúe tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.

Se recuerda que en relación con el indicado requisito, vale decir, con la oportunidad para presentar las acciones constitucionales orientadas a obtener la protección de un derecho fundamental, la Sala ha señalado que cuando la presunta vulneración de una de tales prerrogativas “…no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparad[a], en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.” “… Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (sent. de 2 de agosto de 2007, exp.

T. No. 00188 -01; se subraya). El memorado criterio la Corte lo ha reiterado en el sentido de señalar que “ en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legitima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas.

Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las señales que emite el ordenamiento jurídico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en función de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jurídicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional” (sentencia de 14 de septiembre de 2007, exp.

T. No. 01316)”. 3. Por lo expuesto en precedencia, se debe denegar la protección constitucional demandada. DECISIÓN En mérito de lo indicado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. MARGARITA CABELLO BLANCO RUTH MARINA DÍAZ RUEDA FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ ARIEL SALAZAR RAMIREZ ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ � Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991.

PAGE 7 A.S.R. Exp. 2013-01510-00