CORTE SUPREMA DE JUSITICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela 10526 SALA DE CASACION LABORAL Dr. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ Magistrado Ponente Radicación 10526 Acta No.39 Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil cuatro ( 2004) Procede la Corte a resolver la solicitud de amparo constitucional que impetró Guiomar Judith Carrillo Jiménez en contra del Juez Segundo Civil del Circuito de Pamplona doctor Alvaro Camargo Carvajal y los magistrados de la Sala Unica Area Laboral del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial, doctores Víctor Hugo Ballen Belén, Yolanda Villamizar Corzo y Martha Isabel García Serrano.

ANTECEDENTES La actora formuló tutela con el fin de que se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al fuero sindical, a la asociación, a la libertad sindical, al acceso a la justicia y decisión justa, que considera le han sido transgredidos por los funcionarios judiciales accionados. Precisa que laboró al servicio de la Empresa Social del Estado Hospital de Pamplona San Juan de Dios, entidad que a través de un proceso especial solicitó permiso para despedirla, que conoció el Juez Segundo Civil del Circuito de Pamplona; que como fundamento de la pretensión, la demandante aseguró que mediante Acuerdo 0009 de mayo 29 de 2002 modificó la planta de personal y estableció qué cargos debían ser suprimidos, entre ellos el de nutricionista dietista, que era el que ella desempeñaba.

Agrega que no pertenecía a la Junta Directiva de la institución y que además el cargo nunca fue suprimido, hecho este que alegó al contestar la demanda por cuanto por ley el cargo debía mantenerse, y que probó en el transcurso del proceso; que así mismo formuló las excepciones de falta de personería sustantiva y adjetiva de la “persona jurídica demandada”, prescripción, inexistencia de los presupuestos de la existencia de fuero sindical y prescripción, que no fueron atendidos por el juez de primera instancia, ni por el Tribunal Superior de Pamplona, a pesar de que los demostró hasta la saciedad, no obstante corresponderle a la parte actora probar los hechos que justificaban su desvinculación. Agrega que mediante salvamento de voto la magistrada Yolanda Villamizar de Corzo le dio razón al señalar que no se comprobó la existencia de justa causa para el retiro; además que el fallo mayoritario citó una sentencia de ese mismo Tribunal, que no armonizó con la C 593 de 1993 mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 409 del C.S.T. Que por todo lo anterior se incurrió en una vía de hecho y que por tanto, se debe decretar la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en su contra y en su lugar, ordenar al Juez y al Tribunal que dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo, dicten providencias en las que se especifique sobre las justas causas para dar por terminada la vinculación, siguiendo para ello el pronunciamiento de la H. Corte Constitucional.

TRAMITE La solicitud de amparo constitucional se presentó ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, corporación que por competencia la remitió a esta Sala en donde fue admitida ordenándose dar traslado a los accionados, sin que ninguno de ellos ejerciera el derecho de defensa. CONSIDERACIONES Como medida excepcional el Constituyente de 1991 estableció en el artículo 86 de la Carta, la Acción de Tutela con el objeto de proteger a las personas que por las omisiones o actuaciones de los servidores públicos y en algunos casos de los particulares, vieren afectados sus derechos fundamentales.

De la esencia misma del mecanismo jurídico a que acude el actor se desprende que este es residual o excepcional pues en un Estado Social de Derecho como el nuestro, por regla general los derechos concedidos a los ciudadanos se encuentran protegidos por vías jurídicas ordinarias. Lo que ocurre es que ante la agresión inminente de prerrogativas fundamentales, el legislador primario entendió que era necesario protegerlas de manera inmediata y para ello previó un procedimiento ágil y sumario en el que en un breve término se pudiera establecer la violación al derecho básico e imponer por la administración de justicia el correctivo pertinente.

De tal suerte que la Tutela no puede prosperar cuando con ella se busca un fin que perfectamente podría obtenerse a través del ejercicio de otras acciones judiciales, ni tampoco para desatender decisiones en firme adoptadas dentro del desarrollo procesal. En efecto, la solicitud de amparo no se erige como una instancia más ni constituye un recurso extraordinario mediante el cual se puedan calificar los fundamentos fácticos de una situación discutida y dilucidada judicialmente, ello iría en contra de la seguridad jurídica del país y de principios universales como el de la cosa juzgada, sin que se desconozca en absoluto que por la naturaleza misma de los funcionarios judiciales, como la de cualquier otra persona, se pueda incurrir en errores.

De allí que la Carta instituyó también como derecho fundamental el debido proceso y la doble instancia para garantizar que funcionarios de mayor jerarquía revisaran las actuaciones de otros y evitaran decisiones contrarias o arbitrarias; esta es justamente una de las razones por las que no solo los actos administrativos sino también los judiciales se presuman ajustados a la ley.

De otra parte la independencia y autonomía de la rama judicial se plasman en la facultad otorgada a cada juez singular o colegiado de administrar justicia en un caso determinado para cuya competencia la ley lo revistió de poder, sin que sea admisible la intromisión de ninguna otra autoridad. Así lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C 543 del 1º de Octubre de 1992, mediante la cual en ejercicio del control de constitucionalidad declaró inexequibles los artículos 11,12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.

De tal manera que atendiendo lo preceptuado en el articulo 243 de la Constitución, en reiteradas oportunidades como en la sentencia del 29 de octubre de 1998 esta Sala ha señalado: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas.

Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo. “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los f0allos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia.” En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- NEGAR el amparo tutelar solicitado por Guiomar Judith Carrillo Jiménez en contra del Juez Segundo Civil del Circuito de Pamplona doctor Alvaro Camargo Carvajal y los magistrados de la Sala Unica - Area Laboral - del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial, doctores Víctor Hugo Ballen Belén, Yolanda Villamizar Corzo y Martha Isabel García Serrano. SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados, mediante envío telegráfico, o cualquier otro medio expedito TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no llegare a ser impugnada la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS GONZALO TORO CORREA ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria PÁGINA 9