CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012) REF.: 70001-22-14-000-2012-00165-01 Correspondería decidir la impugnación interpuesta por Isaura Vanesa Gómez Salgado frente al fallo dictado el 18 de septiembre de 2012, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acción de tutela instaurada por la recurrente contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal (Sucre), a la que fueron vinculados Reynelda María Salgado Chávez y los herederos indeterminados de la señora Myriam del Rosario Salgado Chávez; si no fuera porque se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuación cumplida hasta este momento.

En efecto: Revisado el trámite de la primera instancia se observa que Jaime Eduardo Gómez Quiroz, Doris del Carmen Díaz Salgado y el Ministerio Público, quienes fueron vinculados al proceso de jurisdicción voluntaria de nulidad de registro civil de nacimiento, origen de la demanda de tutela, no fueron notificados del inicio de esta acción pública, a efectos de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicción, a pesar de que la decisión a proferirse, podía llegar a producir efectos respecto de ellos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la promotora del amparo pretende que por este medio se deje sin efecto la sentencia de 6 de marzo de 2012 (fl. 2 cdno. 1 Tribunal), por considerar, de un lado, que la competencia para conocer del litigio radica en el Juzgado Promiscuo de Familia de Sincelejo y no en la autoridad querellada en el asunto de la referencia; y, de otra parte, que no intervino en la contienda como quiera que no le notificaron el auto admisorio de la demanda.

El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas “a las partes o intervinientes”, con lo que se garantiza a los terceros la protección de sus intereses que pueden verse afectados con la determinación que se adopte. Dicho ordenamiento garantiza la citación al trámite constitucional de los terceros determinados o determinables con interés legítimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se de cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorgó en el sub lite.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional “ha hecho énfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciación  del trámite que se origina  con motivo de la instauración de la acción de tutela, (…), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal (…). Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otro medios de notificación eficaces, idóneos  y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia.” (Auto 018 de 31 de enero de 2005).

La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la mencionada notificación, toda vez que se impidió a los aludidos interesados intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

En consecuencia, se ordenará devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se invalida. DECISIÓN Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado

RESUELVE

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse directamente la notificación de Jaime Eduardo Gómez Quiroz, Doris del Carmen Díaz Salgado y el Ministerio Público, vinculados al proceso de jurisdicción voluntaria atacado; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil. 2.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para que se reponga la actuación, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. 3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes. Notifíquese y cúmplase, JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ Magistrado � En cumplimiento de la sentencia constitucional de 25 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo (fls. 8 y 24 cdno. 1 Tribunal).

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