CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012) Discutido y aprobado en Sala realizada el 15 – 02 – 2012 EXP.:76111-22-13-000-2011-00411-01 Sería del caso resolver la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2011 por la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA, a propósito del amparo solicitado por LUZ NELLY MORENO DE GALVIS contra LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y MAGDALINI GALINDO DELGADO, sino fuera porque se evidencia que en su trámite se incurrió en una irregularidad, la cual debe ser corregida de inmediato.

ANTECEDENTES Acude la actora al presente amparo por intermedio de apoderado para que, como mecanismo transitorio, se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, “al mínimo vital como persona de la tercera edad”, a la vida en condiciones dignas y a la igualdad, presuntamente quebrantados por la entidad accionada. 1.

Acota para tal efecto, que el 16 de marzo de 1962 contrajo matrimonio con Raimundo Galvis Cienfuego y convivió con él hasta el día de su fallecimiento. Agrega, que su esposo devengaba una asignación por retiro a cargo de la Caja de Sueldo de Retiro de las Fuerzas Militares, entidad que a la fecha no la ha reconocido como esposa legitima del causante y mediante Resolución No. 0913 del 18 de marzo de 2010 resolvió dejar pendiente el pago de la pensión a los beneficiarios, argumentando que la señora Magdalini Galindo Delgado presentó reclamación en calidad de compañera permanente, determinación frente a la que presentó los recursos de ley, sin éxito.

Por lo narrado solicita que se ordene dejar sin efecto los actos administrativos mencionados. 2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Sala Civil Familia - negó la protección constitucional deprecada puesto, que “no se encuentran satisfechos las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela frente a las actuaciones administrativas, especialmente los requisitos de subsidiaridad e inmediatez; en primer lugar, por cuanto la accionante no hizo ‘uso de todos los mecanismos de defensa judicial ordinarios’ con los que contaba para el efecto; y en segundo término, porque en la fecha en que se profirió los respectivos actos administrativos a aquella en que se interpuso la presente acción, transcurrió un plazo demasiado amplio en el cual pudo acudir a la jurisdicción ordinaria”. 3.

Inconforme con el fallo, la petente lo impugnó. CONSIDERACIONES 1. Del estudio del escrito de tutela se advierte, que el reclamo de la tutelante involucra exclusivamente a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, sin vislumbrarse ninguna queja concreta contra el Ministerio de Defensa Nacional. Así las cosas, es claro que conforme a lo reglado por el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, la Sala Civil Familia del Tribunal referido, que conoció en primera instancia, carecía de competencia para adelantar y desatar dicho amparo, habida cuenta que el precepto mencionado le asignó esa facultad a los Jueces de Circuito, dado que la entidad referida está dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente (art. 1°, Decreto-ley 2342 de 1971), es decir, es un ente del sector descentralizado por servicios (art. 39, Ley 489 de 1998).

Dicha situación desemboca en la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del estatuto procesal civil, preceptiva aplicable al trámite de la acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que estableció que en la interpretación de las disposiciones que regulan ese especial proceso se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sea contrario a esa normatividad.

En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del libelo de tutela, inclusive, y se dispondrá la remisión del expediente a los Juzgados del Circuito de Buga o con categoría de tal, como quiera que los actos controvertidos provienen de una autoridad del orden descentralizado por servicios, lo que impone la aplicación del numeral 1º, inciso 2º, del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 2.

A propósito de la decisión que se adopta, conviene citar la providencia proferida por la Sala el 13 de mayo de 2009 al interior del expediente de tutela 2009-00083-01, en la que se expuso el disentimiento con la posición de la Corte Constitucional en cuanto a que el Decreto 1382 de 2000 “…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto”, ya que para esta Corporación el aludido Decreto “ reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”, por lo tanto, “…aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, “según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), “el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)”. 3.

En consecuencia, la Sala en acatamiento del ordenamiento jurídico y con el respeto que le merece el máximo Tribunal de la justicia constitucional, dispondrá, como se anticipó, la nulidad de todo lo actuado en la presente tutela a partir del auto que avocó su conocimiento y, en consecuencia, ordenará su inmediata remisión a los jueces competentes.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción de tutela promovida por LUZ NELLY MORENO DE GALVIS contra LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y MAGDALINI GALINDO DELGADO, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del art. 146 del C. de P. C. Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a los Juzgados del Circuito de Buga o con categoría de tales, para lo de su competencia. Ofíciese.

TERCERO: Comuníquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los interesados mediante telegrama u oficio y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR RUTH MARINA DÍAZ RUEDA WILLIAM NAMÉN VARGAS ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ PAGE J.A.A.P. Exp.: 2011-00411-01 7