CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil nueve (2009) EXP.: 68001-22-13-000-2009-00059-01 Sería del caso entrar a desatar la impugnación interpuesta por el señor Carlos Eduardo Vanegas en la acción de tutela promovida por el BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. –BBVA COLOMBIA- contra el JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, si no fuera porque se observa que en la primera instancia surtida ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, se incurrió en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse.

ANTECEDENTES 1.- El mencionado banco, actuando por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela porque considera que su derecho constitucional fundamental al debido proceso, fue conculcado por parte de la autoridad accionada. 2.- Por auto de “11 de enero de 2009 (sic)”, el a quo admite la solicitud de tutela y ordena vincular, entre otros al señor Carlos Eduardo Vanegas Ávila, así como “ notificar a los accionados y vinculados”. 3.- Examinado el expediente, es fácil concluir que este acto procesal se omitió, toda vez que, el telegrama se envió a la dirección que aparece en la demanda ( folios 32 y 234), Calle 14 N° 32 A 42 Bucaramanga, lugar en el cual no se pudo notificar al impugnante, toda vez que admitida la misma, la parte demandante cambio de sitio para enviar el citatorio en dos ocasiones ( folio 38 y folio 50) y el telegrama únicamente se le envió a la primera, lo que pone en duda la efectividad del mismo, debiéndose asegurar el derecho de defensa de la parte vinculada.

CONSIDERACIONES 1. El debido proceso constituye un conjunto de garantías fundamentales, de acuerdo con las cuales nadie puede ser juzgado o investigado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas en su contra, conjunto de garantías que por su cardinal importancia están consagradas como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política. 2.

La acción de tutela como proceso judicial de defensa de los derechos superiores, no obstante caracterizarse por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se contempla la obligación de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por así ordenarlo los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, mandato que cobra mayor relevancia cuando se trata de informar sobre la iniciación del trámite, y que cobija al tercero con un interés legítimo en el resultado del proceso, debido a que esa es la oportunidad para que esos sujetos ejerzan su derecho de defensa. 3.

La irregularidad consistente en no vincular debidamente al proceso a un tercero que pueda tener un interés legítimo en su resultado, está contemplada por la ley como causal de nulidad en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, preceptiva que resulta aplicable a la acción de tutela en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto 306 de 1992. 4.

En el caso concreto, se infiere sin ningún esfuerzo, que de salir avante la solicitud de tutela, pueden resultar afectados los intereses del impugnante en su condición de ejecutado, toda vez que la comunicación a él enviada, fue dirigida a la dirección que no era. 5. Por tanto, como a este trámite no fue vinculado el mencionado señor, surge evidente que se le vulneró su derecho de contradicción, generándose así la nulidad de lo actuado a partir del auto que imprimió trámite a la tutela, vicio no saneado y, que por ende, se declarará, para que el a quo cumpla con la formalidad omitida.

Por lo demás, su vinculación en esta instancia no resulta procedente, porque de hacerlo se incurriría en otra causal de nulidad, insaneable por cierto, cual sería la pretermisión total de la instancia anterior (art. 140 numeral 3º. del C. de P. Civil). DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a partir del auto que ordenó darle trámite a la misma, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del art. 146 del C. de P. C. Segundo: En consecuencia, se ordena devolver el expediente a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para que se reponga la actuación, procurándose la notificación oportuna del señor Carlos Eduardo Vanegas Ávila.

Tercero: Comuníquese lo aquí resuelto a las partes mediante telegrama.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Magistrado � Cfr. art. 13 del Decreto 2591 de 1991. PAGE 5 EXP.: 2009-00059-01