CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación. 10394 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Radicación No. 10394 Acta No. 28 Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil cuatro (2004) Resuelve la Corte la acción de tutela instaurada por ÍTALA NEGRETE DE MERCADO contra la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO.

I.

ANTECEDENTES Ítala Negrete de Mercado instauró la acción de tutela por considerar que con la sentencia del 24 de marzo de 2004, proferida dentro del proceso ordinario laboral por ella promovido contra Raúl Antonio Támara Rosa e Inmobiliaria Támara Limitada, los funcionarios judiciales le han conculcado el derecho fundamental al debido proceso de que trata el artículo 29 de la Constitución Política.

En sustento de sus pretensiones adujo como hechos, entre otros, que el contrato a término fijo de un año suscrito con el señor Raúl Antonio Támara Rosa está viciado en su consentimiento y “ es nulo e inválido por suplantación de la firma del empleador por parte de su padre señor Antonio Támara Urzola ”, por lo que se renovó automáticamente hasta el 10 de septiembre de 2002, dejando vigente el contrato laboral a término indefinido que tenía desde el 17 de diciembre de 1984 con Inmobiliaria Támara Limitada; que laboraba en la Fábrica de Bloques Vibrados y Baldosas Galaxia y que no debieron contratarla a término fijo Antonio Támara Urzola ni Raúl Antonio Támara Rosa, sino el señor Filadelfo Mercado Díaz.

Pretende con esta acción, que se tutele el derecho fundamental invocado; que se revoque la sentencia del 24 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra Raúl Antonio Támara Rosa, como persona natural y propietario del establecimiento de comercio denominado Fábrica de Bloques Vibrados y Baldosas Galaxia, y la sociedad Inmobiliaria Támara Limitada; y que se le paguen las cuotas de aportes pensionales y salarios caídos, por no habérsele entregado una orden para el examen médico de retiro, los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 10 de septiembre de 2002, fecha de su despido injusto, más la indemnización con último salario mensual de $544.000,oo.

De los funcionarios judiciales y de los intervinientes ninguna respuesta recibió la Corte durante el término concedido para el efecto. II. CONSIDERACIONES Esta Sala de la Corte ha explicado que por razón de los principios constitucionales de cosa juzgada, separación de jurisdicciones y autonomía judicial, en ejercicio de su función constitucional carece el juez de tutela de facultades para interferir asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales y para modificar las providencias por ellos dictadas, pues no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política ha fijado a jurisdicciones como la ordinaria y la de lo contencioso administrativo ni decidir puntos de derecho cuyo conocimiento les ha sido a ellas reservado; por manera que, independientemente de su jerarquía, el juez que decide una acción de amparo no está legalmente habilitado para revisar un proceso ya resuelto por la autoridad judicial competente.

Por tal motivo, en la sentencia del 12 de diciembre de 1996, precisó la Sala que: “ al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.” En consecuencia, no le corresponde a esta Corporación en sede de tutela modificar la sentencia del 24 de marzo de 2004, de la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, proferida dentro del proceso ordinario laboral promovido por ÍTALA NEGRETE DE MERCADO contra RAÚL ANTONIO TÁMARA ROSA e INMOBILIARIA TÁMARA LIMITADA, pues, como lo ha explicado la Sala de manera uniforme, el excepcional mecanismo de la tutela no puede ser utilizado para dejar sin efectos sentencias o providencias judiciales, como la citada, que la accionante considera le vulneró el derecho fundamental invocado.

Lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política y para respetar los efectos de cosa juzgada de la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, mediante la cual la Corte Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.

En casos como el presente, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera: “…el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia de 1° de octubre de 1992 tiene el efecto obligatorio, erga omnes, de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la “ norma de normas.” “Una decisión jurisdiccional adoptada como culminación de un proceso será siempre una sentencia judicial y nunca podrá configurar una “vía de hecho”.

Ello será así aun en aquellos casos en que pudiera pensarse que el fallo resulta equivocado, pues de la probabilidad del error no está exenta ninguna decisión humana…” (Sentencia del 2 de marzo de 1998, radicado 3103). Y en la sentencia del 11 de abril de 2002, radicación 7542, consideró: “El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general.

El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio. Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica. “La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos procesales.

Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.” Las anteriores breves reflexiones tornan improcedente el amparo constitucional y obligan a denegar la tutela impetrada. En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE

1. Denegar la tutela impetrada. 2. Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si de éste no se impugnare.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ LUIS GONZALO TORO CORREA ISAURA VARGAS DÍAZ FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria 1 5