CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela de primera instancia No. 43971 Helidoro Álvarez García. Corte Suprema de Justicia República de Colombia Tutela de primera instancia No. 43971 Heliodoro Álvarez García. Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS Magistrado Ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado Acta No. 278 Bogotá, D. C., septiembre tres (3) de dos mil nueve (2009).

VISTOS: Resuelve la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela instaurada por el apoderado de Heliodoro Álvarez García, contra las decisiones proferidas por las Fiscalías Diecisiete de la Unidad Nacional de Interdicción Marítima de Antinarcóticos y Once Delegada ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. Con base en el informe suscrito el 30 de noviembre de 2005 por detectives del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la Fiscalía General de la Nación y después de vincular mediante diligencia de indagatoria a José Fernando Romero Mejía, Omar Castro Rodríguez y Heliodoro Álvarez García, resolvió la situación y les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho de excarcelación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado y negó la nulidad de la decisión a través de la cual se decretó el cierre de la investigación impetrada por el procurador judicial del último de los referenciados. 2.

Mediante resolución del 4 de diciembre de 2008 profirió resolución de acusación contra los dos primeros como presuntos coautores responsables de las conductas punibles atrás referencias y respecto al segundo, sólo lo llamó a juicio por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. 3. Inconformes los procuradores judiciales de los acusados, recurrieron la anterior decisión solicitando la nulidad de la actuación, efectos para los cuales el defensor de Álvarez García puso de presente, entre otras cosas, el hecho que a su asistido no se le comunicó que en su contra se adelantaba una investigación, la falta de competencia y porque omitió dar respuesta a alguno de sus escritos contentivos de petición de pruebas, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 29 de julio de 2009 negó sus pretensiones y la confirmó en su integridad. 4.

Heliodoro Álvarez García, a través de apoderado acude al juez de tutela en procura de amparo de sus garantías fundamentales al debido proceso y defensa porque considera que las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas son típicas vías de hecho, efectos para los cuales se apoyó en argumentos similares a los expuestos al momento de sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que lo llamó a juicio como coautor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, motivo por el cual solicita se ordene a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá “revoque la resolución de fecha 24 de julio de 2009, y en su defecto, proceda a decretar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de fecha 28 de octubre de 2008 mediante la cual se declaró el cierre de la fase de investigación”. 5.

La Sala asumió el conocimiento del asunto y comunicó lo pertinente a los despachos judiciales demandados. 6. El Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá se opuso a las pretensiones del accionante porque considera que en la decisión objeto de reproche se estudiaron los argumentos expuestos por su defensor, tal como se puede verificar en la resolución del 24 de julio de la presente anualidad, cuya copia anexó. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 1.

La Constitución Política en su artículo 86 consagra que toda persona tiene derecho a incoar acción de tutela ante los jueces con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los eventos previstos de manera expresa en la ley, acción que tiene carácter subsidiario y residual bajo el significado que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, evento en el que procede la tutela como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable. 2.

La solicitud de amparo interpuesta por el apoderado de Heliodoro Álvarez García, se dirige a cuestionar unas decisiones judiciales proferidas dentro de la investigación que se le adelanta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, dejándose ver más su inconformidad con los criterios juiciosos y razonables que realizara la Fiscalía Once Delegada ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial para confirmar la improcedencia de la nulidad impetrada y el llamamiento a juicio hecho por la Fiscalía Diecisiete de la Unidad Nacional de Interdicción Marítima de Antinarcóticos. 3.

Basta leer la providencia dictada por la Fiscalía Once Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá demandada para comprobar que en ella se resaltan uno a uno los medios probatorios que le permitieron tomar la decisión objeto de reproche, máxime si se tiene en cuenta que para tales efectos se apoyó en jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Penal aplicable al caso, circunstancia suficiente para declarar la improcedencia del amparo solicitado toda vez que la proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche y que en sede de la acción de tutela no es posible efectuar una nueva valoración sobre el asunto reseñado como si dicho mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer una posición particular, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que: “…el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.

En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto. 4.

Solamente las actuaciones y decisiones judiciales que realmente contengan un pronunciamiento arbitrario, con evidente, directa e importante repercusión perjudicial en los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de cuestionamiento en sede constitucional pero no aquellas que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico admisible a la luz del ordenamiento o en una interpretación razonable de las normas aplicables, a riesgo de atentar contra el principio de la autonomía judicial. 5.

A lo anterior se suma que de conformidad con el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela “ Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En el mismo sentido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “ Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política ”, dispuso: “La acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.” En virtud de las disposiciones indicadas, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela se funda en el principio de subsidiariedad, es decir, por regla general, la acción de tutela sólo procede cuando el accionante haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados. 6.

Lo anterior, le sirve a la Sala para afirmar que la pretensión elevada por el apoderado de Heliodoro Álvarez García resulta aún más improcedente porque existen procedimientos normales expeditos frente a las presuntas irregularidades que dice se presentaron dentro del proceso que actualmente se le adelanta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, circunstancia que elimina la viabilidad de la acción de tutela puesto que ésta sólo puede ser utilizada, como ya se dijo, ante la carencia de mecanismos ordinarios, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico, criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional cuando señaló que: “La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente.

Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas”. 7.

Efectivamente, los elementos probatorios que hacen parte de este trámite constitucional permiten advertir que el proceso penal adelantado en contra del accionante por el delito reseñado se encuentra pendiente de la intervención de los sujetos procesales en las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento, así como del proferimiento de la decisión conclusiva de rigor, contra la cual procede el recurso ordinario de apelación. 8.

Así pues, emerge claro que la parte que presuntamente se ve afectada en sus garantías fundamentales al debido proceso y defensa, dentro de las oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico de rigor, puede emplear los instrumentos de protección idóneos para esgrimir las presuntas irregularidades puestas de presente en la demanda de tutela al interior del escenario natural.

De tal forma el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento alternativo de los medios judiciales mencionados -intervención en las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento e interposición y sustentación del recurso de apelación contra la sentencia, si a ello hubiera lugar-. 9.

Por todas las anteriores razones, bueno es precisar que mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida por el apoderado de Heliodoro Álvarez García. Y, 2. En caso de no ser recurrida esta decisión, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: YESID RAMÍREZ BASTIDAS MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Fls.42 a 81 c. Corte. � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. 332/06 � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-625 de 2000. 8 11