CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013).- (Discutido y Aprobado en Sala de 24 de abril de 2013). Ref.: 1100102030002013-00816-00 La Corte decide la acción de tutela interpuesta por el señor JOSÉ JACOB MONTOYA GRISALES contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro y la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

ANTECEDENTES

1. JOSÉ JACOB MONTOYA GRISALES presenta acción de tutela contra las autoridades judiciales precedentemente mencionadas, con el propósito de reclamar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. 2. Con el fin de dar fundamento a la protección solicitada, el promotor del amparo manifiesta que él instauró un proceso de pertenencia contra los sucesores del señor JESÚS MARÍA MONTOYA ARROYAVE, porque ostenta la posesión de un inmueble ubicado en la vereda Chaparral del Municipio de Guarne (Antioquia).

Indica que el Juzgado acusado desestimó las pretensiones formuladas mediante sentencia de 10 de febrero de 2012, que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. El demandante afirma que en esa actividad las autoridades accionadas le vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que, en resumen, “se desligaron por entero del imperio de la ley y actuaron por VÍA DE HECHO, ya que no aplicaron el derecho a las situaciones concretas y a través de los cau[c]es que la ley determina”, incurriendo así en un “ERROR MANIFIESTO EN EL JUICIO VALORATIVO DE LA PRUEBA” (fls. 10 y 12, cdno. 1). 3.

Como consecuencia de lo anteriormente relatado, solicita que se “dejen sin efecto los fallos de 1ª y 2ª instancia” dictados por las autoridades judiciales demandada en el interior del memorado proceso de pertenencia (fl. 14). 4. Por auto de 15 de abril de 2013 se admitió a trámite la demanda de tutela y se ordenaron las citaciones de rigor.

CONSIDERACIONES 1. La acción de tutela, ya se ha dicho, es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

Tal instrumento de protección, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, es de carácter residual y subsidiario porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tratándose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna aún mas excepcional, pues sólo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales. 2.

En el caso sometido a consideración de la Corte, se evidencia que la pretensión formulada por el señor JOSÉ JACOB MONTOYA GRISALES no puede triunfar, toda vez que la petición de amparo incumple el requisito de inmediatez que caracteriza esta acción de naturaleza excepcional, pues de acuerdo con los soportes existentes en el proceso de tutela, la demanda de amparo constitucional radicada el 2 de abril de 2013 (fl. 1) se dirige a cuestionar, en concreto, lo resuelto por el Tribunal demandado en la sentencia de segundo grado dictada el 10 de febrero de 2012 (fls. 27 al 38), esto es, que transcurrieron más de trece (13) meses desde que acaeció la supuesta vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

La señalada circunstancia permite concluir que la aludida petición no se presentó oportunamente, dado que, como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia en la materia, aunque las normas legales que rigen el mecanismo tutelar no fijan un puntual lapso para su interposición, de acuerdo con los principios y criterios orientadores del mecanismo -urgencia, celeridad y eficacia-, lo consecuente es que se actúe tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.

En relación con el indicado requisito, vale decir, con la oportunidad para presentar las acciones constitucionales orientadas a obtener la protección de un derecho fundamental, la Sala ha señalado que cuando la presunta vulneración de una de tales prerrogativas “…no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparad[a], en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.” “… Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (sent. de 2 de agosto de 2007, exp.

T. No. 00188 -01; se subraya). El anterior criterio la Corte lo ha reiterado en el sentido de señalar que “ en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legitima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas.

Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las señales que emite el ordenamiento jurídico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en función de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jurídicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional” (sentencia de 14 de septiembre de 2007, exp.

T. No. 01316)”. 3. Por lo expuesto en precedencia, se debe negar la protección constitucional demandada. DECISIÓN En mérito de lo indicado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. MARGARITA CABELLO BLANCO RUTH MARINA DÍAZ RUEDA En comisión de servicios FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ ARIEL SALAZAR RAMIREZ ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ � Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991.

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